Un estudio aplicado a datos reales del transporte urbano proyecta una caída significativa de CO₂ y mejoras en calidad de vida, aunque advierte que infraestructura, costos y regulación siguen siendo barreras críticas para avanzar en electromovilidad
La pregunta parece simple, pero su impacto es profundo: ¿qué pasaría si todos los buses fueran eléctricos? En Chillán y Chillán Viejo, la respuesta ya tiene cifras concretas. Un estudio desarrollado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción proyecta que la electrificación total del transporte público permitiría reducir más de un 60% de las emisiones de CO₂ equivalente, instalando un escenario que cambia la escala del debate sobre movilidad urbana en ciudades intermedias.
No se trata de una estimación teórica. La investigación se basa en datos reales del sistema de transporte, considerando recorridos, consumo de combustible y tamaño de flota, lo que permite dimensionar con mayor precisión el impacto de una eventual transición.
El resultado es concreto: se podrían evitar cerca de 9.400 toneladas de CO₂ al año, una cifra que posiciona a la electromovilidad como una de las palancas más relevantes para reducir emisiones en el transporte urbano.
Una reducción que podría ser aún mayor
El estudio, publicado en la revista Sustainability, se desarrolló bajo estándares internacionales de medición, utilizando la metodología ISO 14064 para cuantificar emisiones. Desde esa base, los investigadores proyectan que el impacto de la electrificación no es estático, sino que podría crecer en el tiempo.
El director del proyecto FIC y académico del Centro de Energía UCSC, Eduardo Espinosa, lo explica con claridad al señalar que “la reducción estimada es de poco más del 60% de las emisiones, lo que es bastante significativo, pero incluso podría ser mayor a medida que la matriz energética chilena incorpore más energías renovables”, destacando que el beneficio ambiental depende directamente de la evolución del sistema eléctrico.
En ese escenario, agrega que “mientras más dependiente sea la matriz energética de energías renovables, más limpia va a ser la electromovilidad”, lo que abre una segunda dimensión del análisis: la transición no solo depende del transporte, sino también de cómo se genera la energía.
Más que emisiones, un cambio en la calidad urbana
El impacto de reemplazar buses diésel no se limita a los gases de efecto invernadero. El estudio advierte que la electromovilidad también tendría efectos directos en la calidad del entorno urbano, especialmente en variables que afectan la vida cotidiana.
Espinosa plantea que “si bien el principal responsable de la mala calidad del aire en invierno es la combustión de leña, el cambio a buses eléctricos sí mejoraría otros gases contaminantes y además genera beneficios en confort”, destacando que los vehículos eléctricos no producen ruido y ofrecen mejores condiciones para los pasajeros.
Este punto es clave. La discusión sobre transporte suele centrarse en emisiones, pero la reducción de ruido y la mejora en la experiencia de viaje también forman parte del impacto, especialmente en ciudades donde el transporte público define buena parte de la dinámica urbana.
El tamaño del desafío: infraestructura, costos y regulación
El escenario proyectado es relevante, pero no inmediato. La investigación advierte que avanzar hacia una electrificación total del transporte público enfrenta obstáculos estructurales que van más allá de la tecnología.
Uno de los principales desafíos es la infraestructura eléctrica. El propio Espinosa lo explica al señalar que “la demanda energética es relevante. El sistema eléctrico está preparado para las cargas actuales, pero una electrificación total del transporte requiere adecuaciones en la red de distribución”, instalando una brecha que obliga a planificar inversiones y coordinación entre actores.
A esto se suma una limitación crítica en el diseño de políticas públicas. Según el académico, “existen programas como Renueva tu Micro que financian la renovación del bus, pero no financian el cargador”, lo que evidencia una desconexión entre la adquisición de vehículos y la infraestructura necesaria para operarlos.
En paralelo, persisten barreras económicas y regulatorias que dificultan la implementación a escala, desde costos iniciales hasta permisos para infraestructura de carga. En conjunto, estos factores configuran un sistema donde la solución técnica existe, pero su despliegue enfrenta múltiples cuellos de botella.
Una oportunidad para redefinir el transporte en ciudades intermedias
El estudio se enmarca en el proyecto FIC-R 40050692, financiado por el Gobierno Regional de Ñuble, que busca precisamente identificar brechas y diseñar estrategias para avanzar en electromovilidad. Su foco no es solo medir impactos, sino construir una hoja de ruta para una transición posible.
En ese sentido, Chillán aparece como un laboratorio relevante. No es una gran capital, pero tampoco un sistema pequeño. Es una ciudad intermedia donde las decisiones pueden tener impacto directo y medible. Y donde la pregunta inicial deja de ser hipotética.
Porque al final, la discusión no es si la electromovilidad reduce emisiones. Eso ya está demostrado. El punto es otro: qué tan preparado está el sistema para dar ese salto y en qué plazos puede hacerlo realidad.
