Auditoría reveló la entrega de financiamiento estatal a personas que no cumplían requisitos legales, socioeconómicos y patrimoniales. El informe detectó beneficiarios vinculados a cultivos de marihuana, créditos otorgados fuera de los tramos de vulnerabilidad y graves falencias de fiscalización en terreno
La Contraloría General de la República detectó una serie de graves irregularidades en la entrega de créditos de fomento agrícola por parte de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), luego de una auditoría que revisó operaciones realizadas entre enero y diciembre de 2024.
El Informe Final N°80 de 2026 reveló que el organismo no aplicó controles suficientes para verificar si los beneficiarios cumplían efectivamente las condiciones legales, patrimoniales y socioeconómicas exigidas para acceder a financiamiento estatal orientado al desarrollo agrícola campesino.
Uno de los hallazgos más relevantes apunta directamente a la focalización de los recursos públicos. Según la auditoría, 95 personas recibieron más de $503 millones en créditos pese a presentar una calificación socioeconómica superior al 70% en el Registro Social de Hogares, incumpliendo así los criterios de vulnerabilidad establecidos para acceder al beneficio.
La Contraloría advirtió que INDAP no realizó verificaciones adecuadas para asegurar que los recursos llegaran efectivamente a pequeños agricultores que cumplían las condiciones exigidas por la normativa.
Beneficiarios vinculados a marihuana y usurpación de aguas
La auditoría también identificó casos asociados a actividades ilícitas desarrolladas en predios financiados con recursos públicos.
De acuerdo con el informe, INDAP no ejecutó acciones de fiscalización respecto de tres beneficiarios que mantenían antecedentes vinculados a delitos o irregularidades en los terrenos asociados a los créditos otorgados. Dos de esos casos correspondían a existencia y cultivo de plantas de marihuana, mientras que el tercero estaba relacionado con usurpación de aguas.
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó al servicio reevaluar la continuidad de esos beneficios y reforzar los mecanismos de supervisión sobre el uso de los recursos públicos entregados mediante programas de fomento agrícola.
Vehículos sobre $128 millones y rentas incompatibles
La investigación también detectó que diversos beneficiarios mantenían patrimonios incompatibles con las condiciones exigidas para acceder a financiamiento estatal orientado a pequeños agricultores.
Según el informe, diez personas registraban vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF, equivalentes actualmente a más de $128 millones.
Además, otras dos personas presentaban capital propio tributario superior a ese mismo umbral económico, incumpliendo directamente los requisitos patrimoniales establecidos por la normativa interna de INDAP. A ello se suman 16 beneficiarios que recibieron créditos por un total de $51.950.000 pese a registrar ingresos provenientes principalmente de actividades no agrícolas, incluyendo remuneraciones, honorarios y arriendos.
La normativa establece que la principal fuente de ingresos de los beneficiarios debe provenir de la actividad agrícola, situación que según la CGR no fue debidamente verificada por el organismo.
Créditos entregados sin acreditar tenencia legal de predios
Otro de los puntos observados por Contraloría apunta a la situación de 23 personas que accedieron a créditos por un total de $62.155.496 sin acreditar tenencia legítima de los terrenos declarados para desarrollar actividades agrícolas.
La mayoría de esos beneficiarios figuraban bajo la categoría de “ocupantes” u otras definiciones sin claridad jurídica respecto del uso legal de los predios. Para el ente fiscalizador, INDAP no aplicó criterios suficientes para descartar posibles irregularidades relacionadas con la utilización de esos terrenos.
Fiscalización mínima y debilidades de control interno
Las observaciones también alcanzan directamente los mecanismos de supervisión implementados por el servicio.
Durante 2024, INDAP otorgó 566 créditos de corto plazo, pero solo realizó 36 fiscalizaciones en terreno, equivalente apenas al 6% del total de operaciones revisadas.La cifra se encuentra por debajo del mínimo de 10% exigido por la normativa interna del propio organismo.
Para la Contraloría, esta baja capacidad de supervisión redujo significativamente las posibilidades de detectar incumplimientos, inconsistencias y eventuales usos indebidos de recursos públicos destinados al apoyo agrícola.
La auditoría también detectó que INDAP mantuvo vigentes 481 créditos asociados a personas acreditadas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin evidencias de actualización o reevaluación periódica de sus antecedentes socioeconómicos y productivos.
A raíz de los antecedentes detectados, la Contraloría instruyó al organismo revisar todos los casos observados, reevaluar el cumplimiento de requisitos y ejecutar los ajustes administrativos correspondientes.
Asimismo, INDAP deberá iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades detectadas por la auditoría.
Principales hallazgos detectados por Contraloría
| Hallazgo detectado | Monto involucrado | Observación |
|---|---|---|
| Personas fuera del tramo de vulnerabilidad | Más de $503 millones | Registro Social superior al 70% |
| Beneficiarios con ingresos no agrícolas | $51,9 millones | Rentas por honorarios, arriendos y remuneraciones |
| Créditos sin acreditar tenencia legítima | $62,1 millones | Beneficiarios figuraban como “ocupantes” |
| Fiscalización insuficiente | 36 de 566 casos | Solo 6% tuvo supervisión en terreno |
| Beneficiarios vinculados a ilícitos | No especificado | Casos asociados a marihuana y usurpación de aguas |
