La senadora cuestionó la rebaja de $28 mil millones a la Ley Ricarte Soto y acusó un presupuesto sanitario “maquillado”. El Gobierno defiende un aumento global de recursos y garantiza los tratamientos de los pacientes actualmente cubiertos
La Ley Ricarte Soto nació para evitar que una enfermedad de alto costo se convirtiera también en una condena económica para las familias. Más de diez años después, su financiamiento vuelve a enfrentar una controversia política. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción superior a $28 mil millones, mientras miles de pacientes dependen de una cobertura que resulta fundamental para continuar sus tratamientos.
La discusión llegó este lunes a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde la senadora Karol Cariola (PC) exigió restituir los recursos y cuestionó las prioridades sanitarias del Gobierno de José Antonio Kast. Su crítica fue más allá de la Ley Ricarte Soto: acusó una política de debilitamiento del sistema público y sostuvo que el Ejecutivo optó por reducir recursos destinados a los hospitales. “Lo hicieron reduciendo el presupuesto de los hospitales públicos en distintos lugares de nuestro país”, afirmó.
La rebaja equivale aproximadamente al 14,5% real de los recursos destinados al fondo de tratamientos de alto costo. El recorte ya motivó un reclamo del senador Juan Luis Castro por sus eventuales efectos sobre los pacientes. Actualmente, cerca de 85 mil personas reciben beneficios mediante este mecanismo, que financia diagnósticos y tratamientos asociados a 27 problemas de salud.
Un presupuesto que enfrenta dos lecturas
La controversia no se limita a los tratamientos de alto costo. Cariola calificó de “maquillado” el proyecto presupuestario y cuestionó la distancia entre los incrementos anunciados por el Ministerio de Salud y los recursos que efectivamente estarán disponibles para la red asistencial.
La senadora planteó que parte del aumento presentado por el Ejecutivo corresponde a reconocer gastos que el sistema ya realiza. Durante su intervención parlamentaria advirtió que, bajo esa lógica, “se habla de alza, pero en realidad, el gasto no aumenta nada. Se congela el presupuesto”.
Otro punto de conflicto es la atención primaria. Cariola cuestionó los cambios al financiamiento de los programas odontológicos y advirtió que podrían afectar la contratación de profesionales. También criticó una eventual mayor dependencia de la compra de prestaciones privadas, al considerar que debilitaría la capacidad permanente de los establecimientos públicos.
El Gobierno defiende una interpretación diferente. La ministra de Salud, May Chomali, presentó un presupuesto sectorial de aproximadamente $18,3 billones, con un crecimiento real de 4,7% y cerca de $830 mil millones adicionales. La autoridad aseguró que el objetivo es ordenar el financiamiento y mejorar la eficiencia de la red asistencial, sin interrumpir prestaciones esenciales.
El futuro de los tratamientos de alto costo
La explicación del Ejecutivo incorpora un problema que supera la discusión anual de recursos. Chomali reconoció que el fondo de la Ley Ricarte Soto enfrenta dificultades de sostenibilidad financiera, debido al crecimiento de pacientes que requieren tratamientos permanentes.
La ministra sostuvo que el Gobierno garantizará la continuidad de las coberturas existentes, pero no incorporará nuevas patologías mientras no se modifique el sistema de financiamiento. Para abordar esa situación, anunció una iniciativa legal destinada a adecuar los recursos al aumento de beneficiarios.
El problema abre una diferencia importante entre mantener las garantías vigentes y ampliar el acceso a nuevos tratamientos. Aunque el Gobierno descarta interrupciones para los actuales beneficiarios, las organizaciones de pacientes y representantes del sector sanitario advierten que el sistema necesita recursos suficientes para responder a nuevas necesidades médicas.
La controversia también alcanza a la atención primaria y al Programa Nacional de Inmunizaciones, cuya asignación disminuye cerca de $9.700 millones. Salud atribuye esa reducción a una mayor eficiencia en la compra de vacunas y asegura que no disminuirá la cobertura. Los parlamentarios, por su parte, pidieron aclarar los efectos concretos de los ajustes y cuestionaron la eliminación de 77 glosas de información presupuestaria.
El Congreso deberá resolver las diferencias
La Tercera Subcomisión Mixta dejó para este martes 20 de octubre la votación de la partida de Salud, luego de escuchar a autoridades, parlamentarios, organizaciones de pacientes y representantes de trabajadores. Entre las solicitudes figura votar separadamente determinados recursos para establecer con mayor claridad las decisiones presupuestarias.
La discusión vuelve a situar las prioridades de financiamiento sanitario dentro del debate más amplio sobre la distribución de recursos del Presupuesto 2027. Más allá de las diferencias políticas entre Cariola y el Ejecutivo, el resultado deberá responder una pregunta concreta: cómo sostener los tratamientos actualmente garantizados y, al mismo tiempo, evitar que nuevas enfermedades queden indefinidamente fuera de la protección financiera del Estado.
