El gerente general de Grupo Eulen Chile advierte que colegios y universidades deben pasar de la reacción a la prevención, en medio del avance legislativo de Escuelas Protegidas
El aumento de hechos de violencia, amenazas y situaciones de riesgo en establecimientos educacionales volvió a instalar una discusión urgente sobre la forma en que colegios, universidades y sostenedores enfrentan la seguridad de sus comunidades educativas. Lo que antes podía ser leído como episodios aislados, hoy aparece como un desafío estructural para la gestión educacional y la convivencia escolar.
La conversación ocurre, además, en medio de la tramitación del proyecto conocido como Escuelas Protegidas, iniciativa que fue aprobada por el Senado y despachada a tercer trámite constitucional, por lo que actualmente volvió a la Cámara de Diputadas y Diputados para revisar los cambios introducidos por la Cámara Alta.
El debate incluye materias sensibles como revisión de mochilas, actuación policial y eventuales efectos sobre beneficios estudiantiles.
En conversación con Poderyliderazgo.cl, Javier Sotomayor, gerente general de Grupo Eulen Chile, plantea que la respuesta no puede recaer sólo en directores o equipos docentes, sino que requiere criterios estandarizados, prevención profesionalizada y reglas conocidas por las comunidades.
A su juicio, Chile no ha incorporado suficientemente la seguridad como parte de la gestión educacional, pese a señales previas de falta de prevención y control.
En los últimos meses hemos visto peleas, amenazas e incluso presencia de armas en establecimientos educacionales. ¿Cree que Chile subestimó durante años el problema de seguridad en colegios y universidades?
Sí, lamentablemente no se ha detectado el cambio de condiciones del entorno, como tampoco se internalizó el grave riesgo de eventos con artefactos incendiarios o la participación de activistas sin identificación o no pertenencia a los establecimientos educacionales.
Había señales de falta de prevención y control, pero no las hemos incorporado a la gestión educacional ni se ha establecido el mandato de asegurar un establecimiento libre de riesgos o violencia.
Usted plantea que no se puede sobrecargar a directores y equipos docentes con tareas de seguridad. ¿Hoy existe improvisación en la forma en que muchos establecimientos enfrentan estos riesgos?
Más que improvisación, creo que hay falta de conocimiento, así como no ha habido estandarización de criterios, procedimientos y recursos.
Sectores como minería, banca o salud operan bajo protocolos estrictos y permanentes. ¿Por qué el mundo educacional todavía parece reaccionar más desde la contingencia que desde la prevención?
Básicamente por 3 razones: la permeabilidad y multidimensionalidad del sistema educacional, la menor responsabilidad de menores de edad y la menor preparación en seguridad de los administradores educacionales.
El debate sobre detectores de metales, cámaras y control de acceso genera resistencia en algunas comunidades educativas. ¿Dónde debería estar el equilibrio entre seguridad, convivencia y privacidad?
El equilibrio se puede lograr al reducir los conflictos o resistencias al control, mediante la profesionalización e independencia del controlador, con la mínima intrusión o afectación a la privacidad mediante procesos y tecnologías seguras, así como con reglas y protocolos claros y conocidos.
En universidades y campus abiertos, ¿qué tan vulnerables están hoy los estudiantes frente a delitos, violencia o ingreso de terceros ajenos a la comunidad educativa?
Como los campus son permeables, el riesgo de incivilidades es alto, y lamentablemente ocurren, tanto robos como asaltos, así como la interrupción de la paz o de las actividades estudiantiles.
Muchas veces, estos campus proyectan un sentimiento de residencia o propiedad, donde queremos y necesitamos sentirnos cómodos, así que bajamos la guardia. Sin duda, es muy necesario controlar los accesos, resguardar los perímetros de los campus y mantener vigilancia permanente.
¿Qué riesgos enfrentan los establecimientos que siguen viendo la seguridad como un tema secundario y no como parte estructural de la convivencia escolar?
Lamentablemente la violencia y el delito se desarrollan donde hay mayor oportunidad de ocurrencia. Es como el agua que fluye por donde no hay resistencia.
Inevitable y probablemente, recibirán activistas de la violencia en la medida que sean desplazados o impedidos de actuar en otros establecimientos.
Escuelas Protegidas y el nuevo estándar de prevención
La conversación con Javier Sotomayor se cruza con un debate legislativo que ya entró en una fase decisiva. La tramitación de Escuelas Protegidas confirma que la seguridad educacional dejó de ser sólo una preocupación interna de cada establecimiento y pasó a ocupar un lugar relevante en la agenda pública.
Sin embargo, el fondo del problema no se agota en nuevas normas: también exige protocolos claros, equipos preparados, criterios compartidos y una gestión preventiva capaz de anticipar riesgos sin debilitar la convivencia escolar ni afectar innecesariamente la privacidad de las comunidades educativas.
El desafío para colegios, universidades y sostenedores será avanzar desde la reacción hacia un estándar institucional de prevención. La seguridad no puede recaer únicamente en directores o equipos docentes, ni tampoco transformarse en una lógica de vigilancia permanente.
La pregunta que queda abierta es cómo construir espacios educativos capaces de equilibrar libertad, convivencia y protección real, en un país donde la violencia escolar y universitaria obliga a revisar con urgencia la forma en que se resguardan las comunidades educativas.
