Por: Patricio Aroca, Académico Universidad Adolfo Ibáñez y Egon Montecinos, Director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile

Uno de los temas que ha logrado consenso mayoritario en la convención constitucional es el referido a la distribución territorial del poder político.

En la comisión de Forma de Estado, hace semanas atrás fue aprobado en general que Chile sea un Estado Regional. En el artículo 1 indica que “Chile es un Estado Regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”. Seguidamente, especifica que el Estado “promoverá la cooperación, desarrollo armónico, adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales, atendiendo especialmente a aquellas ubicadas en territorios insulares y zonas extremas”.

Esta definición nos encamina a un nuevo pacto social territorial, que debe garantizar que ningún territorio se quede atrás, donde mejoremos la calidad de vida de las personas, independientemente del lugar donde nacen y viven. El sustento de esta idea está en reconocer la autonomía política del territorio y sus instituciones subnacionales como móvil de la construcción de políticas públicas con enfoque territorial para alcanzar una mejor calidad de vida. La historia regional y sus diferencias territoriales, son los pilares del derecho político a decidir el futuro a partir de la autonomía territorial.

Para quienes adscribimos esta idea matriz, creemos que esto no puede significar que las regiones más grandes o con mayores capacidades, en distintos ámbitos, tomen ventaja y se produzca una profundización de la desigualdad territorial ya existente. Las desigualdades iniciales en este nuevo contrato deben ser consideradas a la hora de comenzar el camino a recorrer, no solo en su magnitud que son muy significativas, sino en su origen. En ello, solo una pequeña parte es de responsabilidad de los recursos del Estado, la mayor parte de la desigualdad territorial se explica por el mercado y la propiedad del capital.

Veamos, el mercado tiene dos problemas para el desarrollo equitativo del país. El primero, es que existe una proporción importante de él que está capturado por grandes empresas que son capaces de ejercer poder monopólico, y que cada tanto conocemos por las noticias que dan cuenta de las colusiones entre ellas, que generan ganancias extraordinarias y que se concentran en la capital del país.

El segundo lo reportada el presidente electo en su primera entrevista como tal, donde decía que el 87% de las ventas en el país eran de propiedad de las grandes empresas, y solo un 13% vendían las medianas, pequeñas y microempresas. Lo que falto agregar, para dar una idea de la concentración de la propiedad del capital en la Región Metropolitana (RM), es que más del 80% de esas empresas grandes pertenecen a habitantes de Santiago.

Por lo que, si la torta (el PIB o valor agregado del país) se reparte aproximadamente en Chile en 60% para los dueños del capital y 40% para los trabajadores, la mayor parte de ese 60% se va a la RM, profundizando la desigualdad territorial existente.

Por tal razón, la descentralización del poder político promovida por el Estado Regional, debe ser acompañada por dos procesos simultáneos, el de parar la concentración en torno a Santiago y el de promover activamente las demás regiones del país, utilizando los instrumentos del mercado que son básicamente tres: impuestos, subsidios y prohibiciones. En este sentido, la experiencia de Corea del Sur, que tenía un diagnóstico similar al nuestro actual en los años 70, resulta muy iluminadora.

En relación a los Impuestos para desincentivar la localización de empresas y familias en Santiago, el instrumento más utilizado con este objetivo ha sido el de las contribuciones (impuesto territorial). Este debería ser muy alto en la RM y reducido en las regiones, con un gradiente que implique que en las regiones más rezagada sea virtualmente cero.

Respecto a los subsidios, (o exenciones tributarias) debieran orientarse por las identidades productivas de los territorios para que las empresas que complementen o tengan esa identidad se localicen en ellos, formando clústeres que fomenten la especialización y los incrementos en productividad que tanto necesitamos. Nuestras políticas de clústeres han fracasado porque lo hemos intentado con gasto del gobierno que es marginal respecto de los niveles de producción de las empresas.

Las prohibiciones son un instrumento que debe usarse con precaución, pero que puede ser útil, especialmente para las regiones más rezagadas. Por ejemplo, la ZOFRI generó una especialización, en su población laboral, para importar y re-exportar bienes que no existe en otra parte del país y que genera un importante aporte al bienestar de la Región de Tarapacá.

Finalmente, el Estado Regional debe no solo tener una definición respecto a objetivos a alcanzar con acciones del Gobierno, sino que necesita ser complementado con políticas que den señales a través del mercado al sector privado, a través de impuestos, subsidios y prohibiciones, que promuevan las regiones y paren la concentración en torno a la RM. Esto irá lentamente reduciendo las brechas territoriales y homogenizando el bienestar de los habitantes de todas las regiones.

Estamos frente a un cambio histórico de nuestro pacto territorial, la autonomía política era una deuda histórica con nuestros territorios. Esta autonomía debe ser el medio para alcanzar una mejor calidad de vida, para asegurar que nadie se quede atrás y pueda gozar de un estándar similar de desarrollo, independientemente donde naces y vives.

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