Por: Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
No cabe duda alguna que el trabajo de la Convención Constituyente es objeto permanente atención y crítica por parte de la opinión pública. ¿Y cómo no?, se trata de una de las instancias políticas y sociales más importantes de la historia republicana del país que amenaza con cambiar la forma en que los chilenos y chilenas nos relacionamos con el Estado, el mercado, el medio ambiente y entre nosotros mismos.
Desde su instalación, la Convención ha sido objeto de una constante campaña de desprestigio y menoscabo sobre lo que se discute y aprueba, tratando incluso de deslegitimar a quienes tienen la labor de redactar la nueva constitución por su apariencia física, orígen, vestimenta y/o forma de pensar.
Hoy, cuando la fecha del plebiscito de salida se ve cada vez más cercana, esta campaña de desprestigio no escatima esfuerzos ni recursos en busca de influir en la opinión pública para votar rechazo el próximo 4 de septiembre.
Uno de los principales argumentos de los “apóstoles del rechazo” es la libertad… esa libertad que para el común y gran mayoría de los chilenos, hasta ahora, resulta inentendible, lejana y ajena. Sí, porque para hablar de libertad se debe tener conciencia de ella, se debe percibir y gozar.
Es imposible para una familia de la población Baltazar Castro de Rancagua o de la Óscar Bonilla en Antofagasta, ejercer la libertad de educar a sus hijos, cuando la educación se ha transformado en un negocio y la posibilidad de acceder a una mejor educación está directamente relacionada con el ingreso familiar.
Es también imposible ejercer la libertad de escoger un sistema de salud para quien vive al interior de la región de Araucanía, pues allá no existe la clínica ni Isapre alguna que garantice prestaciones básicas de salud. Para el mercado de la salud, ese territorio, esos chilenos, no son rentables.
En este sentido, se escucha reiteradamente que la libertad económica está en riesgo, pero ¿de qué libertad hablan? La realidad nos muestra un mercado dominado por monopolios y oligopolios empresariales que se coluden y fijan precios, que corrompen funcionarios públicos, que explotan recursos naturales sin importan su impacto en el medio ambiente y salud de las personas, que revientan pymes con contratos draconianos y pagos entre los 60 y 90 días. Un mercado sin espacio real para el emprendimiento ni la innovación. De industrialización y/o productividad, mejor ni hablar.
En concreto, la libertad hasta ahora solo ha sido gozada por quienes tienes los recursos suficientes para ejercerla y poder para influir en la opinión pública, y en un país donde el 50% de los chilenos percibe un sueldo mensual que no logra superar los 450 mil pesos, resulta una verdadera burla, casi una bofetada.
Entonces, se intenta crear, inventar una opinión pública contraria a la Convención Constitucional en base a encuestas contratadas y de dudosa metodología y reputación; se crean y replican noticias falsas; se contratan espacios en los medios tradicionales de comunicación; se gastan millones de pesos en redes sociales.
Pero, los números no mienten, la calle no miente…los conservadores chilenos están conscientes de aquello, aún recuerdan los resultados del plebiscito de entrada, donde la opción de redactar una nueva consitución se impuso con un rotundo 80 por ciento. Y por lo mismo, hoy buscan revertir dicha realidad, y para ello están desplegando todos los recursos a su alcance… ejerciendo su libertad, intentado crear una opinión pública para impedir que nada cambie, que todo siga igual.
Lo que subyace en la redacción de una nueva constitución es el bien público, es la justicia social, la solidaridad y el acceso a una verdadera libertad que permita el desarrollo pleno e integral de todos los chilenos, sin importar donde viven, su etnia, su opción sexual o cuanto ganan.
¡La libertad no puede seguir siendo ejercida ni gozada exclusivamente por unos pocos!
