La exministra de Seguridad pidió a Contraloría reconsiderar el pronunciamiento que cuestionó su oficio reservado a la PDI. Mientras tanto, diputados opositores impulsan una comisión investigadora y mantienen abierta la posibilidad de avanzar hacia una acusación constitucional
La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ingresó una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República para intentar dejar sin efecto el dictamen que cuestionó el oficio reservado enviado a la Policía de Investigaciones pocos días después de asumir el cargo.
El pronunciamiento del órgano fiscalizador concluyó que la entonces secretaria de Estado no se ajustó estrictamente a las atribuciones de su cargo al requerir antecedentes reservados sobre funcionarios policiales vinculados a una investigación penal en curso. También observó que su actuación no se avenía con el deber de abstención, debido a su relación previa con la causa durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá.
En su presentación, Steinert sostuvo que el dictamen contiene errores de derecho, afectó su derecho a defensa y realizó una interpretación restrictiva de las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad Pública. La exautoridad pidió que Contraloría reconsidere sus conclusiones o, de manera subsidiaria, precise el alcance del reparo formulado.
El oficio reservado que abrió el caso
El caso se originó en el Oficio Reservado N° 28, enviado el 13 de marzo de 2026 al director general de la PDI. En ese documento, Steinert solicitó información sobre funcionarios de una brigada vinculada a investigaciones por crimen organizado y narcotráfico, en una causa que había conocido previamente durante su paso por el Ministerio Público.
De acuerdo con los antecedentes del dictamen, la solicitud incluyó información sobre funcionarios trasladados o cesados, además de datos administrativos, disciplinarios y penales. Para Contraloría, el nivel de detalle requerido excedió el marco de atribuciones de la autoridad ministerial, especialmente porque se trataba de antecedentes asociados a una investigación en desarrollo.
La exministra sostiene una interpretación distinta. En la reconsideración, argumentó que el Ministerio de Seguridad cuenta con facultades legales para requerir antecedentes a otros organismos del Estado, incluso si se trata de información reservada, siempre que se mantengan los deberes de confidencialidad correspondientes.
El episodio se suma a una etapa de ajustes en la conducción política de seguridad, marcada por el primer cambio de gabinete a solo 69 días de iniciado el mandato, instancia en que Steinert dejó la cartera y fue reemplazada por Martín Arrau.
Los argumentos de Steinert
La presentación de Steinert apunta a tres aspectos principales. El primero es la interpretación de las atribuciones del ministerio. Según su defensa, la Ley N° 21.730, que creó la nueva institucionalidad de Seguridad Pública, permite solicitar antecedentes a otras instituciones para cumplir funciones de coordinación y conducción estratégica.
El segundo punto se relaciona con el deber de abstención. La exministra afirmó que Contraloría no identificó un interés personal, patrimonial o familiar que justificara aplicar ese estándar. A su juicio, el dictamen no explica de qué manera su rol anterior como fiscal regional afectaba su imparcialidad al momento de enviar el oficio.
El tercer argumento apunta al procedimiento. Steinert señaló que no fue notificada formalmente del dictamen, pese a que el pronunciamiento contiene un reproche directo a su actuación. Por esa razón, alegó una vulneración a su derecho a defensa.
La solicitud principal es que Contraloría deje sin efecto la conclusión que cuestionó el oficio reservado. De manera subsidiaria, pidió que el dictamen sea aclarado y que el reparo quede circunscrito al nivel de detalle de la información solicitada, sin afectar la facultad general del ministerio para requerir antecedentes a las policías.
| Aspecto | Dictamen de Contraloría | Planteamiento de Steinert |
|---|---|---|
| Oficio reservado | La solicitud no se ajustó estrictamente a sus atribuciones | El ministerio tenía facultades para pedir antecedentes |
| Información requerida | El nivel de detalle excedió el marco ministerial | La reserva podía resguardarse bajo confidencialidad |
| Deber de abstención | Debía evitar intervenir por su vínculo previo con la causa | No existía interés personal o patrimonial identificado |
| Derecho a defensa | El dictamen formuló un reproche directo | La exministra afirma que no fue notificada formalmente |
| Alcance del dictamen | Limita el tipo de antecedentes que puede pedir la autoridad | La defensa sostiene que restringe funciones del ministerio |
Comisión investigadora en la Cámara
La solicitud de reconsideración se conoce mientras parlamentarios de oposición impulsan una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados para revisar el caso. La instancia buscará establecer los antecedentes administrativos y políticos relacionados con el oficio enviado a la PDI, además de determinar si otras autoridades tuvieron conocimiento previo o posterior de la solicitud.
La oposición optó, por ahora, por una comisión investigadora antes que por una acusación constitucional. El objetivo declarado es reunir información, revisar la actuación de los organismos involucrados y evaluar eventuales responsabilidades políticas a partir de los antecedentes que se reciban durante el trabajo parlamentario.
La posibilidad de una acusación constitucional no ha sido descartada. El plazo para presentar un eventual libelo contra Steinert vence el 19 de agosto, considerando que se trata de una exministra. Por ello, las conclusiones de la comisión podrían incidir en los pasos posteriores que adopten los diputados.
Desde el Gobierno, el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha señalado que la cartera respetará los pronunciamientos de Contraloría y colaborará con los requerimientos de información que surjan desde el Congreso. También ha marcado que el ministerio debe cumplir un rol de coordinación estratégica y no intervenir en investigaciones penales específicas.
Seguridad ajusta su funcionamiento
El caso instala una discusión sobre los límites operativos del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, creado para separar la conducción de esta área del Ministerio del Interior y fortalecer la coordinación con policías y organismos del Estado.
Tras asumir la cartera, Arrau inició un reordenamiento interno del Ministerio de Seguridad, con cambios en equipos y definiciones sobre el funcionamiento de una institucionalidad todavía en etapa de instalación.
La controversia abierta por el oficio reservado obliga ahora a precisar hasta dónde llegan las facultades del ministerio para requerir información a las policías, especialmente cuando existen causas penales en curso o antecedentes protegidos por reserva.
La decisión final quedará en manos de Contraloría, que deberá resolver si acoge o rechaza la reconsideración presentada por Steinert. En paralelo, la Cámara avanzará con la comisión investigadora, instancia que podría determinar si el episodio queda limitado a un debate administrativo o si deriva en nuevas acciones políticas durante las próximas semanas.
