La propuesta busca cesar a autoridades que consuman sustancias ilícitas, pero llega después de dos resultados positivos, una contramuestra pendiente y cuestionamientos por exámenes que, pese a ser públicos, fueron entregados parcialmente tarjados
El Presidente José Antonio Kast pidió actuar sin ambigüedades frente al consumo de drogas entre quienes ejercen cargos públicos. Desde La Moneda, el mandatario firmó una reforma constitucional que busca convertir la detección de sustancias ilícitas en causal de cesación para ministros, parlamentarios y autoridades territoriales.
“En esto tenemos que ser inflexibles, no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. La ciudadanía está esperando mayor transparencia de sus representantes y tenemos que recuperar la confianza en las instituciones”, sostuvo Kast.
La iniciativa fue presentada cuatro días después de la salida del subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez Oyarzún y un mes después de que el seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell, abandonara el Ejecutivo. Ambos casos estuvieron vinculados a resultados positivos, aunque dejaron interrogantes diferentes.
Rodríguez salió antes de conocerse la contramuestra y podría regresar al Gobierno si el resultado inicial se revierte. En el caso de Heiden, la autoridad dejó el cargo, pero la Subsecretaría de Agricultura entregó parcialmente tarjado un examen que, de acuerdo con la legislación, debía ser público.
La reforma busca elevar el estándar, pero inicia su recorrido legislativo bajo una contradicción: el Gobierno exige transparencia e inflexibilidad mientras todavía no aplica un procedimiento uniforme dentro de sus propias instituciones.
Dos positivos dentro del Ejecutivo
El exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez había obtenido un resultado negativo en abril. Una nueva muestra, tomada en junio, arrojó positivo y llevó al Gobierno a aceptar su renuncia el 23 de julio, sin esperar el análisis de la contramuestra.
Rodríguez negó consumir drogas, cuestionó el resultado y anunció que se sometería a nuevos controles en otros laboratorios. “El examen realizado en junio arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad. No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, afirmó.
La posibilidad de que Rodríguez sea reincorporado si la contramuestra resulta negativa expone uno de los principales vacíos que deberá resolver el Congreso: si la pérdida del cargo operará con la primera muestra positiva o solamente cuando el procedimiento haya concluido.
La diferencia no es menor. Una separación inmediata puede responder al estándar político definido por el Ejecutivo, pero también puede convertirse en una sanción anticipada si el resultado inicial es posteriormente descartado.
El primer caso conocido durante la administración de Kast había ocurrido en Arica y Parinacota. El 25 de junio, Jorge Heiden Campbell dejó la Seremi de Agricultura después de que el Gobierno recibiera los antecedentes de su examen.
Antes de que el Ministerio de Agricultura explicara la salida, Heiden comunicó a los funcionarios que había renunciado para aceptar una oferta laboral en Estados Unidos. Horas después, la cartera confirmó que su salida estaba relacionada con el resultado del control.
La existencia de dos explicaciones abrió dudas sobre la forma en que el Ejecutivo comunica la salida de sus autoridades. El problema aumentó cuando la Subsecretaría de Agricultura entregó el examen parcialmente tarjado y no informó públicamente qué sustancias habían sido detectadas.
El organismo invocó la protección de los datos personales del exseremi, pese a que la legislación establece que los resultados de los controles aplicados a las autoridades deben ser públicos.
Hasta ahora, Rodríguez y Heiden son los dos casos oficialmente vinculados a resultados positivos durante el Gobierno de Kast. No existen antecedentes suficientes para atribuir la misma causa a otras renuncias registradas durante los primeros meses de la administración.
Exámenes públicos sin un registro común
La normativa vigente ya obliga a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio a realizarse un examen al asumir y repetirlo al menos dos veces al año. Los controles deben practicarse mediante una muestra de pelo y sus resultados deben ser públicos.
El problema está en la aplicación. No existe una plataforma centralizada que permita conocer qué autoridades se sometieron al examen, cuándo fue practicado, cuál fue el resultado y si hubo contramuestras o impugnaciones.
La información permanece distribuida entre ministerios y servicios. Esa dispersión permite que una institución revele la existencia de una muestra positiva, otra entregue documentos parcialmente ocultos y una tercera se limite a comunicar una renuncia.
El proyecto firmado por Kast establece que las autoridades deberán someterse a controles al asumir y periódicamente durante el ejercicio del cargo. La detección de consumo de sustancias ilícitas permitirá iniciar el procedimiento para cesarlas.
El listado considera a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales.
Sin embargo, el texto conocido no determina dónde se publicarán los resultados, qué información podrá reservarse ni qué organismo será responsable de fiscalizar el cumplimiento de la obligación.
El Presidente queda fuera de la causal
Durante la presentación, Kast exhibió los exámenes que se practicó antes de asumir y durante el ejercicio de la Presidencia. El mandatario afirmó que publicará ambos resultados y que continuará sometiéndose a controles.
“La autoridad tiene que comenzar dando el ejemplo. Me realicé un examen antes de asumir y otro durante el ejercicio del cargo, y ambos resultados estarán disponibles. Este estándar debe alcanzar a quienes tienen responsabilidades públicas”, señaló.
Pese a ese compromiso, el Presidente de la República no aparece dentro del listado de autoridades a las que se aplicaría la nueva causal de cesación.
La Presidencia está sometida a un régimen constitucional distinto y el mandatario no puede perder su cargo mediante el mismo procedimiento que un ministro o una autoridad designada. Sin embargo, esa diferencia no impide establecer expresamente la obligación presidencial de realizarse controles periódicos y publicar sus resultados.
El proyecto tampoco menciona a jueces, fiscales, autoridades de la Contraloría ni a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías. Las omisiones anticipan una discusión sobre el alcance real de la reforma y los estándares que deberán cumplir las instituciones encargadas de investigar, perseguir o sancionar delitos relacionados con drogas.
La prueba será la aplicación
La reforma fija una señal política, pero las definiciones más complejas deberán resolverse durante su tramitación. El Congreso tendrá que establecer qué laboratorios estarán autorizados, cómo se resguardará la cadena de custodia y cuándo un resultado podrá considerarse definitivo.
También deberá regular el tratamiento de medicamentos prescritos, los posibles falsos positivos y los antecedentes clínicos que podrán mantenerse bajo reserva. Un examen capilar puede detectar sustancias consumidas semanas o meses antes, pero no demuestra por sí solo que una autoridad haya ejercido sus funciones bajo sus efectos.
Los casos de Rodríguez y Heiden condensan los problemas que la reforma debe resolver. En el primero, el Gobierno tomó una decisión antes de que concluyera el procedimiento. En el segundo, la salida fue confirmada, pero el examen no pudo conocerse completamente.
Kast sostiene que no pueden existir dos miradas frente al consumo de drogas entre autoridades. La credibilidad de esa afirmación dependerá de que el nuevo estándar opere con reglas comunes, resultados verificables y sin excepciones difíciles de justificar.
La reforma será evaluada no solo por las autoridades que pierdan sus cargos, sino por su capacidad para terminar con la opacidad y garantizar un procedimiento equivalente para todo el Estado.
