[Opinión] Suspensión de Elección de Gobernadores Regionales y una probable Acusación Constitucional

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Por: Esteban Valenzuela Van treek. Presidente Comisión de Estado para Descentralización 2014. Vicepresidente Federación Regionalista Verde  y Presidente Fundación Jardines Botánicos Comunitarios


El Partido del Orden conformado por los poderes fácticos (empresarios, El Mercurio, Gobierno) y los segmentos más clientelares del sistema político que les gusta el show en vez de regiones volcadas al desarrollo económico, social y ambiental. Se aprovechó de una retroexcavadora centralista del senador Jaime Quintana del PPD que propuso con la UDI, ni más ni menos, borrar con el codo lo que costó dos siglos recuperar los territorios: la potestad de elegir su ejecutivo. La chiva era el Covid-19, cuando en todo el mundo se celebra la acción de municipios y regiones ante la negligencia de la extrema derecha negacionista como ocurrió en USA, Brasil y en gran medida en Chile con la negativa de Piñera a cuarentenas obligatorias y más recursos a los entes subnacionales.

Nos correspondió rearticular con Heinrich von Baer, con quien trabajamos en la Comisión de Estado para la Descentralización 2014, y con la ayuda proactiva y compromiso de Jaime Mulet, Presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), se logró reunir 70 firmas de parlamentarios que se comprometen a respetar las elecciones de gobernadores junto a las municipales en abril del 2021. Ya no tienen los cuatro séptimos de la Cámara para revertir una reforma constitucional ya aprobada.

El Gobierno de Piñera, que dejó la SUBDERE en manos de la UDI, el único partido que se opuso al empoderamiento regional, ha cometido gravísimas faltas de acción y omisión con los territorios:

Incumplimiento de la ley de fortalecimiento de las regiones en las siguientes áreas, además de no informar al Congreso de la gestión como lo estableció la ley:

  1. No se cumplió en la mitad del mandato del gobierno el traspaso de competencias a los GOREs en las áreas que se indicaban, emitiendo decretos falsificados de funciones menos ya existentes. Recordemos que a contar del 2022 las regiones podrán pedir competencias, pero la ley dejó en manos del Gobierno 2018-2022 la entrega de competencias.
  2. No se ha implementado la nueva Gobernanza Metropolitana que incluía crear los Departamentos de Áreas Metropolitanas y crear los fondos para dicha gestión y reglamentos de postestades tan relevantes como el consejo de alcaldes metropolitanos, los comités intergubernamentales en la gestión e las ciudades, la manera de definir las áreas metropolitanas en el marco de la exigencia de 250 mil habitantes, los roles explícitos en la disposición final de residuos ante la crisis de basurales clandestinos en todas las zonas periurbanas de nuestras ciudades.
  3. La absoluta traba a la operacionalización de los Planes Regionales de Ordenamientos Territorial, PROTs, muchos de ellos avanzados en las regiones con largos procesos de participación y uso de recursos públicos, parte de la política nacional urbana y obligación explícita de tenerlos funcionando en las leyes de fortalecimiento de la descentralización. Se han inscrito diez ministerios para vetar, sin ninguna directriz, a destrabar esta dimensión clave para pactos sociales territoriales y el desarrollo armónico del país.

 

A lo anterior, se suma la manipulación de dos años de comisiones sin enviar proyecto alguno al Congreso en las líneas prometidas en el propio programa de Gobierno:

  1. Mejoras al proceso descentralizador, entre ellas, la idea de que el gobernador electo y el consejo regional puedan proponer al Ejecutivo ternas de seremis para facilitar la cooperación gobernador con delegado presidencial.
  2. La ley de rentas regionales o territoriales pendiente y que el programa del Sr. Piñera llamó indistintamente de responsabilidad fiscal regional y de incentivos a la inversión público-privada en los territorios.

 

De mayor gravedad y antinconstitucional ha sido el uso de un decreto de la dictadura del año 1975 que recentralizar los recursos regionales lo que va contra el espíritu y la letra de la creación de los gobiernos regionales en 1993, la ley que regula los recursos del FNDR y los FICs, así como las compensaciones del Transantiago, todas materias manipuladas y/o en proceso de cercenamiento por un Gobierno que se niega a enfrentar el COVID 19 por la vía de impuestos a los ricos, fin de evasiones, privilegios previsionales uniformados, gasto militar y salarios  impropios en la alta gestión de los poderes y empresas públicas.

Los gobiernos regionales son claves para activar la economía en este segundo semestre y debieran ser fortalecidos con mayores fondos para infraestructura verde, ciencia y tecnología, en vez de jibarizados por la malidicencia de un gobierno neoliberal y centralista. Además, han expropiado las cuentas de los gobiernos regionales administrando sus pagos centralmente lo que va contra la ley, ya que tienen patrimonio propio desde 1993.

Por todo lo anterior, llamamos a la oposición y a Renovación Nacional, partido que apoyó coherentemente las leyes descentralizadoras, a suscribir un proceso de acusación constitucional por estos graves hechos contra los Ministros del Interior y Hacienda si el régimen de Piñera no enmienda.


El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.

 

 

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