Por Dr. Orlando Llanos Contreras. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)
En Chile existen más de 700 mil micro, pequeñas y medianas empresas activas, responsables de generar más del 60% del empleo nacional. Aunque su participación en el Producto Interno Bruto es proporcionalmente menor que la de las grandes compañías, su aporte social y territorial es innegable. Son ellas las que sostienen economías locales, dinamizan barrios y comunas, generan oportunidades laborales y fortalecen las redes comunitarias.
En el caso de las Empresas Familiares (EF), este impacto trasciende las cifras económicas. Se trata de organizaciones donde convergen historia, identidad y propósito. Son espacios en los que el conocimiento acumulado durante décadas se transmite entre generaciones, junto con valores, tradiciones y formas particulares de comprender el trabajo y la responsabilidad social. En muchos territorios, especialmente fuera de las grandes ciudades, estas empresas constituyen un pilar fundamental para la cohesión social y el desarrollo económico.
Sin embargo, la continuidad de estas organizaciones enfrenta desafíos significativos. Los resultados de la ELE-7 (2024) muestran que una proporción importante de las mipymes chilenas está liderada por personas próximas a la edad de retiro. Cerca de la mitad de sus propietarios supera los 59 años, lo que anticipa que, en los próximos años, miles de empresas deberán enfrentar procesos de sucesión o, en el peor de los casos, el cierre definitivo de sus operaciones.
La experiencia demuestra que muchas EF no desaparecen por falta de competitividad, innovación o capacidad de adaptación. En numerosos casos, el problema radica en la liquidez. Para las mipymes, administrar recursos escasos es un desafío cotidiano y permanente. Cuando a ello se suman las complejidades propias de una transición generacional, las exigencias financieras asociadas a los procesos sucesorios pueden transformarse en una barrera difícil de superar.
Esta situación adquiere especial relevancia cuando las obligaciones tributarias derivadas del valor de activos no líquidos generan presiones que comprometen la continuidad operacional de la empresa. El impacto de estos escenarios no se limita a las familias propietarias. Cada empresa que desaparece implica empleos que se pierden, proveedores que ven afectada su actividad y territorios que dejan de contar con actores económicos que aportaban dinamismo y cohesión.
Pero quizás uno de los costos menos visibles es la pérdida del conocimiento acumulado. Las EF concentran capacidades organizacionales, experiencia práctica y redes de colaboración construidas durante años. Por ello, el debate no debiera centrarse únicamente en la implementación de medidas excepcionales o temporales. Es necesario avanzar hacia mecanismos permanentes que favorezcan la planificación sucesoria y reduzcan las dificultades que enfrentan las familias empresarias para asegurar la continuidad intergeneracional de sus proyectos.
Pensar en la continuidad de las empresas familiares no es solo una discusión tributaria o económica. Es, sobre todo, una reflexión sobre el tipo de desarrollo que queremos construir como país y sobre nuestra capacidad para generar políticas públicas que comprendan el verdadero valor que estas organizaciones aportan a la sociedad.
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