El tema se dialogó en un seminario organizado por la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás Valdivia y Corma, donde participaron expositores del gremio forestal, Fiscalía, Conaf y Servicio de Impuestos Internos (SII)
Según las estimaciones del gremio forestal, el año 2021 el delito de robo de madera alcanzó un perjuicio cercano a los 92 millones de dólares, esto equivale a por lo menos 150 camiones diarios, que transitaron por las rutas de nuestro país con productos robados sin ser detenidos ni fiscalizados.
Antecedentes que se dieron a conocer en el seminario “Alcances de la Ley 21.488” realizado en Valdivia y donde se plasmaron los principales aspectos de la nueva normativa legal y los desafíos que enfrentan los persecutores y fiscalizadores como también el propio gremio forestal.
Eric Aguayo, abogado asesor de la Fiscalía de Los Ríos, aclaró que, si bien en esta región el delito de robo de madera no es tan común como en las vecinas Araucanía y Biobío, es una materia de preocupación para el ministerio público, agregando que la entrada en vigencia de esta nueva ley otorga facultades especiales a los persecutores.
“Acá se introducen cambios importantes, y, a los abogados de la fiscalía nos permite la opción de diligencias intrusivas como la interceptación telefónica u otras que se consideren necesarias para el éxito de una investigación. Eso hay que fundamentarlo ante un juez y para ello es importante el trabajo de las policías, pero demuestra un avance y ha dado buenos resultados en las investigaciones”, sostuvo Aguayo.
“Acá se introducen cambios importantes, y, a los abogados de la fiscalía nos permite la opción de diligencias intrusivas como la interceptación telefónica u otras que se consideren necesarias para el éxito de una investigación. Eso hay que fundamentarlo ante un juez y para ello es importante el trabajo de las policías, pero demuestra un avance y ha dado buenos resultados en las investigaciones”, sostuvo Aguayo.Para la Corporación Nacional Forestal – Conaf, la ley es un complemento a lo que han realizado históricamente, viene a apoyar y mejorar el trabajo de fiscalización en rutas y predios.
Así lo aseguró el jefe del departamento de fiscalización y evaluación ambiental de Conaf Los Ríos, Marcos Flores. “Para nosotros la nueva ley sin duda que es un apoyo, ya que complementa la norma al permitirnos fiscalizar en origen especies exóticas. Actualmente estamos a la espera del reglamento y de los procedimientos que instruye el SII, pero todo mejorará ostensiblemente el trabajo que como fiscalizadores debemos realizar”.
Por su parte, el ingeniero civil de la Corporación Chilena de la Madera – Corma, Pablo Alarcón, dijo que el gremio ha mejorado procedimientos para terminar con estos delitos, desarrollando hace al menos 2 años el proyecto Buena Madera, cuyo objetivo es evitar el robo de madera, considerando una mesa de gobernanza, difusión, entre otros aspectos y que entrega transferencia tecnológica y métodos de control.
Alarcón agregó que “Aún es muy pronto para hablar de los efectos de esta ley, pero lo que sí podemos decir es que el mundo forestal se unió para sacar adelante este proyecto y ese es un factor de éxito. Ya no se habla -en el sector forestal- de trazabilidad, control de origen o buena madera, eso ya es una obligatoriedad. Ahora, los desafíos van en la línea de cómo generamos la transferencia tecnológica para que todas las empresas puedan acceder a estos sistemas de control que hemos implementado”.
El seminario finalizó con las intervenciones de Moisés Cabrera y Gustavo Gutiérrez, ambos abogados del Servicio de Impuestos Internos, quienes aclararon aspectos administrativos que esta ley incorpora para mejorar las fiscalizaciones y los procedimientos de venta y transporte de madera, destacando además el acuerdo de colaboración tributaria entre la entidad pública y Corma.
Destacaron que desde el 2014 hay obligatoriedad para los procedimientos electrónicos tributarios, y en el caso de la madera existen las facturas de venta o compra y que por cada camión de transporte, debe existir una guía de despacho, documento que permitirá a los fiscalizadores validar si el producto es o no robado.
