El mercado SaaS chileno superará USD 1.500 millones en 2030, pero los vacíos legales en contratos y propiedad intelectual frenan un desarrollo mayor del sector
El mercado de software como servicio en Chile ya supera los USD 600 millones y se proyecta que triplicará su tamaño al 2030. Sin embargo, el avance tecnológico convive con un problema creciente: la falta de protección legal del software y las marcas en startups y empresas en expansión.
Casos recientes revelan la magnitud del desafío. Una healthtech chilena denunció que un competidor compró palabras clave con su marca en Google Ads para desviar tráfico. En el sector minero, un proveedor descubrió que parte de su código había sido replicado tras una demo comercial. Ambos episodios terminaron en tribunales y reflejan cómo el boom tecnológico se enfrenta a vacíos contractuales y marcos jurídicos obsoletos.
Según Verified Market Research, el mercado chileno de SaaS fue valorado en USD 608 millones en 2023 y alcanzará los USD 1.573 millones en 2030, con un crecimiento anual de 12,86% entre 2024 y 2030. Este desarrollo convive con una débil cultura de contratos y registros que amenaza la consolidación de startups en Chile y Latinoamérica.
En este escenario surge el estudio boutique von Marttens, fundado por el abogado Hans von Marttens y la procuradora Daniela Torres, que busca blindar software, marcas y licencias. “El mayor riesgo para un software no es el hacker, es el mal contrato”, advierte Hans, con más de una década de experiencia en propiedad intelectual.
Contratos y propiedad intelectual
En Chile, el software está protegido por la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, que lo reconoce como “programa computacional”. Aunque la protección nace con la creación del código, en la práctica se exige el registro en el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) para acreditar titularidad.
“Vemos startups que entregan productos sin definir la propiedad del código ni establecer cesiones claras. Esa falta de orden se convierte en conflictos de propiedad, bloqueos comerciales y alertas en auditorías de inversión”, señala von Marttens.
El estudio trabaja en tres frentes: prevención, saneamiento jurídico y litigación estratégica. Esto incluye contratos de confidencialidad, licencias de software, acuerdos de cesión y acompañamiento en expansiones internacionales mediante sistemas como Madrid (para marcas) o PCT (para patentes).
Educación para el ecosistema tecnológico
Más allá de los tribunales, el equipo impulsa guías de buenas prácticas legales para fundadores, CTOs y desarrolladores. “Cada línea de código debe tener un dueño y trazabilidad contractual. Cuando eso está claro, se abren ventas B2B, integraciones y auditorías de inversión”, agrega.
La conclusión es clara: el crecimiento del software en Chile y la región requiere blindaje legal. Sin contratos y registros adecuados, las startups arriesgan perder innovación, frenar ventas y limitar el acceso a inversión. El desafío es convertir el conocimiento intangible en un activo seguro que impulse expansión y competitividad.
