Por: Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
El 16 de abril de 2021 quedará marcado en la historia política y judicial chilena, pues se condenó por primera vez a un político nacional a cárcel efectiva por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
Jaime Antonio Orpis Bouchon, abogado de la “Católica”, militante UDI, tres veces electo como diputado por el Distrito 25 y ex senador por la región de Tarapacá, fue sentenciado a 5 años por cohecho y a 600 días por fraude al fisco, tras demostrase que recibió dineros (más de 230 millones de pesos) de parte Corpesca S.A:, del Grupo Angelini, en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca.
Junto con Orpis, la ex diputada Marta Eliana Isasi Barbieri fue condenada a 50 días de presidio, por cohecho y absuelta de delitos tributarios a falta de una acción legal desde el Servicio de Impuestos Internos. Adicionalmente, la justicia determinó para la cercana al PRI, una suspensión de un año y cinco meses para cargos y oficios públicos, además de una multa de 20 millones de pesos (la mitad del dinero solicitado a Corpesca) que podrá pagar en cuotas.
En tanto, Corpesca S.A. fue condenada, como persona jurídica, a pagar una multa a beneficio fiscal de 10.000 UTM (517 millones de pesos aproximadamente) por soborno, perpetrado en aquel entonces por el gerente general, Francisco Mujica Ortúzar.
Estos hechos dan a entender un buen actuar de la justicia, especialmente del Ministerio Público y la fiscal Ximena Chong, no obstante queda en el ambiente una sensación de absoluta impunidad para los autores intelectuales de los delitos, es decir la empresa Corpesca S.A., cuyo presidente es Roberto Angelini Rossi.
Hablamos de impunidad porque la multa impuesta resulta, en buen chileno, un chiste versus los resultados económicos obtenidos por la empresa en el último tiempo. De hecho, la familia Angelini figura dentro del ranking Forbes 2021 como una de las 10 familias más ricas del país. A nivel global Roberto Angelini es ubicado en el puesto 1516 con una fortuna de más de 2 mil millones de dólares, mientras que su hermana, Patricia Angelini, con un patrimonio de mil 700 millones de la moneda estadounidense, se instala en el puesto 1873.
Solo un dato, en el mundo existen cerca de 8 mil millones de personas, en Chile bordeamos los 19 millones… y esta familia tiene dos personas dentro de las 2 mil más adineradas del orbe. Para pensar o no, y más aun cuando gran parte de su riqueza proviene de la explotación de recursos naturales del país, es decir de todos los chilenos, teóricamente.
El “Caso Corpesca” hizo público el secreto a voces que todos escuchábamos de norte a sur sobre el financiamiento de campañas de diputados y senadores por parte de las empresas a cambio de legislar en favor de sus intereses. Ratificó que gran parte de la clase política está corroída por los intereses económicos del mundo empresarial en desmedro de los chilenos. Recordemos que en este caso y en el de SQM, la no presentación de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios permitió que el grueso de los involucrados, en los delitos de financiamiento ilegal de campañas políticas, quedaran impunes o con clases de ética. Entiéndase empresas y políticos, léase los sobornadores y los sobornados.
Entonces, nos encontramos en una encrucijada mayor, pues la Justicia aplica las leyes que se aprueban en el Congreso, el que está integrado por diputados y senadores, quienes legislan y aprueban sin reparo alguno, por ejemplo, la actual Ley de Pesca, que permite al grupo Angelini, entre otros, seguir aumentando su patrimonio gracias a la explotación del mar de todos los chilenos.
En mundo ideal, en mundo decente, en una sociedad que condena y castiga con fuerza la corrupción, esta empresa y a todas las involucradas en este tipo de delitos se les cancelan las concesiones cuando se trate de servicios públicos, las privadas se clausuran, sus ejecutivos, sus directores presos e inhabilitados de por vida a emprender cualquier acción comercial, además de una multa igual al monto defraudado más los intereses acumulados desde que se cometió el delito.
Puede parecer exagerado, “talibán” dirán los defensores de la premisa máxima del capitalismo que versa que “el mercado se regula solo”. No señores, lo que hacen, lo que han hecho, es moldear el mercado a su antojo, han influido y generado leyes a su favor con la complicidad de quienes están llamados a defender los intereses de la sociedad y no de unos pocos, impidiendo la competencia, la productividad y la innovación, elementos claves para que Chile logre el tan anhelado desarrollo, y que ha sido el gran obstáculo para dejar atrás un modelo económico basado netamente en el extractivismo.
Estas empresas, estos ejecutivos, han corrompido nuestra Democracia, son ellos quienes egoísta y desvergonzadamente han comprado a hombres y mujeres carentes de valores y principios republicanos en todo el espectro político, es decir de izquierda a derecha. Son tanto o más culpables que aquellos que recibieron los dineros.
Hoy nos enfrentamos a procesos electorales históricos, primordiales para el futuro de los chilenos, por lo mismo pensemos muy bien a quien le entregaremos nuestro voto. En lo inmediato, pidamos cuentas a nuestros diputados y senadores, exijámosles argumenten sus votaciones en los diversos proyectos de ley. No perdamos tiempo en leer por estos días sus sendas declaraciones en torno a la condena de Orpis, la reivindicación de la justicia y la democracia. No, pidámosles derogar ahora la Ley de Pesca y revisar varias más.
