El proyecto, en segundo trámite, incorpora nuevas prohibiciones para el ingreso al país y amplía causales de expulsión, entre otras medidas
Tras escuchar al ministerio del Interior y a diferentes actores relacionados con la materia, la Comisión de Gobierno respaldó por unanimidad la idea de legislar del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.325, de migración y extranjería.
Una vez que la secretaría técnica emita el respectivo informe, el proyecto estará en condiciones de ser analizado, en general, por la Sala del Senado.
La instancia, presidida por el senador Manuel José Ossandón, en sendas sesiones, escuchó a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; al Servicio Jesuita Migrante; a la Corporación Humana, organización Migrantes y colectivo Sin Fronteras; y a Álvaro Bellolio.
Alcances
Desde el Ejecutivo se detallaron los alcances de la norma que modifica las prohibiciones de ingreso al país, incorporando las causales: condenas por violencia intrafamiliar, delitos vinculados al crimen organizado y delitos que penaliza a quien amenace u otorgue beneficio económico para que se omita o altere una prueba en juicio.
Se amplían las causales de expulsión del país, incluyendo condenados en el extranjero en los últimos 10 años por crimen o en los últimos 5 años por simple delito y a los extranjeros que se encuentren con procesos judiciales pendientes en el extranjero o prófugos. Además, incorpora nuevas causales de rechazo de permiso de residencia y de su revocación.
Derechos Sociales
Las mayores diferencias, se reconoció, están relacionadas con las normas sobre derechos sociales. Para este punto, se precisó que la Cámara incorporó, a apropósito de derechos sociales en general y los derechos a la salud y educación, en particular, el hecho de que la situación migratoria irregular no sea una circunstancia adicional a considerar para el acceso a beneficios del Estado.
Adicionalmente, sobre salud y educación se establece expresamente el deber de solicitar el enrolamiento de los extranjeros en condición migratoria irregular.
Al respecto, la senadora Luz Ebensperger reiteró que no puede haber ningún tipo de discriminación arbitraria y recordó la situación de un instructivo JUNJI que priorizaba el ingreso de niños migrantes y sobre “situaciones comparables”, enfatizó que “el migrante clandestino no puede trabajar, no hay trabajo comparable”.
Nacionalización
Otro de los aspectos incorporados en el proyecto son las modificaciones sobre normas de nacionalización, que aumenta el periodo de residencia exigido, pasando de 5 años a 10 años de residencia definitiva continuada.
Modifica, además, el registro nacional de extranjeros para incorporar los datos biométricos de extranjeros en situación irregular; fija procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes no acompañados o sin documentos; se rebaja el plazo para impugnar la orden de expulsión de 10 días corridos a 5 días hábiles.
También modifica las sanciones a los medios de transporte, aumentando multas y en el Código Penal aumenta las penas de quienes promuevan la entrada ilegal al país de personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso, entre otros aspectos.
El senador Ossandón hizo notar que el texto habla de expulsiones, “pero no se habla de cómo se hará. (…) Para mí (la migración ilegal) es una bomba de tiempo social”.
Las y los legisladores coincidieron en que se deben buscar fórmulas para no incentivar la migración ilegal y el senador Esteban Velásquez reconoció que “la migración a nivel planetario parece que no tuviera vuelta, pero sí es necesario ver cómo mitigarla en nuestro país”.
