Una auditoría de Contraloría expuso fallas en la fiscalización de operaciones de Codelco, mientras el plan de descontaminación sigue pendiente. Las exigencias de exámenes médicos para estudiantes de la ciudad minera suman presión sobre las autoridades ambientales
En Calama, ni las puertas de las salas de clases detienen el polvo. Se deposita sobre las superficies y vuelve a levantarse con el movimiento cotidiano. Una investigación internacional encontró arsénico, plomo, cobre y molibdeno dentro de 38 establecimientos educacionales, en concentraciones semejantes a las registradas afuera.
Los científicos no diagnosticaron enfermedades ni identificaron una faena responsable. Querían saber si los muros protegían del ambiente exterior. Su respuesta abrió una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con el polvo minero allí donde el monitoreo ambiental casi nunca entra?
El hallazgo apareció en una ciudad declarada zona saturada por MP10 en 2009, que todavía espera un Plan de Descontaminación vigente. El aprobado en 2022 fue anulado por la justicia. Mientras se tramita otro, Contraloría cuestiona la fiscalización de Codelco y las medidas para controlar las emisiones.
Lo que queda dentro de las aulas
Las muestras fueron recogidas en enero de 2023. El estudio, publicado en Environment International, encontró 247 miligramos de arsénico por kilo de polvo dentro de los recintos, casi lo mismo que los 250 del exterior. Para el plomo, las medianas fueron 161 y 192 miligramos. Algunos metales alcanzaron hasta diez veces los niveles naturales de referencia del desierto.
Nicolás Zanetta-Colombo, investigador de la Universidad de Heidelberg, explica que “El problema de fondo es que la minería transforma el territorio mucho más allá de los límites físicos de sus operaciones. En regiones como Antofagasta, donde la actividad extractiva lleva décadas formando parte de la economía y la vida cotidiana, los contaminantes pueden movilizarse y acumularse en distintos ambientes”.
El equipo identificó polvo natural mezclado con partículas vinculadas a la minería, algunas envejecidas. Extractos del material alteraron indicadores biológicos en embriones de peces cebra, pero eso no demuestra enfermedades en estudiantes. Tampoco se midió cuánto metal incorporan los niños. La investigación dejó una inquietud que las mediciones exteriores no resuelven: qué sucede con esas partículas una vez que ingresan a los espacios donde transcurre la jornada escolar.
Codelco, compromisos y fiscalización
La historia del polvo conduce al complejo minero que rodea Calama. Un inventario oficial con datos de 2016 atribuyó a operaciones de Codelco cerca del 98% de las emisiones estimadas de MP10 en la zona. La cifra es histórica y no identifica el origen del polvo de cada escuela. Sí muestra por qué Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic y Talabre están en el centro del debate.
La estatal presentó medidas de mitigación y proyectos para mejorar la calidad del aire mediante su Plan Calama. Sin embargo, una auditoría de Contraloría detectó cuatro jornadas con más de una tronadura, tres detonaciones fuera de horario y cuatro bajo condiciones meteorológicas que incumplían los parámetros establecidos. También observó vigilancia insuficiente de la SMA, medidas incompletas contra el polvo y capacitaciones comunitarias pendientes.
El senador Esteban Velásquez, exalcalde de Calama, reaccionó a los resultados de la auditoría cuestionando los controles sobre las operaciones de Codelco. Denunció que “hubo tronaduras y detonaciones en las faenas de Codelco en días que el informe meteorológico no lo permitía, provocando nubes tóxicas permanentes”.
La demora del Plan de Descontaminación también forma parte de sus cuestionamientos. Al referirse a los diecisiete años transcurridos desde la declaración de zona saturada, Velásquez sostuvo: “A mi juicio este proceso ha demorado porque implica obligaciones para la industria minera, particularmente pública pero también privada”.
La controversia alcanza igualmente a los programas comunitarios de Codelco. El parlamentario reclama inversiones permanentes en salud, infraestructura y mitigación, financiadas por las compañías mineras y no mediante aportes voluntarios. Entre sus exigencias figuran “normas de calidad de aire indoor para establecimientos escolares, financiamiento directo de la gran minería para mitigación e infraestructura”.
Diecisiete años y una deuda que llega a las escuelas
La declaración de saturación de 2009 no trajo una solución definitiva. El plan de 2022 fue impugnado por organizaciones ambientales y el Primer Tribunal Ambiental ordenó rehacerlo. El nuevo procedimiento comenzó en 2024 y todavía elaboraba su anteproyecto en septiembre de 2026. Contraloría exigió acelerar los plazos. El Ministerio del Medio Ambiente respondió que la auditoría se refería a la administración anterior y defendió el trabajo en curso.
La autoridad ambiental destaca que las mediciones recientes de MP10 muestran una disminución con las medidas transitorias. Pero menos polvo suspendido afuera no significa necesariamente menos metales acumulados adentro. Velásquez pidió exámenes epidemiológicos y toxicológicos para los escolares, filtros de aire y seguimiento médico, porque teme que “nuestros niños están hipotecando su salud”. No se conocen mediciones posteriores comparables en esas mismas 38 escuelas.
La prolongada dificultad para concretar una regulación que reduzca la contaminación de Calama ahora tiene una nueva dimensión. La discusión ya no termina en los caminos mineros, las tronaduras o las estaciones de monitoreo. Llegó al interior de las aulas, donde todavía nadie puede responder si la exposición de los niños disminuyó desde 2023.
Para una ciudad que lleva diecisiete años esperando un plan efectivo, esa incertidumbre también forma parte de la deuda ambiental.
