El Ejecutivo retiró la discusión inmediata al constatar que no alcanzaba los 26 votos necesarios. La ausencia de Enrique Van Rysselberghe y el rechazo anunciado por Gustavo Sanhueza obligaron a aplazar la definición hasta agosto
La Sala del Senado suspendió la sesión especial convocada para votar el informe de la Comisión Mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma, después de que el Gobierno comprobara que no contaba con los respaldos necesarios para aprobarlo.
El Ejecutivo retiró la urgencia de discusión inmediata y evitó someter el texto a una votación que podía terminar en rechazo. El informe requería 26 votos, por tratarse de una norma orgánica constitucional, pero los cálculos previos dejaron al oficialismo al menos un sufragio por debajo de ese umbral.
El problema se produjo dentro de la propia mayoría gubernamental. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) anunció que no respaldaría la fórmula aprobada por la Comisión Mixta, mientras su compañero de partido Enrique Van Rysselberghe no se encontraba en la Sala. A ello se sumaron las dudas expresadas por Rojo Edwards y Matías Walker, reduciendo todavía más el margen del Ejecutivo.
El revés adquiere mayor significado porque la megarreforma ya había superado anteriormente el Senado por el mínimo de 26 votos. La ausencia de un senador y el rechazo de otro bastaron esta vez para dejar en suspenso el cierre legislativo del proyecto más importante del Gobierno.
La UDI pidió suspender la votación
La petición de postergar la definición surgió del comité de la UDI, que solicitó cambiar la urgencia y dejar el informe en el primer lugar de una próxima sesión. El senador Javier Macaya, quien presidió la Comisión Mixta, advirtió que un rechazo podía dejar a los municipios sin la compensación prevista por la pérdida de ingresos asociada a la exención de contribuciones.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, reconoció que la suspensión respondía a la ausencia de apoyos en la Sala. “Tenemos los votos, pero no están los senadores”, señaló antes de que el Ejecutivo retirara la urgencia. Posteriormente atribuyó la situación a “imprevistos”.
Sin embargo, el escenario no se explicaba solamente por una ausencia. Sanhueza cuestionó la entrega de recursos a municipios con problemas administrativos y exigió una solución más amplia para aquellas comunas que acumulan deudas o presentan dificultades de gestión.
El senador mencionó el caso de un municipio de Ñuble que podría requerir un administrador provisional y sostuvo que no respaldaría el informe mientras Hacienda y las asociaciones municipales no acordaran medidas para ordenar esas situaciones.
La posición abrió una fisura inesperada en la UDI. Sanhueza había respaldado previamente los principales artículos de la megarreforma, pero esta vez se negó a aprobar el mecanismo de compensación municipal en los términos propuestos.
El Gobierno optó por aplazar la votación antes que arriesgarse a una derrota formal. La maniobra mantiene vivo el proyecto, pero expone nuevamente la fragilidad de una mayoría que ha dependido de 26 votos exactos durante buena parte de su paso por el Senado.
Compensación queda pendiente de ratificación
El informe suspendido contiene el mecanismo destinado a reponer los recursos que los municipios dejarán de percibir por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de personas mayores de 65 años.
La Comisión Mixta aprobó una fórmula que compensaría el 100% de la pérdida del Fondo Común Municipal, estimada en $110 mil millones, y otros $80 mil millones correspondientes a ingresos que reciben directamente las municipalidades por concepto de impuesto territorial. La Tesorería General de la República realizaría las transferencias con montos calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos.
Para acceder a esos recursos, los municipios deberán mantener actualizada ante la Dirección de Presupuestos la información sobre su personal y reducir al menos 30% los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.
La propuesta también contempla que las municipalidades entreguen a Tesorería la nómina de personas morosas por derechos de aseo, de modo que el organismo pueda realizar cobranzas administrativas y judiciales, otorgar facilidades de pago y retener devoluciones de impuestos cuando existan deudas pendientes.
Horas antes de la suspensión, la Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado el informe de la Comisión Mixta. El Senado constituía, por tanto, el último trámite legislativo necesario para despachar la iniciativa.
El texto llegó a esta etapa después de que la Cámara enviara a Comisión Mixta la compensación al Fondo Común Municipal, única norma que no alcanzó el quórum durante el tercer trámite. Las demás modificaciones introducidas por el Senado habían sido ratificadas.
Coquimbo y Huasco presionan la negociación
La postergación también abrió espacio para la demanda de parlamentarios que buscan incorporar a la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco en los fondos de reconstrucción, luego de los daños causados por el reciente sistema frontal.
Los senadores Daniel Núñez, Sergio Gahona y Matías Walker solicitaron que el Ejecutivo incluya a esos territorios dentro de los mecanismos de financiamiento del proyecto. Walker condicionó su respaldo a que exista una respuesta clara para la reconstrucción regional.
“No puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco”, sostuvo el parlamentario, quien valoró que la votación no se realizara mientras no existiera un compromiso definido del Gobierno.
El Ejecutivo ha señalado que las regiones afectadas recibirán los recursos necesarios mediante instrumentos públicos y que esa ayuda no dependerá exclusivamente de la megarreforma. Alvarado indicó que el financiamiento se determinará después de evaluar los daños y que un eventual veto para incorporar nuevas disposiciones será analizado una vez concluida la tramitación legislativa.
La respuesta no ha despejado completamente las dudas. Los parlamentarios regionales buscan garantías legales y presupuestarias, mientras Hacienda prefiere separar la atención inmediata de la emergencia del texto que actualmente discute el Congreso.
El conflicto amplía el problema político del Gobierno. La votación ya no depende solamente de ordenar a la UDI, sino también de asegurar respaldos que podrían quedar condicionados a una respuesta concreta para Coquimbo y Huasco.
La votación podría trasladarse a agosto
La próxima semana corresponde al trabajo territorial de los parlamentarios, por lo que el Congreso deberá decidir si convoca una sesión extraordinaria o deja la votación para la primera semana de agosto. El retiro de la urgencia permite al Ejecutivo ganar tiempo, pero también retrasa el resto de su estrategia legislativa.
Hacienda buscaba cerrar rápidamente el trámite porque el Gobierno solo podrá presentar eventuales vetos presidenciales una vez que el Congreso despache completamente el proyecto. Alvarado confirmó que esas decisiones se evaluarán después de que la iniciativa quede en condiciones de convertirse en ley.
El cierre legislativo tampoco terminará con la disputa. La oposición prepara tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra los blindajes tributarios y ambientales de la megarreforma, acciones que deberán esperar la redacción definitiva del proyecto.
La postergación no representa todavía una derrota definitiva para el Gobierno. El Ejecutivo puede recuperar el voto ausente, negociar con Sanhueza y entregar señales a los senadores de Coquimbo antes de una nueva sesión.
Pero el episodio sí modifica el relato de un proyecto que parecía encaminado hacia su despacho. Después de acelerar la Comisión Mixta y convocar sesiones especiales, La Moneda debió retirar su propia urgencia para evitar que la megarreforma fuera rechazada por falta de votos dentro del oficialismo.
El proyecto continúa a un paso de convertirse en ley. Ese último paso, sin embargo, volvió a mostrar que la principal reforma económica del Presidente José Antonio Kast sigue sostenida por una mayoría mínima, vulnerable a cada ausencia, discrepancia territorial o quiebre dentro de los partidos que respaldan al Gobierno.
