El Estado debe financiar la Educación Pública en Chile

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Por: Dr. Luis Alberto Loyola. Rector de la Universidad de Antofagasta


Hoy que en el Congreso Nacional se discuten dos leyes de vital importancia para el futuro del país, como son la Ley de Educación Superior y la Ley de las Universidades del Estado, es también atingente citar un reciente informe de la OCDE, el cual señala la urgente necesidad que el Estado, como garante del bienestar general, debe invertir más en la Educación Pública.

La tendencia internacional que señala el informe de la OCDE, da cuenta que no es posible que la Educación Pública tenga como principal pilar de financiamiento los aranceles pagados por sus estudiantes. Bajo ese parámetro, en Chile son las familias quienes financian la educación superior de sus hijos, quitándole esa responsabilidad histórica al Estado.

Por otra parte, y en el plano de la generación del conocimiento que define el “ser universidad”, actualmente las universidades estatales en  Chile reciben un aporte bajo para la investigación, la cual sabemos, es la base para el desarrollo nacional. Este ítem, hasta el momento lo financiamos con los recursos propios que generamos, así como por los aportes indirectos del Estados o por medio de concursos.

Bajo ese sistema, en lo particular las Universidades del Estado de Chile, sólo mantenemos el nombre de “estatales” pues en la práctica, se nos obliga a actuar con las normas de las privadas. La propuesta que hacemos como rectores, es que el financiamiento debe ser permanente y directo, manteniendo las otras vías existentes, de manera que se sustente el funcionamiento básico de nuestras instituciones.

Nos falta financiamiento para seguir creciendo y vinculándonos con el medio, especialmente a las universidades estatales regionales, como la Universidad  de Antofagasta, institución que pese a los escollos del camino, recientemente fue Acreditada por 5 años, lo cual refleja que estamos haciendo bien las cosas.

Creemos que es ahora, cuando en el Congreso se discuten estas importantes leyes, que de una vez por todas se reconozca nuestro aporte al desarrollo de las regiones y se establezca una soberanía y descentralización de la generación del conocimiento, pues Chile también creció inorgánicamente en cuanto a su sistema de Educación Superior.

Chile es un país diverso y de extremos, lejos de la capital la vida es distinta, tiene otros colores, sabores y historias. El costo de la vida también es distinto, un arriendo en Antofagasta es el doble o triple incluso al de otras zonas, los alimentos y el transporte también son más elevados en las zonas extremas, por lo mismo, necesitamos que el financiamiento estatal considere esas variables, para así, seguir mejorando y entregando bienes públicos al país.

Tenemos confianza en el dialogo. Creemos que esta vez existe la convicción política e ideológica, acorde a las mayorías representadas en el Parlamento, para sacar adelante estas leyes, y de esta forma, seguir avanzando y creciendo de manera firme, sin preocuparnos de las piedras que nos puedan poner en el camino quienes no creen que la educación debe ser un derecho y que el conocimiento -generado con recursos públicos- debe servir a todos los chilenos.


El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.


 

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