Alcaldes, parlamentarios y el Gobierno Regional acordaron llevar el debate a Santiago para revisar el mecanismo de distribución de patentes mineras, luego de ajustes legales y administrativos que podrían disminuir recursos clave para comunas del principal distrito minero del país
En el desierto más árido del planeta, donde enormes camiones cargan toneladas de mineral día y noche, se genera buena parte de la riqueza minera que sostiene a Chile. Sin embargo, en las comunas que conviven diariamente con esa actividad, el debate sobre cuánto de esos recursos permanece realmente en el territorio vuelve a instalarse con fuerza.
Durante los últimos días, alcaldes, parlamentarios y autoridades del Gobierno Regional de Antofagasta acordaron impulsar gestiones ante el nivel central para revisar el mecanismo de distribución de patentes mineras, luego de advertir que cambios legales recientes y ajustes administrativos podrían reducir significativamente los recursos que reciben las municipalidades.
La preocupación surgió tras una reunión convocada por la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), donde autoridades locales analizaron el impacto que podría tener la actual fórmula de distribución en los presupuestos comunales.
En muchas comunas del norte, los ingresos provenientes de patentes mineras permiten financiar obras públicas, programas sociales y servicios básicos, por lo que cualquier reducción en estos montos repercute directamente en la capacidad de los municipios para responder a las demandas de sus comunidades.
Municipios alertan impacto en sus presupuestos
El alcalde de San Pedro de Atacama y presidente de AMRA, Justo Zuleta, explicó que “Como municipios estamos muy impactados por la fórmula que se aplicó a partir de la modificación de la Ley 21.420. Lo que estamos viendo hoy es que recursos que eran relevantes para nuestras comunas comienzan a disminuir y eso afecta directamente nuestra capacidad de responder a las demandas del territorio”.

A ello se suma un proceso iniciado por la Tesorería General de la República, que busca recuperar recursos que habrían sido transferidos en exceso en años anteriores.
“Se están generando descuentos progresivos por recursos que, según Tesorería, habrían sido entregados de más en años anteriores, especialmente durante 2023 y 2024. Eso significa que ahora los municipios tendremos que enfrentar rebajas importantes en nuestros ingresos”, explicó Zuleta.
Ajustes administrativos que presionan las finanzas locales
Parte de la controversia se origina en errores detectados en la aplicación del mecanismo nacional de distribución de patentes mineras, lo que habría derivado en transferencias superiores a las que correspondían a algunos municipios.
Tras identificar esas diferencias, el Estado inició un proceso para recuperar los montos, lo que podría traducirse en descuentos progresivos a las municipalidades durante los próximos años, un escenario que, según las autoridades regionales, podría extenderse incluso hasta 2027.
Para varias comunas del norte grande, este proceso coincide además con un momento de mayor demanda por inversión pública, infraestructura urbana y servicios locales, lo que incrementa la presión sobre los presupuestos municipales.
El impacto de la Ley 21.420
A esta situación se suma la modificación introducida por la Ley 21.420, promulgada en 2022 como parte del paquete de medidas destinadas a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La normativa estableció un límite anual de 80 millones de dólares para la distribución de recursos provenientes de patentes mineras entre regiones y municipios. Una vez superado ese monto, los excedentes pasan directamente al Tesoro Público.
Aunque la ley mantiene formalmente la distribución histórica —50% para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y 50% para las municipalidades— el nuevo límite implica que parte de los ingresos generados por la minería ya no llega a los territorios donde se produce.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, cuestionó esta situación, enfatizando que “Es inaudito que las regiones que más producen en minería reciban menos recursos a través de estos fondos destinados a los municipios. La minería genera riqueza en estos territorios y es lógico que parte de esos recursos se traduzcan en mejores condiciones para las comunidades”.
Comunas mineras y recursos por patentes
| Comuna | Provincia | Actividad minera predominante | Recursos estimados por patentes (anuales) |
|---|---|---|---|
| Calama | El Loa | Cobre (Chuquicamata, Radomiro Tomic) | US$8 – 12 millones |
| Antofagasta | Antofagasta | Cobre / servicios mineros | US$5 – 8 millones |
| Sierra Gorda | Antofagasta | Cobre (Centinela, Sierra Gorda SCM) | US$3 – 6 millones |
| San Pedro de Atacama | El Loa | Litio / cobre | US$2 – 4 millones |
| Taltal | Antofagasta | Cobre | US$1 – 3 millones |
| Mejillones | Antofagasta | Servicios portuarios mineros | US$1 – 2 millones |
| María Elena | Tocopilla | Minería metálica | US$0,5 – 1,5 millones |
Montos referenciales basados en estimaciones históricas de recaudación por patentes mineras.
Un debate histórico en las regiones mineras
La discusión sobre patentes mineras se conecta con un debate más amplio que las regiones productoras han sostenido durante décadas: cuánta autonomía fiscal deberían tener los territorios que generan gran parte de la riqueza minera del país.
El senador por Antofagasta Esteban Velásquez recordó que este tema ha sido una demanda persistente en la región. “La historia es larga y conocida. A la Región de Antofagasta le ha costado años avanzar para contar con recursos propios que permitan mayor autonomía política y fiscal. Hoy no corresponden rebajas de este tipo en razón de las patentes mineras”, señaló.
Gestiones en Santiago para revisar el sistema
Frente a este escenario, alcaldes y autoridades regionales acordaron iniciar gestiones ante el gobierno central para revisar la aplicación de la normativa y buscar alternativas que mitiguen el impacto en los presupuestos comunales.
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, resaltó que “Tenemos tareas por delante como alcaldes de la región: reunirnos con las autoridades correspondientes en Santiago para lograr una distribución más justa que afecte lo menos posible a las comunas que albergan la actividad minera”, indicó.
La discusión que ahora se trasladará a la capital podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre cómo vincular el liderazgo minero de Chile con el desarrollo efectivo de sus territorios productores.
Porque, en el norte del país, donde la minería marca el ritmo de la economía, la pregunta sigue siendo la misma: cuánta de esa riqueza vuelve realmente a las comunidades que conviven con la industria todos los días.



