Por: Ximena Salinas. Subdirectora Fundación Chile Sustentable
Uno de los compromisos que tenemos desde Chile Sustentable es contribuir a la transformación de la sociedad a una más responsable con la Naturaleza y sustentable ante la gran crisis climática, hídrica y ecológica que enfrenta el planeta y nuestro país.
Por esta razón, cada 5 de junio más que sumarnos a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que es relevante, hacemos un llamado de urgencia para concretar medidas y metas que se han propuesto y difundido, tanto desde los compromisos ambientales internacionales, como nacionales.
El actual desafío de la humanidad es detener el aumento de la temperatura del planeta y no sobrepasar los 1,5°C, y para ello es crucial considerar una transición socioecológica justa, que considere un real compromiso de protección de los ecosistemas y cuidar nuestros entornos naturales para garantizar la salud de sus habitantes.
En estos momentos, en nuestro país estamos en medio de procesos sociales fundamentales que ofrecerán un escenario de acción ambiental muy distinto y a los cuales urge una transición seria y consistente. Si bien es un proceso, y como tal tiene sus propios tiempos, ya se han dado algunos pasos que pueden dar la base a los cambios estructurales tan esperados.
Es así que hoy tenemos la oportunidad de contar con una nueva constitución única en el mundo, y en la cual, desde octubre del año 2021, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó la propuesta que estableció que la nueva Constitución “se redacta en un contexto de emergencia climática y ecológica”, declaración que implicaba, en la práctica, considerar la transversalidad del problema medioambiental en cada discusión y en todas las comisiones. Esto finalmente se reflejó en la gran cantidad de normas que se refieren de algún modo a este tema, al menos 50 de los 499 artículos del primer borrador de la nueva Constitución, de acuerdo a un análisis del Observatorio Constitucional Medio Ambiental.
La propuesta de nueva Constitución no solo busca establecer modelos de gobernanza, sino también el futuro de los bienes comunes de la naturaleza y garantizar derechos socio ambientales al reconocer a la naturaleza, los animales y las generaciones futuras como sujetos de derecho, ello representa un avance para las condiciones que enfrentará el país en los próximos 50 años.
Paralelamente, asume un gobierno que se auto denomina ecológico, que firma el Acuerdo de Escazú y plantea propuestas en su primera cuenta pública, dirigida a establecer un liderazgo en materia energética a través de fortalecer Codelco, crear una empresa Nacional del Litio y promoción del Hidrógeno Verde. Echamos mucho de menos el promover la Ley SBAP, para la protección de la biodiversidad lamentablemente.
Con la promulgación de una Ley de Cambio Climático y una estrategia climática a largo plazo, además de una buena reforma al Código de Aguas, se podrá dar otro escenario ante la crisis hídrica que enfrenta nuestro país, en donde aún no existe un plan para enfrentarla.
Entonces podemos decir que avanzamos, pero que aún estamos al debe. Siendo país OCDE, estamos muy lejos de destacarnos en nuestras metas y compromisos de desempeño ambientales, sobre todo ante la crisis climática e hídrica que enfrentamos y que pone en riesgo a miles de personas y ecosistemas vulnerables. Nos falta una política de educación a las personas, responsabilidad empresarial y establecer un compromiso país para una transición energética justa que se enfoque en la descarbonización y en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
