El Senado aprobó en general una iniciativa que eleva penas, fortalece al ISP y castiga recetas fraudulentas. Los decomisos crecieron 130% en tres años y durante 2025 se destruyeron más de 48 toneladas de fármacos ilícitos
El Senado avanzó en una respuesta más dura contra el mercado ilegal de medicamentos, una actividad que se extiende por redes sociales, internet, ferias libres y cadenas de distribución intervenidas por organizaciones criminales.
La Sala aprobó en general el proyecto que regula la comercialización de productos farmacéuticos y crea nuevas sanciones administrativas y penales. La iniciativa, correspondiente al boletín 15.850-11, seguirá en su primer trámite constitucional y recibirá indicaciones hasta el 14 de agosto.
Decomisos y robos en aumento
Los antecedentes expuestos durante el debate muestran la magnitud del problema. Los decomisos de medicamentos ilegales aumentaron 130% en tres años. Durante 2025, la autoridad sanitaria retiró y destruyó más de 48 toneladas, mientras los robos a vehículos de transporte farmacéutico crecieron sobre 400%.
El presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, explicó que la propuesta combina herramientas sanitarias y penales para cerrar los canales de comercialización. “Se hace un abordaje integral en lo sanitario y penal para frenar la proliferación en redes sociales, internet y ferias libres”, afirmó.
El avance legislativo se relaciona con la expansión de las economías ilícitas que operan junto al comercio formal, utilizando productos de alta demanda para sostener otras actividades delictuales.
Penas y nuevas facultades para el ISP
El texto sanciona con penas de cinco años y un día a diez años la venta de medicamentos en lugares no autorizados o mediante internet. También castiga la fabricación, importación y comercialización de productos falsificados, además del robo o hurto desde camiones, bodegas y recintos farmacéuticos.
Cuando exista una organización detrás de estos delitos, podrán aplicarse técnicas especiales de investigación. La iniciativa eleva además las sanciones para profesionales de la salud que receten sabiendo que los medicamentos serán desviados al comercio ilícito.
El Instituto de Salud Pública podrá exigir información sobre producción, importación, abastecimiento, ventas y pérdidas en toda la cadena. Sus fiscalizadores estarán facultados para requerir antecedentes comerciales y tributarios, además de tomar muestras en aduanas e instalaciones.
El Gobierno respaldó la iniciativa. El ministro de la Segpres, José García, transmitió el apoyo del Ministerio de Salud, aunque planteó que el articulado deberá perfeccionarse durante su discusión particular.
La aprobación general todavía no convierte el proyecto en ley. El siguiente paso será precisar las penas, las atribuciones fiscalizadoras y las garantías necesarias para diferenciar incumplimientos administrativos de redes dedicadas a falsificar, robar o vender productos sin autorización sanitaria.
El desafío será impedir que los medicamentos pasen desde la cadena formal hacia ferias y plataformas digitales. La venta ilegal ya aparece vinculada con mercados que fortalecen al crimen organizado y pone en riesgo a quienes compran sin conocer el origen, la composición ni las condiciones de almacenamiento del producto.
