El retiro del respaldo del gobierno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet tensiona la política exterior chilena y abre un conflicto con efectos en el posicionamiento internacional del país y su capacidad de incidencia en el sistema multilateral
La decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de retirar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas abrió un conflicto político y diplomático de mayor alcance. La medida alteró una apuesta internacional impulsada como señal de posicionamiento país, en un escenario donde la política exterior chilena vuelve a tensionarse en espacios multilaterales.
Desde La Moneda, la decisión fue explicada en términos de viabilidad política, señalando que “el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas en América Latina y las diferencias con actores relevantes hacen inviable esta postulación y su eventual éxito en el proceso de selección”.
Según el propio mandatario es “muy complejo alcanzar los votos necesarios en el Consejo de Seguridad, donde finalmente se define la viabilidad real de cualquier candidatura”.
Frente a ese escenario, Bachelet respondió sin escalar el conflicto, pero confirmando su decisión de continuar. La exmandataria optó por mantener su candidatura pese al retiro del respaldo oficial, sosteniendo una posición que se apoya en la trayectoria internacional de Chile en el sistema multilateral, introduciendo una tensión política interna y mantiene activa la candidatura en el escenario internacional.
“Históricamente Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas. Esa ha sido una política de Estado que ha permitido al país tener una voz respetada en el ámbito internacional”, señaló.
Agregando que “mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta. Por ello continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto, que busca aportar a los desafíos globales desde una mirada latinoamericana”.
En la misma línea,resaltó “seguiré trabajando con la convicción de que los desafíos actuales requieren fortalecer el multilateralismo y promover la cooperación internacional, más allá de las legítimas diferencias políticas internas que puedan existir en cada país”.
Mientras en Chile se abría la disputa, la señal desde el exterior apuntó en otra dirección. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su apoyo en momentos en que la candidatura entraba en una nueva fase, señalando que “nosotros vamos a seguir apoyándola, no necesariamente se tiene que apoyar a una persona del propio país. Los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo los mismos: tiene experiencia, tiene una visión clara del papel de Naciones Unidas y creemos que puede cumplir un rol relevante en el contexto internacional actual”.
Y, en la misma intervención, sostuvo que “tiene mucha experiencia, busca la paz en el mundo, y plantea la necesidad de fortalecer Naciones Unidas como un organismo que contribuya a la resolución de conflictos internacionales y a la garantía de derechos. Nosotros consideramos que es una persona ideal para dirigir la ONU”.
En ese movimiento, el respaldo de México se articula con el apoyo previo de Brasil, la principal economía de Sudamérica, miembro del G20 y actor con capacidad de incidir en espacios multilaterales, mientras México se posiciona como una de las economías más integradas al sistema norteamericano y con influencia directa en la relación con Estados Unidos.
Oficialismo y oposición: dos lecturas del mismo escenario
En el oficialismo, el diputado Guillermo Ramírez defendió la decisión del Ejecutivo señalando que “no tenía sentido seguir comprometiendo recursos políticos en una candidatura que no tenía viabilidad real en el sistema internacional. El Consejo de Seguridad funciona sobre equilibrios de poder, y Chile no estaba en condiciones de asegurar esos respaldos”.
Ramírez, también presidente de UDI, agregó que “la política exterior también implica priorizar. Hoy el país enfrenta desafíos urgentes y el foco debe estar en generar resultados concretos en esas áreas”.
Desde la oposición, el excanciller José Miguel Insulza afirmó que “aquí había una oportunidad concreta de proyectar liderazgo internacional desde Chile. Retirar el respaldo debilita la posición del país y transmite una señal de inconsistencia que otros actores observan con atención”, añadiendo que “la política exterior chilena se ha construido sobre continuidad y acuerdos amplios. Cuando esas bases se alteran, lo que se resiente es la credibilidad del país en el sistema internacional”.
En ese sentido, la crítica se concentra en el impacto reputacional del país y en la señal proyectada hacia el sistema internacional. Situación que es compartida por el senador Ricardo Lagos Weber sostuvo que “Chile había construido una reputación basada en previsibilidad y seriedad, y lo que ocurre ahora introduce incertidumbre respecto de nuestras definiciones estratégicas, con efectos concretos en la capacidad de influencia internacional”.
Excancilleres y una advertencia de fondo
El pronunciamiento de excancilleres introdujo otro nivel en la discusión. Entre ellos, Heraldo Muñoz, José Miguel Insulza, Mariano Fernández, Ignacio Walker y Antonia Urrejola señalaron que “esta es una decisión que debió abordarse como política de Estado, porque la candidatura representa principios fundamentales de la política exterior chilena, como el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la promoción de los derechos humanos”.
También resaltaron que “retirar el respaldo proyecta una señal de inconsistencia que puede debilitar la capacidad de Chile de generar confianzas en el sistema internacional y afectar su proyección en el mediano plazo”.
En esa línea, la advertencia instala el debate en la política exterior como política de Estado y pone en cuestión la señal internacional que proyecta Chile.
Cómo se define la elección en la ONU y qué implica
El Secretario General no se elige por mayoría directa, sino a través del Consejo de Seguridad, donde quince países evalúan las candidaturas. Para avanzar, se requieren al menos nueve votos y evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes.
En este esquema, el proceso se define en el Consejo de Seguridad y queda condicionado por el poder de veto de las potencias (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido).
La Asamblea General —con 193 países— ratifica posteriormente la decisión. En esta etapa, la ratificación ocurre en la Asamblea General y el resultado ya ha sido definido previamente en el Consejo de Seguridad.
Más allá del resultado de la elección, lo ocurrido instala una discusión más profunda. Chile pasó de impulsar una candidatura con respaldo regional a enfrentar un debate interno sobre su coherencia internacional.
El efecto ya es visible: mientras el oficialismo ordena su posición en torno a la viabilidad, la oposición y el mundo diplomático advierten costos en la señal externa. Por ahora, la candidatura sigue en carrera con el apoyo de las dos economías más importantes de América Latina.
