El Ejecutivo modificó el mecanismo que regula el precio de los combustibles en medio de presión fiscal y alza del petróleo, abriendo diferencias en el oficialismo y anticipando impactos en el costo de vida en las próximas semanas
El precio de los combustibles vuelve al centro del debate económico y político. El gobierno de José Antonio Kast inició el rediseño del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) con un cambio técnico que modifica uno de sus componentes centrales: el cálculo del precio de paridad de importación.
La medida, publicada por decreto, amplía de dos a cuatro semanas el período de referencia y comenzará a regir desde el 26 de marzo. El ajuste no elimina el mecanismo, pero sí reduce su capacidad de amortiguar las alzas externas, en un escenario marcado por el encarecimiento del petróleo y la presión sobre las cuentas fiscales.
Del amortiguador fiscal al traspaso de costos
El MEPCO fue diseñado para suavizar las variaciones del mercado internacional mediante ajustes al impuesto específico. En la práctica, ha operado como un mecanismo de contención que permite evitar alzas abruptas en el precio final al consumidor.
El cambio introducido por Hacienda altera ese equilibrio. Al ampliar el período de cálculo, el sistema incorpora un promedio más amplio de precios internacionales, lo que reduce el nivel de contención que venía aplicando en semanas anteriores.
El economista Juan Ortiz explicó que el mecanismo había estado operando con una intervención significativa del Estado, detallando que “En las últimas semanas se han aplicado subsidios estatales a través del MEPCO para mantener acotado el precio mayorista de los combustibles, con alzas en torno a los $30 por litro”.
Ese escenario comienza a cambiar. “Todo hace pensar que esas condiciones no se van a cumplir esta semana, por lo que la variación del precio será más amplia de lo habitual”, agregó.
El ajuste introduce un giro relevante: el Estado reduce su rol como amortiguador directo del precio de los combustibles y permite un traspaso más amplio del costo internacional al mercado interno.
Presión fiscal y decisión de política económica
El rediseño del MEPCO se da en medio de un debate por su costo fiscal. El mecanismo ha implicado un gasto acumulado superior a los US$2.000 millones desde su implementación.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha planteado que “No podemos quedarnos inmóviles mientras el Estado sigue absorbiendo un costo fiscal de esta magnitud. Si seguimos con las reglas actuales, estamos hablando de cifras del orden de US$200 millones por semana”.
La modificación responde a una definición de política económica: reducir el nivel de intervención estatal para contener el gasto público, en un contexto de restricciones fiscales y volatilidad internacional.
En paralelo, el Ejecutivo prepara medidas complementarias —administrativas, legales y focalizadas— para enfrentar el impacto del alza de los combustibles en sectores sensibles.
Impacto en la economía real y en los territorios
El efecto del cambio comienza a proyectarse en la economía cotidiana. El precio de los combustibles incide directamente en transporte, logística y costos productivos, con efectos más visibles en regiones donde la movilidad depende del transporte terrestre.
El economista Jorge Hermann anticipa un escenario distinto al observado en semanas anteriores. “Se viene un alza relevante en el precio de los combustibles que sorprenderá a muchos y que será poco habitual”, señaló.
Desde la Asociación de Buses Interprovinciales advierten efectos directos en su operación, enfatizando que “Un alza brusca del combustible impacta directamente en nuestros costos operacionales y en las tarifas que pagan los usuarios”.
En regiones, el ajuste del MEPCO tiene un efecto multiplicador en la estructura de costos, impactando no solo el transporte, sino también el precio final de bienes y servicios.
Fractura política y críticas por la distribución del costo
El rediseño del mecanismo abrió diferencias en el oficialismo y activó críticas desde la oposición, que cuestiona tanto el diseño del sistema como la forma en que se distribuye el impacto del ajuste.
En un comité político ampliado, el Presidente abordó las tensiones internas y llamó a reforzar la coordinación del sector.
Desde el núcleo del oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reconoció la complejidad del momento político que enfrenta el gobierno: “El Presidente ha sido claro en que vienen días complejos y que el escenario no es fácil, por lo que se requiere unidad en el oficialismo para enfrentar este momento”, señaló, enfatizando además la necesidad de cohesión interna ante decisiones que pueden generar impacto en la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Diego Schalper señaló que “el escenario fiscal es más complejo de lo esperado, por lo que se requiere unidad para enfrentar este momento”.
En la misma línea, el senador Luciano Cruz-Coke planteó una mirada de respaldo, pero con cautela respecto a las consecuencias del ajuste: “Aquí hay que actuar con responsabilidad, porque el escenario fiscal es complejo y las decisiones no son simples. Pero esas decisiones deben considerar también el impacto que tendrán en las personas”.
En tanto, desde la oposición, el diputado Álvaro Ortiz advirtió que “Creemos que hacer desaparecer el Mepco es un error garrafal y que los únicos perjudicados van a ser los chilenos y chilenas”.
El diputado Jaime Araya, de la región de Antofagasta, puso el foco en la estructura tributaria, manifestando que “Si el gobierno está planteando bajar impuestos a grandes empresas, también tiene que hacer un gesto a la clase media eliminando el impuesto específico a los combustibles”, señaló, agregando que “por cada litro de bencina se pagan aproximadamente 600 pesos de impuesto específico”.
Desde Magallanes, el diputado Carlos Bianchi cuestionó el enfoque del ajuste, replicando que “Es inaceptable que se provoque una nueva discriminación tributaria. Si pagamos todos, pagamos menos”, afirmó, planteando que sectores como la minería, las forestales, el transporte aéreo y marítimo debieran incorporarse al esfuerzo fiscal.
“Queremos una propuesta más inteligente, donde no sea simplemente traspasar el mayor costo a las personas”, agregó el legislador.
El economista y ex candidato presidencial, Franco Parisi planteó una crítica estructural: “El MEPCO ha terminado funcionando como un parche caro que no resuelve el problema de fondo. Mientras no se revise la estructura del impuesto específico, vamos a seguir traspasando costos a las personas”.
Lo que viene: precios, ajustes y gestión del impacto
El cambio en el MEPCO abre un nuevo ciclo en la política de combustibles. En el corto plazo, se anticipa un ajuste más visible en los precios, en línea con la menor capacidad de contención del mecanismo.
En paralelo, el gobierno deberá definir el alcance de las medidas complementarias y el ritmo de los ajustes, en un escenario marcado por la volatilidad del mercado internacional.
La discusión se traslada ahora a la gestión de los efectos del cambio, en un contexto donde el precio de los combustibles seguirá siendo un factor determinante en el costo de vida y en la evolución económica del país.
