Por: Gonzalo Martner F. Economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH)

Los empleadores que suspendan el empleo a sus trabajadores o a parte de ellos los enviarán a una remuneración de 70%, 55% y menos en los próximos meses, según la mecánica existente del seguro de cesantía, consumiendo primero el fondo individual acumulado antes que activar de inmediato el fondo solidario de cesantía con financiamiento fiscal. Solo se exceptuarán de esta escala de disminución de ingreso los que reciben el salario mínimo, que podrán mantener el 70% del salario por tres meses. Las personas sin empleo o sin empleo formal recibirán 50 mil pesos por una vez. Los trabajadores que no pueden asistir a su trabajo por medidas de la autoridad deberán, mientras dure la emergencia, recibir la remuneración prevista en su contrato. Y hasta ahí llegamos.

Es todo lo que la oposición parece haber obtenido del gobierno en el parlamento, además de disminuir el número de meses a cotizados para acceder al seguro de cesantía, donde sin embargo tiene mayoría. En suma, no hay oposición en Chile. Nada que ver con lo que la mayoría demócrata en una de las cámaras en el parlamento en Estados Unidos obtuvo del gobierno ultraderechista de Trump, con un plan que alcanza el 10% del PIB en gasto público. Descontando los descalces de pagos, el plan de Piñera-Briones no es muy superior al 1% del PIB. Muchísimo menos que el plan de 2009 gente a la gran recesión.

La ley aprobada se llama de “protección del empleo”, pero no se hace nada para protegerlo y mantenerlo. El despido por necesidades de la empresa no sufre cambio alguno. Ya muchas empresas han despedido personas ante el desplome o caída parcial de sus ventas. Al no mantenerse la remuneración de muchos trabajadores -que debiera ser subsidiada al 100% por tres meses por el gobierno usando su capacidad de endeudamiento- y el despido de muchos otros -en circunstancias en que debieran prohibirse salvo excepciones muy fundadas durante el mismo lapso- caerá gravemente la demanda de los hogares y por tanto aumentará más el desempleo, en una espiral recesiva que el gobierno no logrará detener mientras permanezca prisionero de la ideología neoliberal hostil a la intervención del Estado. Aunque que el país se caiga a pedazos.

La disminución de la tasa de interés de política monetaria decidida por el Banco Central no ha impedido que los bancos estén restringiendo el crédito a las empresas cuyos riesgos de impagos han aumentado, es decir muchas. Es el “libre mercado” que empujará a muchas empresas a la quiebra. La banca debiera ser obligada a prestar a las empresas que lo requieran de modo de impedir su quiebra, con un subsidio fiscal al pago de salarios y de los costos fijos de operación.

El gobierno no está haciendo nada de esto. El ministro de Salud declara, como guinda de la torta, “inconstitucional”, sin considerar las facultades que le otorga el estado de emergencia, fijar los precios de los planes de Isapres. Nada se hace, y menos el Banco del Estado, para reprogramar de manera sustancial los créditos hipotecarios de los que queden cesantes. Y así sucesivamente.

La pérdida de ingresos de la mayoría de las familias y el colapso del sustento para varios millones de personas que viven al día provocará su sufrimiento y una marginalizacion adicional, como si no se hubiera producido un gran rebelión social en el país.

La pandemia y la inacción del gobierno llevarán a la ampliación de la fractura social en Chile. Ojalá uno se equivoque, pero no hay ningún elemento en el escenario o en los actores de la esfera pública que indique lo contrario.

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