CEO de IDOK critica con fuerza la reciente reforma notarial aprobada por el Congreso, que mantuvo la obligatoriedad de trámites presenciales y excluyó herramientas digitales ya validadas legalmente
En los últimos años, Chile ha vivido un proceso desigual de modernización en la tramitación documental. Mientras el mundo privado avanza en la digitalización, el sistema notarial sigue anclado al papel y la presencialidad.
Desde el ámbito tecnológico, Marcelo Mora Saa, CEO de IDOK, ha sido uno de los impulsores más activos para cambiar esta realidad. En conversación con Plaza Regional, advierte que “Quedamos muy al debe. Como sociedad teníamos muy atrasado el sistema notarial (…) el funcionamiento de las notarías es muy arcaico”.
IDOK es una empresa acreditada para emitir firma electrónica avanzada y ha desarrollado plataformas como FirmaYa, que permite validar legalmente documentos sin necesidad de trámites presenciales.
Pese a esos avances, Mora Saa lamenta que la nueva ley notarial aprobara retrocesos: “Se propone la digitalización de las notarías, pero fueron recortando aspectos que a mi gusto eran fundamentales”. Para él, se perdió la oportunidad de robustecer un sistema que ya cuenta con tecnología probada y disponible.
El ejecutivo también cuestiona el foco del debate legislativo. “Lo que más le generó interés a los parlamentarios era la famosa discusión de cómo se asignan los cargos (…) y excluyeron aspectos clave de modernización”.
Mora Saa insiste en que esta transformación no es opcional. “Es una ley que va a pedir que al año 2027 esté digitalizado todo el mundo público (…) yo creo que se puede perfeccionar la ley”. Desde su rol público y privado, sostiene que digitalizar trámites no solo favorece a la ciudadanía, sino también a los propios notarios, reduciendo costos y procesos. La voluntad institucional —advierte— será clave para que el país no siga retrasando un cambio ya inevitable.
¿Qué es IDOK y a qué se dedica?
Nosotros somos una empresa acreditada para dar servicio de certificación y firma electrónica. Para poder dar firma en Chile, hay una ley que exige que las empresas que dan estos servicios deben estar acreditadas ante el Ministerio de Economía. Nosotros somos una de esas empresas.
Partimos hace algunos años, pero en la pandemia fue justamente cuando la firma electrónica tomó bastante impulso. Fueron tiempos difíciles para la ciudadanía y nosotros, afortunadamente y junto con algunos cambios normativos, estuvimos justo a tiempo para salir con plataformas y servicios para que la gente pueda empezar a usar esta tecnología, que hasta ese momento no era tan masiva.
¿Qué significa el nuevo escenario legislativo en torno a las notarías?
Quedamos muy al debe. Como sociedad teníamos muy atrasado el sistema notarial. El Código Orgánico Tributario es superantiguo. El funcionamiento de las notarías es muy arcaico, con excepciones de algunos notarios más modernos, pero el sistema en sí está muy atrasado. Y los temas de las tarifas eran poco transparentes, etcétera.
En el último gobierno de Piñera, el ministro Larraín, a propósito de un estudio de los economistas Barros y Engel, de la Fiscalía Nacional Económica, un estudio supercompleto y muy evidente, se hizo un estudio a todas las notarías de precio. Se concluyeron varias cosas: que eran un oligopolio, que no había transparencia en las asignaciones y que no estaban digitalizadas.
En ese punto se estimó que el ahorro para la sociedad era de cerca de 150 millones de dólares, sin contar el tiempo que se ahorra la gente. A veces los trámites no son tan caros, pero demorarte uno o dos días para hacer algo era realmente complejo, sobre todo en estos tiempos donde prácticamente todo se puede hacer online.
¿Qué aspectos fundamentales se perdieron durante la tramitación?
