Por: Pablo Peña G. Director Alterno FIC Academia IED. Economista y Docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de O’Higgins
En los últimos meses, la prensa ha informado sobre los récords que está batiendo la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país. Durante el primer trimestre de este año, los flujos de IED alcanzaron los US$ 7.200 millones, representando un crecimiento del 34% respecto de 2022. A su vez, el pasado año también mostró un fuerte incremento de un 12% sobre su antecesor. Cifras significativas si consideramos que nuestra economía crece a tasas entre 2% y 3% el último lustro.
En un contexto de desaceleración de la economía chilena y de estancamiento de la inversión privada nacional, la IED hoy se encuentra desarrollando proyectos en sectores estratégicos para el país como son la minería, agroindustria, energías limpias y servicios especializados, y todo ello en distintas regiones, aprovechando y fortaleciendo las ventajas que ofrece cada territorio.
Si bien es cierto que la mayor parte de esta inversión se concentra en la Región Metropolitana y que existen una serie de brechas y problemáticas a resolver, lo relevante es que los proyectos de IED, por su capacidad de generación de empleo, mejores salarios, absorción de profesionales y especialistas, se constituyen en un motor de crecimiento concreto, valorado transversalmente a lo largo del espectro político y celebrado incluso por autoridades que -hasta hace poco- se mostraban reticentes.
La institucionalidad chilena debe plantearse el desafío de “pensar la IED”, porque estos flujos crecientes de inversión nos recuerdan que vivimos interconectados y que sectores como las energías limpias, bioingeniería, inteligencia artificial, industria alimentaria, medicina en línea y otros ámbitos de alto potencial y valor agregado, solo se desarrollarán en aquellos países y regiones que desplieguen esfuerzos públicos y privados sostenidos y que apuesten a largo plazo.
En nuestra Región de O’Higgins, la IED ofrece gran potencial de desarrollo en energías limpias, y de la mano de una planificación y conducción pública, puede ser el puntapié inicial hacia la transición energética verde, canalizada en el mediano plazo hacia la industria del hidrógeno verde u otras fuentes de energía de consumo global. Ello significaría una serie de beneficios económicos e impactos positivos para la agroindustria, minería o servicios urbanos, pero principalmente para nuestra gente, las comunidades locales en cada territorio.
En un clima de creciente polarización política, incertidumbre y confusión intelectual, el país puede avanzar si logra identificar horizontes y desafíos concretos que abordar, que aúnen esfuerzos y permitan coordinar voluntades y articular la inversión e iniciativas de actores públicos, privados, sociales o académicos.
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