Por Rodrigo Segal. CEO y Cofundador de Justo
Es evidente que el próximo gobierno tendrá desafíos importantes en materia de inversión, desarrollo y apoyo al emprendimiento. Sin embargo, más allá de los discursos, hay un problema estructural que persiste: la burocracia estatal sigue siendo el principal freno para las startups nacionales.
Hoy, obtener permisos básicos puede tardar meses. En gastronomía, por ejemplo, una patente de alcohol puede demorar entre cuatro y ocho meses, tiempo suficiente para que un negocio quiebre antes de siquiera comenzar a operar.
En el mundo tecnológico, los procesos tampoco acompañan. Trámites presenciales en plena era digital, normativas distintas según el municipio y una maraña de requisitos que no conversa con la velocidad de la innovación.
Si Chile quiere realmente dinamizar su economía desde adentro, necesita algo más que programas de fomento: el Estado debe transformarse en un cliente inteligente de las soluciones tecnológicas chilenas, adaptándolas para resolver sus propios problemas, tal como ya lo hacen países como Uruguay y Canadá. Eso entrega escala, validación y competitividad internacional.
Emprender es un acto de valentía, pero la convicción y el esfuerzo no bastan cuando el sistema no acompaña. Chile necesita menos declaraciones y más hechos: procesos ágiles y un Estado que habilite, en lugar de obstaculizar, la creación de nuevas empresas.
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