El informe RADAR identificó más de 556 mil órdenes de compra de municipios, gobiernos regionales y SUBDERE, con uso reiterado de mecanismos excepcionales y alertas por posibles vínculos entre funcionarios y proveedores en operaciones por cientos de millones
La Contraloría General de la República puso en marcha RADAR, una herramienta de análisis de datos orientada a fortalecer el control preventivo en el Estado. El sistema permite identificar riesgos en procesos administrativos y anticipar eventuales irregularidades, en un esfuerzo por mejorar la probidad y la transparencia en la gestión pública.
El lanzamiento de esta plataforma se produce en un momento donde el control del gasto público y la trazabilidad de las decisiones administrativas se han instalado como prioridades institucionales, especialmente frente al aumento de mecanismos excepcionales en la contratación estatal.
RADAR —Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo— opera sobre grandes volúmenes de información, con un enfoque preventivo. Su objetivo es detectar patrones que podrían derivar en irregularidades, permitiendo a las instituciones corregir prácticas antes de que escalen en conflictos administrativos o legales.
Más de $1 billón en compras bajo modalidad excepcional
En su primera edición, el sistema analizó compras públicas realizadas por municipalidades, gobiernos regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El informe identificó 556.222 órdenes de compra entre enero de 2024 y mayo de 2025, evidenciando una alta recurrencia del trato directo como mecanismo de contratación.
El dato central del reporte es el volumen de recursos comprometidos. Las operaciones realizadas bajo modalidades excepcionales superaron el billón de pesos ($1.167.244.609.803), lo que activa alertas sobre el uso reiterado de herramientas que la ley define como excepcionales.
Según el documento, este escenario constituye un riesgo relevante. No siempre podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos que justifican el uso de estas modalidades, lo que podría afectar estándares de competencia, transparencia y control en la contratación pública.
Alertas por posibles conflictos de interés
Otra de las alertas relevantes identificadas por RADAR apunta a posibles vínculos entre funcionarios y proveedores. El sistema detectó operaciones por más de $889 millones asociadas a proveedores de reciente constitución, lo que configura un riesgo potencial de conflicto de interés en procesos de compra.
Este tipo de hallazgos no implica automáticamente irregularidades. El enfoque de la herramienta es preventivo y busca advertir escenarios que podrían derivar en problemas mayores, si no son gestionados oportunamente por las instituciones involucradas.
En esa línea, la contralora general Dorothy Pérez precisó el alcance del reporte. “La herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que podrían derivar en conflictos de interés”, descartando que se trate de imputaciones directas o conclusiones sancionatorias.
Control preventivo y posibles fiscalizaciones
El objetivo del reporte es fortalecer la gestión institucional. Los antecedentes serán puestos a disposición de municipios, gobiernos regionales y SUBDERE, con el fin de reforzar sus sistemas de control interno y prevenir riesgos en la ejecución de recursos públicos.
Además, la información levantada podría derivar en nuevas acciones. Si las alertas se traducen en hechos concretos, se podrán iniciar fiscalizaciones específicas o determinar responsabilidades administrativas, e incluso presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando corresponda.
El despliegue de RADAR marca un cambio en la lógica de fiscalización del Estado. El foco se desplaza hacia un control preventivo basado en datos, que permite anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones en la administración pública.
El informe instala una señal sobre la gestión de compras en el sector público. La magnitud de los recursos involucrados y la recurrencia del trato directo abren una discusión sobre estándares de contratación, en un escenario donde la transparencia y la probidad siguen bajo escrutinio.
