El Gobierno busca ampliar la retención administrativa de personas con orden de expulsión y sancionar el traslado de migrantes irregulares, mientras el debate legislativo cruza control fronterizo, debido proceso y capacidad estatal
Por Daisy Castillo Triviños
La reforma migratoria anunciada por el Gobierno abrió un nuevo frente político en el Congreso y puso nuevamente bajo presión la capacidad del Estado para enfrentar la migración irregular. La propuesta busca ampliar de 5 a 60 días el plazo de retención administrativa de personas migrantes en situación irregular con orden de expulsión pendiente, con la posibilidad de prórrogas que podrían extender el período hasta 180 días. Además, el Ejecutivo anunció una modificación al Código Penal para sancionar el traslado de migrantes irregulares dentro del territorio nacional.
La iniciativa combina tres dimensiones que marcarán la discusión legislativa: los plazos de retención, la seguridad fronteriza y los resguardos al debido proceso. Para el Gobierno, se trata de entregar más herramientas a la autoridad para identificar personas, verificar antecedentes y concretar expulsiones. Para sus críticos, el riesgo está en transformar una medida administrativa en una privación de libertad prolongada, con eventuales impactos en derechos fundamentales, infraestructura estatal y condiciones de retención.
Según la última estimación oficial disponible del Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones, en Chile residen 1,9 millones de personas extranjeras, de las cuales 336.984 se encuentran en situación irregular, equivalentes al 17,6% del total de la comunidad migrante en el país.
Una de las zonas donde el fenómeno ha tenido mayor expresión es la Región de Tarapacá, particularmente en Colchane, comuna fronteriza que durante los últimos años ha recibido el impacto directo de los ingresos por pasos no habilitados.
La presión sobre la infraestructura local, los servicios de salud, las escuelas y las redes de asistencia social ha convertido la gestión fronteriza en una demanda prioritaria para parte importante de la ciudadanía. Pero el debate que ahora llega al Congreso no se limita a endurecer controles: también obligará a definir cómo se ejecutan expulsiones, qué garantías se establecen durante la retención y si el Estado cuenta con capacidades reales para implementar la medida sin trasladar el problema al sistema penitenciario.
Control migratorio y debido proceso
La propuesta ya genera reparos en sectores de oposición, especialmente por la extensión del plazo de retención administrativa. Desde sectores de izquierda y de centroizquierda, los cuestionamientos apuntan a que una retención prolongada podría derivar en hacinamiento, separación familiar y una criminalización generalizada de personas cuya situación, en muchos casos, responde a una infracción administrativa y no a un delito.
También advierten que, sin centros especializados ni condiciones materiales suficientes, la medida podría trasladar presión al sistema penitenciario y abrir un flanco jurídico para el Gobierno. Ese punto será uno de los aspectos centrales de la discusión parlamentaria, porque el proyecto no solo modifica plazos: también obliga a revisar qué controles judiciales y administrativos deberán operar durante la retención.
La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, en conversación con nuestro medio dijo que cualquier medida que fortalezca el control migratorio debe ir acompañada del respeto al debido proceso y a los derechos humanos. “Chile necesita recuperar el control efectivo de sus fronteras y desincentivar las redes que lucran con el tráfico de personas. Detrás de muchos ingresos irregulares existen también organizaciones que se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes emigran. Si se persigue a quienes participan de estas redes, debe hacerse con inteligencia, con una coordinación institucional para obtener resultados concretos”.
La legisladora del PDG insistió en que el debate debe salir de la lógica declarativa y concentrarse en medidas aplicables. “Los chilenos esperan soluciones reales y no debates ideológicos. Eso es muy importante tenerlo claro. En materia migratoria se necesita firmeza para combatir la ilegalidad, pero también responsabilidad para implementar medidas que sean efectivas, fiscalizables y sostenibles en el tiempo”.
Respaldo desde la frontera norte
La reforma también suma respaldo entre parlamentarios que representan zonas directamente afectadas por la migración irregular. Quienes apoyan la iniciativa sostienen que ampliar el plazo de retención permitiría facilitar el trabajo de la PDI y la Cancillería al momento de verificar antecedentes, tramitar decretos de expulsión y coordinar vuelos de retorno.
El senador Renzo Trisotti, de Republicanos, afirmó a PoderyLiderazgo que el Estado necesita herramientas más eficaces frente a la migración irregular. “Estas propuestas van en la dirección correcta, porque durante demasiado tiempo, Chile enfrentó la migración irregular con herramientas insuficientes. Si una persona ingresa ilegalmente al país, el Estado debe contar con el tiempo necesario para identificarla, verificar sus antecedentes y concretar los procedimientos de expulsión cuando corresponda”.
El legislador destacó además que “perseguir a quienes trasladan migrantes irregulares es fundamental. Detrás de estos ingresos existen verdaderas redes que lucran con la vulnerabilidad de las personas y que, muchas veces, están vinculadas al crimen organizado”.
El parlamentario de la Región de Tarapacá vinculó directamente la discusión legislativa con la realidad de la macrozona norte. “Hemos vivido en primera persona las consecuencias de la migración descontrolada y las medidas implementadas en estos tres meses de gobierno van en la línea correcta”.
En tanto, la diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, Joanna Pérez, indicó a este medio que el control de fronteras debe traducirse en herramientas concretas. “Es importante avanzar en sanciones para quienes facilitan el traslado de migrantes irregulares, especialmente, en la zona Norte. Lo relevante ahora es que estas medidas no queden solo en anuncios, sino que se transformen en herramientas efectivas para enfrentar un problema que preocupa a la ciudadanía”.
La parlamentaria recordó que en el Congreso se presentó una propuesta para habilitar espacios de internación provisoria, iniciativa que, dijo, no tuvo respaldo durante el gobierno anterior. “Si se hubiese avanzado en ese momento, hoy contaríamos con infraestructura para recibir a personas migrantes con orden de expulsión pendiente, mientras se coordinan los procedimientos para concretar su salida del país”.
Congreso deberá fijar los límites
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró los anuncios realizados por el Gobierno en materia migratoria y puso el énfasis en la necesidad de una tramitación rápida. “Hay consenso en la necesidad de contar con un país más seguro, con fronteras mejor resguardadas y con una migración regular y ordenada, materias que requieren decisión, coordinación institucional y respuestas oportunas”.
La parlamentaria de Renovación Nacional hizo hincapié en el rol que frente a este tema le corresponde al Poder Legislativo. “La responsabilidad del Congreso será abordar estas iniciativas con celeridad, entendiendo la urgencia que existe detrás de ellas y nuestro compromiso es facilitar una tramitación eficiente, que permita avanzar en las medidas anunciadas y responder a las necesidades de seguridad y control fronterizo que hoy demandan los chilenos”.
La discusión legislativa no solo medirá apoyos y rechazos a la política migratoria del Gobierno. También obligará al Congreso a resolver hasta dónde puede avanzar el Estado en materia de retención administrativa, qué controles judiciales deben existir, qué infraestructura se requiere y cómo compatibilizar seguridad fronteriza con garantías básicas para las personas sometidas a procesos de expulsión.
La percepción ciudadana sobre inmigración y seguridad será un factor clave en una tramitación que ya asoma como una de las discusiones políticas más sensibles para el Ejecutivo.
