Por Pablo Carrizo O. Director Ejecutivo TSD Consulting
En Chile discutimos la salud pública principalmente desde las listas de espera, la falta de especialistas, los hospitales y los recursos disponibles para atender enfermedades. Son problemas urgentes. Sin embargo, seguimos prestando poca atención a las condiciones que hacen que las personas enfermen.
La evidencia demuestra que los ingresos, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación y el entorno donde vivimos influyen directamente en nuestra salud. La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 ya mostraba importantes desigualdades asociadas al nivel educacional y a la prevalencia de enfermedades crónicas.
Desde esta perspectiva, resulta relevante la salutogénesis¹, un enfoque que propone identificar y fortalecer las condiciones que permiten conservar la salud, complementando la prevención y el tratamiento de las enfermedades.
Pensemos en dos personas hipertensas que reciben los mismos medicamentos e indicaciones médicas. Una dispone de ingresos suficientes, tiempo para ejercitarse y espacios adecuados. La otra enfrenta largas jornadas laborales, desplazamientos extensos y restricciones económicas que condicionan su alimentación y descanso. Reciben prestaciones equivalentes, pero sus posibilidades de mantenerse saludables son muy distintas.
Esta realidad evidencia una debilidad persistente del Estado chileno: las políticas sanitarias han privilegiado la atención de enfermedades, mientras las decisiones sobre sus determinantes sociales permanecen dispersas entre ministerios, servicios y municipios.
El proyecto de Presupuestos 2027 del Gobierno de José Kast vuelve especialmente relevante esta discusión. El Ejecutivo plantea ajustes y eliminación de programas bajo criterios de eficiencia y responsabilidad fiscal. Evaluar el gasto público es indispensable, pero también lo es comprender las consecuencias de esas decisiones sobre las condiciones de vida.
La eliminación propuesta de la beca de computadores para estudiantes vulnerables resulta ilustrativa. Hacienda argumenta problemas de efectividad. Corresponde evaluar y corregir, pero también considerar las brechas educativas y digitales que justificaron su creación. La educación es uno de los determinantes sociales de la salud.
Me preocupa una orientación gubernamental que parece entender la eficiencia principalmente desde el ajuste financiero, sin demostrar suficientemente cómo sus decisiones resguardarán los efectos sociales de largo plazo. El presupuesto todavía se discute, pero sus prioridades ya expresan una determinada concepción del Estado.
El ministro Quiroz llegó al Congreso con el presupuesto en un maletín cerrado con dos candados. Hacienda quiso representar austeridad, pero terminó proyectando otra señal: un presupuesto bajo llave y una preocupante falta de apertura al diálogo. Las decisiones que afectan la vida de millones de personas requieren participación, fundamentos y disposición a escuchar.
Chile necesita incorporar evaluaciones de impacto en salud en políticas relevantes de vivienda, trabajo, transporte y protección social, fortalecer la coordinación interministerial y entregar mayores capacidades preventivas a los municipios.
El Gobierno ya ha demostrado su disposición a trasladar los costos del ajuste fiscal a las personas. Profundizar esa lógica mediante recortes sociales afectará las condiciones que determinan su salud. La verdadera responsabilidad fiscal exige considerar esas consecuencias: la salud pública comienza mucho antes de llegar al consultorio y también depende de las decisiones del presupuesto, que pueden mejorar o deteriorar las condiciones que permiten conservarla.
¹ Salutogénesis: concepto desarrollado por el sociólogo médico Aaron Antonovsky que estudia los factores y recursos que favorecen la salud y el bienestar, en lugar de concentrarse exclusivamente en las causas de la enfermedad.
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