La Fiscalía pidió al TDLC multas por más de US$39 millones contra Pluxee, ex Sodexo, tras investigar un presunto reparto de clientes en servicios de alimentación y vestuario entre 2013 y 2021
La Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento contra Pluxee Chile S.A., ex Sodexo, Edenred Chile S.A. y cuatro exejecutivos de ambas compañías, por un presunto acuerdo de asignación de zonas o cuotas de mercado en servicios de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario. Según la acusación, el acuerdo se habría ejecutado al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021.
De acuerdo con la FNE, ambas empresas habrían dejado de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada una mantuviera sus clientes. El organismo sostuvo que el mercado afectado era altamente concentrado, ya que Pluxee y Edenred mantuvieron conjuntamente una participación superior al 80%, con condiciones desfavorables para el ingreso de nuevos competidores.
Multa contra Pluxee y delación compensada para Edenred
La Fiscalía solicitó al TDLC aplicar a Pluxee una multa de 41.744 UTA, equivalentes a US$39,6 millones, además de una sanción de 110 UTA contra su exgerente general, equivalente a poco más de US$104 mil. En el caso de Edenred y tres de sus exejecutivos, la FNE pidió eximirlos de multas por haber cumplido los requisitos del programa de delación compensada.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, afirmó que “cuando las empresas renuncian a competir por precio o por calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en el atentado más grave contra la libre competencia, que es la colusión”. La autoridad agregó que la acusación busca sancionar una conducta que habría afectado necesidades básicas como la alimentación de trabajadores y estudiantes.
Cómo operaba el presunto cartel
La investigación de la FNE accedió a registros de comunicaciones entre ejecutivos de ambas empresas y realizó allanamientos en domicilios particulares. Según el requerimiento, los contactos comenzaron en 2013, luego de que Sodexo perdiera un contrato frente a Edenred, que habría presentado una oferta más atractiva para el cliente.
El organismo acusó que los ejecutivos se comunicaban mediante celulares de prepago, correos personales y aplicaciones como Telegram, con el objetivo de no dejar huella de la conducta ilícita. Incluso, algunas reuniones habrían sido agendadas como “Desayuno con primos CL” o “Reunión con los primos”, debido a que ambas firmas tenían en común pertenecer a capitales franceses.
Según la acusación, el acuerdo se habría implementado mediante coordinación de precios, presentación de ofertas de cobertura, abstención de participar en procesos de contratación o retiro de ofertas ya presentadas. Cuando una empresa perdía un contrato que debía mantener, se habrían aplicado compensaciones para asegurarle la adjudicación de otro negocio similar.
Impacto en privados y organismos públicos
Uno de los elementos más relevantes del caso es que el presunto cartel no sólo habría afectado a clientes privados. La FNE indicó que también impactó a organismos públicos que contrataron estos servicios a través de ChileCompra, durante la vigencia de convenios marco celebrados mientras habría operado el acuerdo.
En la investigación, uno de los ejecutivos declaró ante la Fiscalía que la lógica del acuerdo era “no me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor”, frase que, según el requerimiento, resumiría el objetivo de mantener los clientes de cada compañía y reemplazar la competencia por colaboración entre rivales.
TDLC deberá resolver
El caso queda ahora en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que deberá revisar los antecedentes y determinar si existió infracción. Por ahora, se trata de una acusación presentada por la FNE, por lo que las eventuales sanciones deberán ser establecidas por el tribunal.
La investigación vuelve a poner el foco en la fiscalización de mercados concentrados, la eficacia de la delación compensada y el impacto de la colusión en servicios que inciden directamente en trabajadores, estudiantes, empresas e instituciones públicas.
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