La megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó a una etapa crítica en la Cámara de Diputados, marcada por cientos de indicaciones, acusaciones cruzadas de obstruccionismo y advertencias sobre el impacto fiscal del proyecto
La discusión de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional comenzó a complejizarse en la Cámara de Diputados luego del cierre del plazo para presentar indicaciones al megaproyecto impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Aunque inicialmente se habló de más de dos mil observaciones, el número final osciló entre mil y mil setecientas enmiendas, transformando la tramitación en una de las más complejas de los últimos años en el Congreso.
La magnitud del proceso obligó a la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado republicano Agustín Romero, a definir un cronograma extraordinario de sesiones maratónicas para intentar despachar la iniciativa antes de la Cuenta Pública presidencial.
Según detalló el parlamentario, la discusión comenzó este martes y continuará “hasta total despacho”, incluyendo jornadas extendidas hasta la medianoche.
El debate sobre crecimiento económico, responsabilidad fiscal y reactivación productiva comenzó rápidamente a dividir aguas entre oficialismo y oposición. Mientras sectores del Gobierno acusaron una estrategia deliberada para ralentizar la tramitación, desde la oposición defendieron las indicaciones como un intento por corregir aspectos técnicos y fiscales de la propuesta.
Oposición impulsa paquete “Crecimiento para Todos”
Uno de los principales movimientos políticos fue la presentación de diez indicaciones conjuntas bajo el nombre “Crecimiento para Todos”, impulsadas por parlamentarios del Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, PPD y Partido Liberal.
Las propuestas incluyen fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo, devolución del IVA para productos básicos, subsidios habitacionales y apoyo directo a las pymes, junto con medidas como el levantamiento acotado del secreto bancario de grandes empresas y la creación de una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo.
El diputado socialista Daniel Manouchehri cuestionó duramente el contenido original del proyecto, afirmando que “no garantiza empleo ni desarrollo” y que podría aumentar el déficit fiscal y la deuda pública.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito defendió la presentación masiva de observaciones y descartó cualquier ánimo de sabotaje legislativo. “Ni tsunami, ni boicot, ni sabotaje. Es nuestro deber legislar con los cálculos bien hechos sobre la mesa”, sostuvo el parlamentario.
Oficialismo acusa intento de dilación legislativa
En el oficialismo, el tono fue endureciendo con el avance de la discusión. El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, aseguró que se utilizarán herramientas reglamentarias para evitar retrasos innecesarios y agrupar votaciones repetidas.
El parlamentario republicano incluso acusó “mala fe” en parte de las indicaciones ingresadas y sostuvo que muchas serían inadmisibles por involucrar gasto fiscal, una facultad exclusiva del Ejecutivo.
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, también criticó duramente a sectores opositores y llamó a tramitar el proyecto “de forma responsable”. La secretaria de Estado afirmó que parte de la oposición ha demostrado “mezquindad” y acusó intentos de “sabotaje legislativo”.
A esas críticas se sumó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que el verdadero objetivo de varias indicaciones sería retrasar la aprobación del proyecto más que perfeccionarlo.
Advertencias fiscales y presión política
El debate legislativo ocurre además bajo crecientes cuestionamientos técnicos. Diversos parlamentarios opositores han citado observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema y organismos internacionales respecto del impacto fiscal y la viabilidad de algunos mecanismos incluidos en la iniciativa.
En paralelo, el Ejecutivo activó reuniones políticas para ordenar a sus bancadas y asegurar apoyo interno a la tramitación. Según trascendió, el Presidente Kast sostuvo encuentros con parlamentarios oficialistas en Cerro Castillo para reforzar la estrategia legislativa del Gobierno.
La discusión continuará durante esta semana en la Comisión de Hacienda, antes de avanzar hacia las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente y posteriormente llegar a la Sala de la Cámara de Diputados. Todo apunta a que la llamada Ley de Reconstrucción Nacional seguirá instalada como uno de los principales focos del debate político y económico del país.
