El organismo remitió antecedentes al Ministerio Público tras fiscalizar la adquisición de 448 hectáreas en Futaleufú, donde detectó omisiones en escrituras y una eventual inconsistencia en una declaración jurada
La Contraloría Regional de Los Lagos advirtió riesgos en operaciones de compra de terrenos fronterizos cuando participan personas o sociedades vinculadas a ciudadanos con doble nacionalidad, especialmente si una de ellas corresponde a países limítrofes.
La alerta surgió tras fiscalizar la adquisición de 448 hectáreas en el sector Lago Lonconao, comuna de Futaleufú, por parte de las sociedades Inversiones Talavera Limitada e Inversiones Rumbo Sur SpA.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, la revisión de dos escrituras públicas firmadas en 2016 permitió constatar que en los documentos no se consignaron las nacionalidades de los integrantes de las sociedades involucradas. A partir de esa fiscalización, el organismo remitió antecedentes al Ministerio Público, al estimar que una declaración jurada presentada en el proceso podría eventualmente revestir carácter de delito.
Normativa en zonas fronterizas
El caso se enmarca en las restricciones que rigen para la adquisición de bienes raíces en zonas fronterizas chilenas. Según el Ministerio de Bienes Nacionales, por razones de interés nacional, los nacionales de países limítrofes no pueden adquirir dominio u otros derechos sobre inmuebles situados total o parcialmente en zonas fronterizas.
La prohibición también se extiende a sociedades o personas jurídicas con sede principal en el país limítrofe, cuyo capital pertenezca en un 40% o más a nacionales de ese país, o cuyo control efectivo esté en manos de ellos.
En el caso fiscalizado, el representante legal de una de las sociedades declaró bajo juramento que la empresa no pertenecía ni estaba en manos de ciudadanos de países limítrofes con Chile. Sin embargo, de acuerdo con información del Servicio de Impuestos Internos citada en los antecedentes publicados, la sociedad registraba un 32% de participación de ciudadanos argentinos. Ese porcentaje no superaría el umbral legal del 40%, pero la eventual inconsistencia entre la declaración y los datos societarios llevó a la Contraloría a derivar los antecedentes a Fiscalía.
Oficios a ministerios y organismos públicos
Además de remitir el caso al Ministerio Público, la Contraloría envió copia del oficio a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Bienes Nacionales, así como a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. El objetivo es que, dentro de sus respectivas atribuciones, adopten controles para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en estas materias.
La advertencia apunta a un riesgo específico: que personas con doble nacionalidad puedan adquirir terrenos en zonas fronterizas omitiendo informar que también poseen ciudadanía de un país limítrofe. Para el órgano contralor, esa situación podría debilitar los controles administrativos destinados a resguardar el cumplimiento de las restricciones establecidas para áreas sensibles del territorio nacional.
Doble nacionalidad y control territorial
El caso de Futaleufú abre una discusión institucional sobre seguridad jurídica, trazabilidad societaria y control territorial en operaciones inmobiliarias desarrolladas en zonas fronterizas. Aunque la participación argentina informada no superaría el límite legal, la falta de información completa en las escrituras y la posible inconsistencia de la declaración jurada fueron suficientes para activar alertas administrativas y penales.
La situación también expone la necesidad de fortalecer la coordinación entre servicios públicos, conservadores, notarios, ministerios y organismos especializados en frontera. En territorios con valor ambiental, turístico y estratégico, como Lago Lonconao, la transparencia en la propiedad de la tierra se vuelve clave para evitar vacíos de fiscalización y resguardar el interés nacional.
Un antecedente para futuras compraventas
La advertencia de Contraloría no establece por sí misma responsabilidades penales, materia que deberá revisar el Ministerio Público. Sin embargo, sí instala un precedente relevante para futuras adquisiciones de tierras en áreas fronterizas, especialmente cuando existan estructuras societarias complejas o participantes con más de una nacionalidad.
El caso deja planteado un desafío mayor para la institucionalidad pública: asegurar que las operaciones inmobiliarias en zonas limítrofes cuenten con información completa, declaraciones verificables y controles oportunos.
En un país con extensas fronteras y territorios de alto valor estratégico, la compra de terrenos fronterizos ya no aparece sólo como un trámite privado, sino como un asunto que exige probidad, coordinación pública y resguardo territorial.
