Investigador de Universidad de O’Higgins realizó análisis crítico de la autonomía constitucional de las fuerzas armadas y su falta de control civil que pueda evitar situaciones anómalas
Sebastián Salazar Pizarro, docente adjunto de la Escuela de Ciencias Sociales de la UOH, es uno de los autores del artículo “Carabineros y autonomía policial en Chile: una aproximación legal-institucional”, publicado en la Revista de Derecho Público de la Universidad de Chile. El texto, escrito junto a los abogados Pablo Contreras y Ricardo Allende, éste último Convencional por el distrito 18 (Maule Sur), analiza los principales factores, tanto legales como institucionales, que han potenciado la autonomía de Carabineros. Dentro de los aspectos que se examinan se encuentra el origen del marco normativo que regula la institución armada, considerando su evolución histórica desde el período de la dictadura cívico-militar chilena, y atendiendo a la regulación constitucional, orgánico constitucional, legal y reglamentaria.
Este artículo es el cuarto trabajo que Sebastián Salazar, doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona, publica en el marco de una línea de investigación orientada a establecer el rol y funcionamiento de las fuerzas armadas y fuerzas de orden y seguridad en Chile. Es un trabajo que se extiende por un año y medio, con publicaciones en prestigiosas revistas de investigación y derecho. Uno de esos textos, “Obedientes y No Deliberantes: Fuerzas Armadas, Autonomía y Control Democrático en Chile”, publicado por la revista “Ius et praxis”, fue citado en el dictamen emitido por la Contraloría General de la República en julio pasado, en donde la institución llama la atención al Ejército: deben abstenerse de realizar expresiones que puedan afectar su “carácter no deliberante”.
El interés por abordar esta línea de investigación, explica Sebastián, surge de la experiencia de los tres abogados involucrados. “Habíamos trabajado en el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, y lo que ocurrió fue que nos dimos cuenta de una cantidad de situaciones que nosotros considerábamos anómalas, en donde la autoridad civil no tenía una capacidad de control adecuada de los institutos armados y policiales”.
Este poco control sobre las acciones de las FF.AA y Carabineros se debe, según Salazar, a dos razones: “primero normativas, que es lo que tratamos de explicar en nuestro artículo. Estas influyeron en la actuación política, en las relaciones cívico-militares y cívico-policiales. Después de un análisis teórico, nos dimos cuenta que, desde el derecho público, particularmente desde el derecho constitucional y del derecho administrativo, no había un tratamiento de estas materias”.
Después del año 2005, se escribieron algunos textos al respecto, principalmente debido a las reformas constitucionales, modificaciones que llevaron a un “mínimo democrático” la relación existente entre el poder civil y el poder militar en la Constitución. Sin embargo, Salazar explica que se trataba de “comentarios muy particulares y muy específicos sobre esa área, no se profundizó y se asumió que eso ya estaba resuelto. Entonces, existió un vacío en el área, a diferencia de la ciencia política, de la sociología, que ellos si habían trabajado con mayor intensidad estos ámbitos, pero sus análisis no eran normativos propiamente tal, no miraban la Constitución, no miraban las leyes orgánicas. Se hablaba de autonomía, pero siempre desde un concepto mucho más político, mucho más teórico”.
Los casos de corrupción al interior de ambas instituciones y las recientes actitudes consideradas como deliberantes por la Contraloría, hacen que sea necesario profundizar en estos aspectos normativos y comprender ambos fenómenos por separado.
“La situación de las FFAA -explica Salazar- no es tan compleja como la de Carabineros, en donde existe una crisis mucho más profunda pues se ha puesto en cuestión el funcionamiento mismo de la institucionalidad. Nuestra idea siempre fue abordar esta situación para deconstitucionalizar lo que existe el día de hoy. Después de la dictadura, mantuvieron (las Fuerzas Armadas) un rol muy potente y con mucha autonomía en su funcionamiento. Nosotros creemos que debe fortalecerse el poder civil y eso implica disponer normas constitucionales que aseguren eso, que los Carabineros sean obedientes y se subordinen al poder civil, que las decisiones sobre seguridad pública y las decisiones sobre la defensa nacional, sean tomados principalmente por los civiles, que son las personas elegidas democráticamente y que tienen la legitimidad para hacerlo”, dijo.
Sobre el objetivo que persiguen estos artículos, Salazar sostiene que “es importante relevar el importante rol que cumplen estas instituciones en Chile. Carabineros es el organismo público que tiene mayor presencia territorial en el país, mientras que las FFAA cumplen labores sumamente complejas en situaciones límites. Por lo tanto, ya no están solamente en los cuarteles, uno los ve más diariamente y lo ha visto a través de la pandemia, independiente de si uno esté a favor o en contra de eso. Pero es importante abordar estas materias porque al final del día son instituciones armadas, ellas tienen el monopolio del uso de las armas y nosotros les entregamos este monopolio para que ellos nos protejan, protejan al Estado o protejan a los ciudadanos”, concluyó.
