La Corte de Puerto Montt acogió el desafuero de Miguel Ángel Calisto, uno de los apoyos que permitió a La Moneda alcanzar votaciones estrechas. Si la Suprema confirma la resolución, su suspensión obligará al Gobierno a reconstruir acuerdos en el Senado
Miguel Ángel Calisto llegó al Senado como independiente en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social, pero durante los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast terminó ocupando una posición decisiva en el bloque oficialista en el Congreso. Su voto ayudó a completar mayorías ajustadas en iniciativas relevantes y lo convirtió en uno de los parlamentarios capaces de inclinar una votación cuando La Moneda necesitaba apoyos fuera de su bloque.
Ese papel quedó ahora condicionado por una causa judicial iniciada cuando todavía era diputado. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Aysén, que lo acusa por fraude al Fisco. El tribunal estimó que existen antecedentes con mérito suficiente para permitir que la causa avance.
La resolución no suspende todavía a Calisto. El senador anunció que recurrirá a la Corte Suprema y, mientras el fallo no quede ejecutoriado, mantiene sus funciones parlamentarias. Fiscalía precisó que solo después de quedar firme la decisión la causa podrá avanzar hacia la preparación del juicio oral.
Miguel Ángel Calisto, senador por Aysén, defendió su actuación y confirmó que utilizará las instancias judiciales disponibles. “Nosotros, evidentemente, convencidos de nuestra rectitud y del trabajo que hemos realizado durante años, vamos a recurrir a todas las instancias que la ley nos entrega y que la Constitución garantiza respecto a un debido proceso, respecto del derecho a la defensa”, sostuvo. Agregó que apelará ante la Suprema y afirmó estar “muy tranquilo” y “convencido de nuestra inocencia”.
El voto que La Moneda necesitó para llegar a 26
La importancia política de Calisto quedó expuesta durante la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional. En junio, la iniciativa consiguió 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, exactamente el mínimo requerido para avanzar, dejando al descubierto una mayoría construida sin holgura.
Esa fragilidad volvió a aparecer durante la discusión de la megarreforma, que avanzó en el Senado por márgenes mínimos. El Ejecutivo necesitó sumar respaldos externos a su base para sostener artículos centrales y, en otras etapas, postergó votaciones al comprobar que no reunía los apoyos necesarios.
Calisto, independiente y actualmente integrado al comité de Evópoli e Independientes, quedó instalado como uno de esos votos disponibles para completar acuerdos. Su eventual suspensión no implica simplemente restar un senador, porque también puede modificar determinados quórums, pero sí elimina un respaldo que La Moneda ya utilizó en votaciones decisivas.
La experiencia reciente mostró lo estrecho de esa ecuación. Cuando el Ejecutivo perdió apoyos dentro de su propio sector, la falta de votos obligó a frenar temporalmente la tramitación de la megarreforma.
Una causa iniciada cuando era diputado
La investigación se remonta al período en que Calisto integraba la Cámara. El Ministerio Público cerró la investigación y formuló acusación contra ocho imputados, incluido el parlamentario, antes de solicitar nuevamente su desafuero tras su elección como senador.
El levantamiento del fuero no equivale a una condena. La Mesa del Senado recalcó que la resolución “no constituye, por sí misma, una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia del senador” y aseguró que la Corporación continuará funcionando normalmente.
El caso tiene además una particularidad: Calisto ya había sido desaforado cuando era diputado. Su posterior elección como senador le otorgó nuevamente fuero parlamentario, lo que obligó al Ministerio Público a solicitar otra autorización judicial para continuar el procedimiento.
Los otros casos que complican la aritmética del Gobierno
Calisto no es el único senador cuyo escenario judicial puede incidir en una Cámara Alta de mayorías estrechas. Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (ind.) también enfrentan investigaciones relacionadas con recursos y actividad parlamentaria, aunque sus causas se encuentran en etapas distintas y ninguno tiene actualmente un desafuero acogido.
| Senador | Causa | Diligencias y estado |
|---|---|---|
| Camila Flores (RN) | Fiscalía de Valparaíso investiga eventuales delitos funcionarios, incluido fraude al Fisco, en el denominado caso “Cuota Flores” y otras líneas incorporadas posteriormente. | Fiscalía incautó dispositivos y revisa antecedentes financieros, electorales y parlamentarios. En septiembre, la Suprema autorizó continuar los peritajes digitales con límites sobre el acceso y uso de la información. La causa sigue sin desafuero. |
| Alejandro Kusanovic (ind.) | Fiscalía de Magallanes investiga la denuncia de un exfuncionario que afirma haber devuelto $500 mil mensuales de su remuneración y financiado gastos de la oficina parlamentaria. | En julio, la PDI incautó celulares y computadores del senador y su equipo para peritajes, por orden judicial. La investigación sigue abierta y no registra una solicitud de desafuero conocida. |
Los tres casos no son equivalentes. Calisto es el único con un desafuero acogido por una Corte de Apelaciones y con una consecuencia institucional que podría materializarse si la Suprema confirma la resolución.
Para La Moneda, el problema vuelve entonces a la aritmética. En un Senado donde varias votaciones ya se resolvieron por un voto, perder temporalmente a un parlamentario capaz de completar mayorías obliga a buscar nuevos acuerdos antes de cada definición relevante.
La cuestión no es solo cuántos escaños controla formalmente el Gobierno, sino cuántos respaldos efectivos logra reunir cuando una reforma llega a la Sala. El caso Calisto vuelve a dejar esa fragilidad al descubierto.
