Por: Ricardo Neira Navarro. Ingeniero Civil. Master Sociedad de la Información y Conocimiento

El cambio climático, el uso eficiente de las energías renovables, la necesidad de una logística y un transporte innovadores, la automatización de las industrias, la innovación, la investigación y el desarrollo se han convertido, en los últimos años, en conceptos que, con mayor o menor profundidad, todos conocemos, como individuos y como sociedad.

Su impronta y su urgencia se han convertido en banderas de lucha de importantes segmentos sociales y en un problema ineludible para los Estados, del que nuestro país no está —ni puede estar— ajeno.

Chile ha firmado acuerdos internacionales que tienen como eje el cambio climático y la reducción de los gases de efecto invernadero, cuyas metas son reducir, a 2030, la intensidad de emisiones en un 30% respecto a los niveles observados en 2007 a nivel mundial y alcanzar la neutralidad del carbono a 2050. Como meta nacional, nos hemos comprometido a generar el 20% de la energía a través de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en solo unos pocos años más: 2025.

No obstante, todo parece indicar que los plazos impuestos hace algunos años ya quedaron rezagados. Hace solo un par de meses, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) encendió alarmas angustiantes al señalar que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, el cambio climático será irreversible.

En consecuencia, profundizar las políticas públicas, en general, y los proyectos de electromovilidad del transporte público, en particular, son temas ineludibles y sumamente urgentes para nuestro país.

La urgencia de masificar la electromovilidad

Entre los múltiples sectores que se deben intervenir, el transporte público es un eje fundamental por su importante incidencia en la generación de gases de efecto invernadero y por el extenso uso de combustibles fósiles. Por ello, a nivel mundial, en el último tiempo, la electromovilidad se ha ido extendiendo como una alternativa viable y confiable, convirtiéndose en una de las “llaves maestras” para lograr un uso más eficiente de la energía y aportar a la reducción del efecto invernadero, mejorando, en consecuencia, la vida de los habitantes de las zonas en donde se implementa.

Con ese trasfondo, la electromovilidad en el transporte público ha ido aumentando sostenidamente, con China como líder en la construcción y desarrollo de buses eléctricos, esperándose que, a poco andar, 2.3 millones de estos vehículos estén circulando a nivel global. Ya hoy, las principales ciudades del Gigante Asiático tienen su flota totalmente electrificada.

La fuerte incursión de estos buses se sustenta también en sus menores costos operativos y en la economía en su adquisición y operación. Por ejemplo, en nuestro país, se espera que, a 2050, la totalidad de los vehículos de transporte público sean eléctricos, aunque es una meta que deberá ser revisada en profundidad, dada la emergencia climática que estamos viviendo y que no deja indiferente a nadie. Tanto es así, que, recientemente, la Convención Constitucional aprobó una declaración que establece que “la nueva Constitución se redacta en un contexto de Emergencia Climática y Ecológica”.

Con ese trasfondo, y si consideramos que un tercio del consumo de energía en Chile corresponde al sector transporte y que, de esa fracción, el 98% corresponde a derivados del petróleo, la electromovilidad del transporte público pasa a ser clave. Afortunadamente, nos hemos convertido en uno de los pioneros a nivel mundial y líder en Latinoamérica en el área, contando ya con cerca de 800 buses actualmente en circulación en la capital —a los que, tras la última licitación del transporte de Santiago, se sumarán mil más—, los que están pasando, rápidamente, a ser parte del paisaje de la ciudad.

Y no todo se queda en Santiago. Se espera también que, en el corto plazo, más de 500 buses eléctricos estén circulando en las regiones, en ciudades como Arica, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Coyhaique.

Pero, no obstante, si bien avanzar en la masificación de la electromovilidad es una tarea urgente, se requiere actuar de manera sistémica y generando las sinergias adecuadas de todos los actores involucrados. Y es aquí donde Chile debe adquirir el sello de un país circular, contando para ello con las nuevas autoridades regionales en su gestión territorial y con los nuevos alcaldes, que deberán gestionar sus municipios también con esa lógica, que debe ir más allá de la smartcity, sino incorporando modelos de desarrollo sostenible con calidad y sustentabilidad ambiental e inclusión social.

Para ello, cada proyecto de electromovilidad en el transporte público no solo debe ser técnicamente eficiente, sino contar con infraestructura de cargas adecuadas, con marcos regulatorios que permitan su desarrollo en el corto y mediano plazo y con un modelo de gestión apropiado e innovador que le permita integrarse en una economía circular, en la que las energías renovables sean claves, incluyendo una estrategia de producción de hidrógeno verde. Además, con el ojo ciudadano vigilante, para que no terminemos implementando buses eléctricos repostados a través de centros de cargas alimentados con generadores a diésel o con distribuidoras de energía sustentadas en plantas de carbón.

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