Por: Andrés Kogan V. Sociólogo. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea
Las recientes vulneraciones a los derechos humanos en Perú y Nicaragua no solo debieran condenarse por todos quienes aún creemos en la democracia, sino también el preguntarnos si realmente los organismos regionales están sirviendo de algo, o por el contrario, tienen una actitud pasiva y hasta cómplice frente a lo ocurrido en dichos países.
De ahí que no podamos mantenernos al margen de la estigmatización, criminalización y represión a la protesta social de parte de las dictaduras de Dina Boluarte y de Daniel Ortega, dejando una larga lista de encarcelados, mutilados y muertos, lo que evidencia la inmensa impunidad de esos gobiernos para hacer lo que se les ocurre contra sus pueblos.
Por lo mismo, se vuelve inaceptable los argumentos de ambos dictadores cuando se les ha criticado, señalando que no aceptarán injerencia externa de nadie y que todo lo ocurrido responde a grupos violentistas financiados internacionalmente para desestabilizar a sus países, reproduciendo así un discurso del complot permanente que solo sirve para justificar las detenciones y las muertes.
Dicho esto, el rol que debiera cumplir la CELAC ante este es de suma urgencia, luego de la VII cumbre de jefas y jefes de estado y de gobierno, realizada en Buenos Aires el pasado 24 de enero, la cual no estuvieron presentes ambos dictadores, Boluarte y Ortega, evidenciando su incomodidad de estar en un espacio regional de este tipo.
No obstante, lamentablemente la CELAC en sus más de 10 años de funcionamiento, poco y nada ha aportado en resolver algún tipo de crisis humanitaria en alguno de los 33 países miembros, más allá de ciertas buenas intervenciones de algunos presidentes o de declaraciones generales de compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos, que finalmente quedan en el papel.
Es lo ocurrido en la última sesión en Argentina, en donde solo el presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó en su intervención una defensa irrestricta de los derechos humanos, denunciando tanto lo ocurrido en Perú como en Nicaragua, a diferencia de otros primeros mandatarios, que se dedicaron, ya sea a omitir lo ocurrido en esos países o simplemente usar una retórica regionalista tradicional de izquierda, sin mucho sustento político.
Es decir, se podrá decir que la CELAC ha servido para que la región tenga la posibilidad de conformar una comunidad regional, como alternativa a la OEA, ante su carácter histórico intervencionista y colonial de parte de Estados Unidos hacia el resto de los países, pero lamentablemente se convirtió en un espacio para proteger a ciertos caudillos y dictadores de izquierda de algunos gobiernos, que no tienen ninguna intención en avanzar en democratizar a Latinoamérica y el Caribe.
A su vez, se podrá celebrar la vuelta de Brasil a la CELAC, luego de que el ultraderechista y negacionista de Jair Bolsonaro sacara al país del organismo regional, pero conformarse con la vuelta de Lula Da Silva, no es más que continuar con una lógica muy básica de integración, en donde los carismas y afinidades ideológicas importan más que los acuerdos y medidas impulsadas, que es lo que debiera primar en este tipo de instancias entre países.
No verlo así, es simplemente no entender que lo que necesita la CELAC no es estar conformado por gobiernos de turnos cercanos ideológicamente, sino estar sostenido por Estados, a través de políticas regionales que piensen a largo plazo y generen medidas concretas en distintas materias, en donde la defensa de los derechos humanos sea uno de sus pilares, y por ende se realicen acciones en el caso de que algún gobierno no los respete.
En consecuencia, hay que dejar atrás el discurso antiimperialista de los idiotas, centrado en Estados Unidos únicamente, para así conformar un bloque regional fuerte, en donde las constituciones de los distintos Estados Latinoamericanos y Caribeños activen sus cláusulas de integración, en el caso de que las tengan, y para los que no, que reformen sus cartas magnas para poner a la región como zona prioritaria.
Solo así se podrá transitar hacia un derecho común regional que permita generar una nueva institucionalidad transfronteriza, conformada por distintos Estados, que tome decisiones en distintos temas y sea de carácter vinculante, para estar preparado ante cualquier vulneración de derecho de algún gobierno, como ha pasado en cada país de Latinoamérica y el Caribe, tanto desde la izquierda como desde la derecha.
Por último, hoy más que nunca debemos fortalecer mecanismos de integración regional y de multilateralismo latinoamericano y caribeño, considerando la guerra económica y por el control del centro del capitalismo entre China y Estados Unidos, y la invasión criminal de Rusia a Ucrania, que cumple un año, ya que si seguimos por separado como países y/o impulsando un regionalismo de papel, como el de la CELAC actualmente, no se ve un futuro muy esperanzador.
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