El libelo contra el exministro de Hacienda entra en horas decisivas, con dudas en el PDG, libertad de acción en bancadas clave y advertencias cruzadas sobre responsabilidad fiscal e impacto institucional
Por Daisy Castillo Triviños
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entra en su semana decisiva con un escenario parlamentario aún abierto. La Cámara de Diputados deberá votar el libelo el martes 23 de junio, luego de que la Comisión Revisora entregue su informe el lunes previo, ya sea recomendando aprobar o rechazar la acción impulsada por parlamentarios opositores.
El resultado no solo definirá el futuro político inmediato del exsecretario de Estado de la administración de Gabriel Boric, sino también la posibilidad de que quede inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos. La ofensiva fue presentada por el Partido Nacional Libertario, con apoyo del Partido Republicano y firmas de diputados de Renovación Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano.
El caso se cruza con la discusión fiscal que domina la agenda política. Quienes respaldan el libelo apuntan a eventuales inconsistencias en proyecciones de deuda pública y gasto fiscal, mientras sus detractores advierten que el uso de esta herramienta puede afectar la institucionalidad económica. El debate se produce, además, pocos días después de que el Gobierno consiguiera avanzar con un mayor endeudamiento fiscal por US$6.200 millones, con votos de bancadas fuera del oficialismo.
Comisión Revisora y asistencia incompleta
La Comisión Revisora que analiza el texto escuchó durante los últimos días a invitados propuestos por los acusadores, la defensa y los propios diputados. Sin embargo, varias de las personas convocadas se excusaron de asistir, lo que también marcó el cierre del trabajo previo al informe.
La diputada Marcela Hernando, del Partido Radical y presidenta de la instancia, aseguró que “de todos los invitados que han propuesto tanto la parte acusadora como la defensa y los propios diputados, ha habido 14 excusas y solamente 7 respuestas afirmativas”.
Entre quienes se excusaron figuran la exdirectora de Presupuestos Javiera Martínez, el exministro del Tribunal Constitucional William García, el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo Jorge Rodríguez Cabello, el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad Pablo García Silva, el exministro de Economía José De Gregorio y el expresidente del directorio de Codelco Óscar Landerretche.
Bancadas clave y libertad de acción
El clima político se mantiene abierto porque varias bancadas no han cerrado una posición única. Mientras el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia e independientes han anticipado su rechazo, otros sectores mantienen definiciones pendientes, evalúan libertad de acción o admiten que el voto podría depender del análisis jurídico del texto.
Uno de los focos está en el Partido de la Gente. Al interior de la colectividad, los diputados Javier Olivares y Patricio Briones respaldan la presentación, al igual que la diputada Pamela Jiles, integrante de la misma bancada. Sin embargo, la diputada Zandra Parisi ha señalado públicamente que aún no toma una decisión.
“Estamos junto a mi equipo analizando la situación. Acá hay dos posturas, una política y una jurídica. Hay que analizar con responsabilidad, eso es lo que estamos haciendo en el PDG y lo más importante es que nosotros estamos escuchando las distintas posturas, porque hay diputados que ya se adhirieron a la acusación constitucional, pero eso al final significa que como partido somos capaces de escucharnos, de ser capaces de llegar a una decisión en común, respetando los acuerdos internos. Si la mayoría dice que respalda la acusación así será, pero también tenemos la opción del rechazo o la abstención”, planteó Zandra Parisi.
En el Partido Liberal tampoco se ha logrado consenso. Los diputados Alejandro Bernales, Sebastián Videla y Luis Malla solicitaron, mediante una carta, que se otorgue libertad de acción para la votación. Desde la Democracia Cristiana, el presidente del partido, Álvaro Ortiz, anunció que el libelo será evaluado “en mérito” y con libertad, argumentando que sus parlamentarios no tienen ataduras políticas con el gobierno anterior ni con la actual administración.
En Renovación Nacional también se optó por dar libertad de acción, luego de que los diputados Francisco Orrego y Daniel Valenzuela firmaran el texto acusatorio. Esa dispersión de posiciones convierte a los votos de estas bancadas en el principal factor de incertidumbre para la jornada.
Rechazo oficialista y advertencias institucionales
Desde el oficialismo y sectores de oposición al Gobierno, la ofensiva ha sido cuestionada por su eventual impacto institucional. La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que la presentación contra Nicolás Grau “sienta un grave precedente, porque hablar así tan sencillamente de que se hace un maquillaje de las cifras que maneja el país, lógicamente puede tener repercusiones en la economía y, por lo mismo, nuestro llamado a la sensatez a los parlamentarios, para que al momento de evaluar esta acusación constitucional no se mire simplemente el gustito político que se quiere hacer”.
El jefe de bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, planteó que la acción parlamentaria representa un retroceso en la forma en que se discuten las finanzas públicas. “Han llevado, lamentablemente, la política fiscal de nuestro país al barro de la batalla política, de la contienda cultural, ideológica, de la pugna entre gobierno y entre sectores políticos. Eso, evidentemente que le hace un daño, no al ministro Grau o al ex gobierno del Presidente Boric, sino que le hace un daño a la política fiscal chilena que, hasta estos momentos, gozaba de una continuidad política sólida”.
La diputada Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, manifestó reparos jurídicos frente al libelo y sostuvo que las eventuales falencias atribuidas al exministro no constituyen una infracción constitucional suficiente. “Estoy absolutamente convencida de que no hay sustento jurídico para esta AC, un error de cálculo, un error de proyecciones y no necesariamente una transgresión a una ley”.
Respaldo opositor y costo político
Entre quienes respaldan la votación favorable, el argumento central es que la gestión de Nicolás Grau habría generado una trayectoria de endeudamiento adicional superior a los US$10.000 millones, con una deuda pública proyectada sobre el 45% del PIB. También apuntan a advertencias previas del Fondo Monetario Internacional, que habría alertado sobre riesgos en las proyecciones y deficiencias técnicas.
El debate conecta con una discusión mayor sobre deuda, impuestos y responsabilidad fiscal que también ha marcado la agenda reciente del Congreso. La tensión entre mayores necesidades de financiamiento del Estado y rebajas tributarias propuestas por el Ejecutivo ha sido abordada en el análisis editorial Dos más dos: deuda para todos y menos impuestos para algunos, donde se plantea la contradicción política entre ajuste fiscal, endeudamiento y beneficios tributarios.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, de la UDI, afirmó que su bancada adoptó una postura favorable después de revisar los antecedentes. “Desde la UDI. Nosotros ya hemos anunciado el voto a favor. No estuvimos en el momento de la firma de esa acusación, pero sí hemos estudiado los antecedentes por nuestros expertos y por nuestros diputados. La decisión es votarla a favor”.
La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, sostuvo que el exministro debe responder por las consecuencias de su gestión. “El ex ministro Grau entienda que Chile no puede administrarse como una fiesta universitaria donde pierde plata y nadie da explicaciones. Estamos hablando de los recursos de todos los chilenos: hubo errores graves en las proyecciones fiscales, gastos sin financiamiento identificado e inconsistencias por más de 10.500 millones de dólares en la deuda pública. Esa falta de responsabilidad debe tener consecuencias”.
Con votos aún inciertos, libertad de acción en bancadas clave y argumentos cruzados entre responsabilidad fiscal, sustento jurídico e impacto institucional, la votación contra Nicolás Grau llega a la Sala de la Cámara en una jornada que puede marcar no solo el futuro del exministro, sino también los límites políticos del uso de esta herramienta frente a controversias económicas.
