Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
La escena fue probablemente mucho más simbólica de lo que La Moneda imaginó. Apenas 69 días después de asumir, el gobierno de José Antonio Kast oficializó su primer cambio de gabinete. Y no se trató de un ajuste menor ni administrativo.
Las salidas de Trinidad Steinert desde Seguridad, de Mara Sedini desde la Segegob y de Martín Arrau desde Obras Públicas terminaron confirmando que el Ejecutivo entró prematuramente en una fase de contención política.
El problema no es solo la velocidad del ajuste. Es lo que revela.
Porque ningún gobierno que llega al poder prometiendo orden, autoridad, control migratorio y capacidad de gestión espera comenzar su tercer mes removiendo precisamente a las figuras encargadas de sostener ese relato.
Y el dato comparativo es demoledor. Gabriel Boric realizó su primer ajuste ministerial cerca de seis meses después de asumir; Sebastián Piñera demoró alrededor de cinco meses y Michelle Bachelet superó los cuatro meses antes de modificar su gabinete. El gobierno de Kast ni siquiera alcanzó los 70 días antes de entrar en modo corrección.
Ese dato, por sí solo, ya instala una señal política inquietante: el desgaste llegó antes que la consolidación.
Un gabinete tensionado antes de consolidarse
La ceremonia en La Moneda dejó además otro elemento políticamente revelador. El Presidente decidió mover a Martín Arrau desde Obras Públicas hacia Seguridad. Claudio Alvarado es desde esta noche ministro del Interior y Vocero, mientras Louis de Grange asume el liderazgo de Transportes y Obras Públicas.
Pero más allá de los nombres, el rediseño dejó instalada una estructura inédita: tres biministros dentro del gabinete presidencial. No olvidemos a Daniel Mas, biministro de Economía y Minería.
Y eso inevitablemente abre preguntas incómodas para el oficialismo.
Porque la concentración de múltiples carteras bajo las mismas figuras rara vez se interpreta como una señal de fortaleza. Más bien suele reflejar restricciones de capital político, escasez de cuadros disponibles o dificultades para ampliar las bases de sustentación del gobierno.
La señal se vuelve todavía más delicada considerando que Kast llegó prometiendo experiencia técnica, gobernabilidad y capacidad de conducción. Sin embargo, a poco más de dos meses, La Moneda parece encerrarse sobre su círculo más cercano antes que abrir espacios reales de poder a sus propios aliados de Chile Vamos.
Y ahí emerge una duda que comienza a recorrer silenciosamente al oficialismo: ¿el Gobierno no quiere ampliar su coalición o simplemente no encuentra suficientes figuras dispuestas a asumir el costo político de integrarse a una administración que comenzó a mostrar desgaste demasiado temprano?
Ambas interpretaciones son complejas. Y ambas erosionan el relato de fortaleza política que el Ejecutivo intentó instalar desde la campaña.
La realidad comenzó a pasar la cuenta
Reconocer públicamente que “no esperaba la exigencia de un plan de seguridad” no fue solo un error comunicacional. Fue la evidencia de una preocupante desconexión entre la principal demanda ciudadana y el nivel de preparación política del Ejecutivo para enfrentarla. Porque nadie llega al Ministerio de Seguridad sorprendiéndose de que la ciudadanía exija resultados inmediatos.
Y la situación escaló todavía más cuando el propio Presidente Kast relativizó su promesa de expulsar migrantes irregulares “desde el primer día”, señalando que debía entenderse “como una metáfora”.
Ahí el Gobierno comenzó a erosionar el principal activo que lo llevó al poder: la credibilidad de sus promesas. Porque la ciudadanía no votó metáforas. Votó certezas.
Y esa realidad ya la demuestran las últimas encuestas con la caída en la aprobación presidencial, reflejando el inicio de una erosión acelerada de confianza.
Y eso ocurre porque el Gobierno ya no puede seguir responsabilizando indefinidamente a la administración anterior por cada dificultad política, económica o de gestión. El discurso de la “herencia recibida” tiene fecha de vencimiento. Y ese margen comienza a agotarse rápidamente cuando las principales promesas de campaña siguen sin avances visibles.
Porque mientras el Ejecutivo intenta instalar su megareforma económica como prioridad política, la realidad cotidiana sigue golpeando a las familias: inflación al alza, aumento sostenido del costo de la vida e incertidumbre laboral.
La seguridad continúa dominando la preocupación ciudadana. La migración irregular sigue instalada en el centro del debate público. Y el empleo, una de las grandes promesas económicas del oficialismo, todavía no logra transformarse en una señal tangible de recuperación.
Así, las tres principales banderas de campaña, seguridad, migración y empleo, comienzan a convertirse también en las principales vulnerabilidades políticas del Gobierno.
Mientras tanto, en Ñuble y Biobío, miles de damnificados siguen esperando la reconstrucción, sus viviendas definitivas y un apoyo estatal concreto. Ellos no entienden que La Moneda concentre buena parte de su energía política en contener incendios internos y destrabar reformas estructurales.
La señal que comienza a instalarse es peligrosa para cualquier administración: un gobierno que prometió control hoy aparece administrando explicaciones.
El desgaste llegó antes que los resultados
La principal crisis del Gobierno no es solo económica, migratoria o de seguridad. Es una crisis de credibilidad.
Porque cuando una administración construye su legitimidad sobre promesas maximalistas, el desgaste no comienza cuando fracasa. Comienza cuando la ciudadanía empieza a sospechar que detrás de las promesas no existía un plan suficientemente sólido para cumplirlas.
Y eso es precisamente lo que empiezan a reflejar las encuestas, el cambio prematuro de gabinete y la ansiedad política instalada en La Moneda antes de cumplir siquiera sus primeros 70 días de gobierno.
Porque los gobiernos no entran en crisis cuando cambian ministros. Entran en crisis cuando la ciudadanía comienza a dejar de creerles.
