La acusación constitucional contra Nicolás Grau, las observaciones al Censo 2024 y el relato sobre las finanzas públicas quedaron en el centro de una nueva ofensiva política que el Frente Amplio atribuye a una estrategia de La Moneda para evitar el balance de su propia gestión.
La ofensiva del Gobierno de José Antonio Kast contra la herencia de la administración anterior escaló desde el debate fiscal hacia una disputa política más amplia. A las críticas por las proyecciones de deuda y déficit se sumaron los cuestionamientos al Censo 2024, la situación de Codelco y la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, configurando un escenario que en el Frente Amplio leen como una estrategia para mantener a Gabriel Boric en el centro de la conversación pública.
Una de las voces más duras es la de Gonzalo Winter, abogado y diputado frenteamplista por el Distrito 10 de la Región Metropolitana, quien acusó al Ejecutivo de construir un relato de crisis heredada para desplazar el foco desde sus propias dificultades de gestión.
“Han hecho toda una serie de faramallas comunicacionales para insinuar que encontraron un Estado en quiebra, que Codelco estaba quebrado, que se habían robado la plata”, afirmó el parlamentario, al cuestionar el tono con que La Moneda ha enfrentado los primeros meses de administración.
La ofensiva contra Grau como punto de quiebre
La acusación constitucional contra Nicolás Grau aparece como el episodio más sensible de esa estrategia. El exministro de Hacienda quedó en la mira tras los cuestionamientos a las proyecciones fiscales del Gobierno anterior, pero para Winter el fondo del asunto no está en una discrepancia técnica, sino en el uso político de esas diferencias para instalar una responsabilidad constitucional sobre decisiones propias de la gestión económica.
El diputado calificó la acción como “ridícula, profunda y esencialmente infundada”, apuntando a que ninguna estimación fiscal se cumple de manera exacta porque depende de variables económicas que cambian durante el tiempo. En su lectura, transformar una discusión sobre proyecciones en una acusación constitucional implica llevar al extremo una herramienta institucional que debería reservarse para infracciones graves y no para diferencias de interpretación económica.
El caso también golpea una dimensión personal y profesional del exministro. Winter remarcó que la acusación apunta contra una persona que trabaja en una universidad pública y que, de prosperar, podría enfrentar restricciones para ejercer ciertas funciones. Para el parlamentario, ese efecto revela una ofensiva de alta dureza política, sostenida sobre una imputación que considera falsa y desproporcionada.
Censo, Codelco y el relato del Estado quebrado
El conflicto no se limita a Grau. El Gobierno también ha usado las observaciones al Censo 2024 para reforzar sus críticas a la administración anterior, luego de conocerse antecedentes sobre censistas contratados por una empresa externa que registraban antecedentes penales. Winter cuestionó que ese dato haya sido presentado como si comprometiera políticamente a ministros del período anterior, pese a tratarse, según su versión, de un porcentaje marginal dentro del proceso.
La misma lógica, agregó, se habría repetido con Codelco y con la situación de las finanzas públicas. Para el diputado, La Moneda ha buscado instalar la idea de que recibió un Estado en crisis, aun cuando esa lectura, desde la oposición, responde más a una necesidad comunicacional que a un diagnóstico completo sobre la administración pública y la economía chilena.
La crítica apunta al corazón del relato oficialista: mientras el Ejecutivo insiste en la herencia recibida, Winter acusa que se evita hablar de los resultados propios. “Han estado en un ataque nunca antes visto de una administración respecto a la administración saliente”, señaló, acusando una conducta que, a su juicio, supera el estándar habitual de confrontación entre gobiernos entrantes y salientes.
Seguridad y economía fuera del foco
El diputado frenteamplista cree que la insistencia en Boric cumple una función política concreta: sacar presión sobre las áreas donde el Gobierno de Kast enfrenta mayores dificultades. La principal, según su análisis, es seguridad ciudadana, una materia que fue central en la campaña oficialista y donde acusa falta de preparación, errores en nombramientos, problemas presupuestarios y ausencia de una hoja de ruta clara.
Winter llevó esa crítica a una comparación histórica de alto impacto. “El gobierno de Aylwin no hablaba tanto de la dictadura como el gobierno de Kast se dedica a obviar la conversación sobre cómo ellos gobiernan para mantener la conversación únicamente en torno al supuesto estado de cosas que encontraron”, afirmó, instalando la idea de que La Moneda usa la administración Boric como explicación permanente para sus propios problemas.
El segundo flanco es la economía. Para el parlamentario, la reforma impulsada por el Ejecutivo pierde respaldo mientras más se conoce su contenido, especialmente por el énfasis en rebajas tributarias para grandes grupos económicos. “Mientras más se habla de su reforma, que es lo único que les importa realmente, bajarle los impuestos a los grandes grupos económicos, menos apoyo tiene”, sostuvo.
“Fuegos artificiales” para cambiar la agenda
La frase que resume la crítica política de Winter es que a su juicio el Gobierno necesita instalar controversias sucesivas para impedir que la discusión pública se concentre en su agenda económica, sus resultados en seguridad y su capacidad de conducción. “Todos los días tienen que quebrar un fuego artificial y generar pirotecnia para que se hable de otra cosa”, acusó el diputado.
La disputa también alcanzó la idea de una supuesta tregua política. Winter rechazó ese planteamiento al recordar que, mientras el oficialismo habla de acuerdos, avanza una acusación constitucional contra un exministro de Hacienda. “Mientras te están acusando a un ministro, te dicen que se rompió una tregua. ¿Qué tregua, por favor?”, cuestionó.
Con esa arremetida, el Frente Amplio busca reposicionar el debate desde la defensa del Gobierno anterior hacia el examen de la administración actual. La acusación contra Nicolás Grau, las críticas al Censo 2024 y el relato sobre el Estado recibido ya no aparecen solo como episodios separados, sino como parte de una disputa mayor por el control de la agenda pública, el sentido del gasto público y la evaluación de las políticas públicas del nuevo ciclo político.