Se crea la figura del fedatario, se permite que ciertos documentos se firmen solo con firma electrónica y se propone la digitalización de las notarías. Es decir, que algunos documentos nazcan electrónicos y se firmen electrónicamente. Pese a que no se traspasa la fe pública, el contenido del documento lo sigue viendo el notario, pero el documento nace electrónico.
La ley estuvo seis años en el Congreso, en varias discusiones, fue a comisiones mixtas, volvía, y fueron haciendo indicaciones y recortando algunos aspectos que a mi gusto eran fundamentales.
¿Qué se perdió al priorizar ciertos temas en la discusión legislativa?
Lo que más le generó interés a los parlamentarios era algo que a la gente en realidad no le interesaba tanto: la famosa discusión de cómo se asignan los cargos, por el tema de la poca transparencia que había en los concursos. Pero los parlamentarios, por alguna razón, no se preocuparon de —o hubo indicaciones en donde— excluyeron ciertos aspectos de la ley que tienen que ver con la modernización de la notaría.
Y ahí yo creo que quedamos muy al debe. La verdad es que en el gremio de firma electrónica al que pertenezco quedamos muy preocupados. Varios hicimos comunicados a través de la ACTI, y creemos que urge armonizar en estos aspectos la notaría.
¿Qué instancias legales podrían corregir la exclusión de avances digitales en la ley?
La ley ya salió, y solo queda un par de instancias muy altas. Una es que vaya al Tribunal Constitucional. En el tribunal podría haber alguna organización que se haga parte y pida que vuelva al Congreso, que se agreguen artículos. Podría ser una especie de veto aditivo, en donde se pida que se agregue algún aspecto de la ley que no fue considerado o que fue excluido. Eso está por verse.
No sabemos qué instituciones se podrían hacer parte. Es una instancia que no es muy común que ocurra, pero ha ocurrido. Yo creo que hubo una evidente exclusión —dígalo, dígalo, no busquemos palabra— de estos aspectos que eran los que de verdad le llegan a la ciudadanía.
El veto presidencial es una instancia que también podría ser aditiva. El veto no es que anule la ley, porque la ley también tiene cosas buenas, pero sí puede agregar este aspecto que por alguna razón fue excluido en alguna parte del trámite.
¿Fue la presión gremial un obstáculo para avanzar en digitalización?
En general había un silencio de la Asociación de Notarios sobre ese caso. En la pandemia efectivamente se buscó de varias formas cómo incluir herramientas digitales en la notaría. Y no sé si te acuerdas, justo en esa época hubo un “apagón digital”, como le llamaron.
La Corte Suprema dijo que las notarías no podían ocupar ningún medio tecnológico, porque algunos notarios estaban ocupando firmas electrónicas para documentos privados, que eso no estaba regulado. La Corte dijo: “Ordenemos este tema”. Hizo un apagón digital y luego lo normó.
Lo que queda claro es que documentos privados se pueden firmar con firma electrónica o autorizar. Pero los instrumentos públicos no, y por eso se necesita una ley. Yo creo que por qué se excluyó: porque esto aparentemente va a abaratar mucho los costos.
Mi visión es que esto también va a abaratar no solo los precios a las personas —el usuario final se va a ver beneficiado—, sino también el notario. Yo creo que ahí no lo ven. El notario va a poder hacer mucho más trámite, va a tener mucho menos costo, porque hoy día también el notario tiene que hacer un montón de back office: papeles, archivar folios, una serie de compliance que le exigen. Todo eso se podría automatizar, y por lo tanto tener menos funcionarios, o a lo mejor tener locales más pequeños.
¿Esta ley ayuda a clarificar los precios que cobran las notarías?
El Código Orgánico de Tribunales ya tenía incluidas las tarifas, son tarifas públicas. Lo que pasa es que el notario lo que cobra por sobre la tarifa es la gestión, el mesón. A veces uno llega y dice: “Quiero hacer un contrato de arrendamiento” y te lo redacta. Entonces te cobran la tarifa del notario, que son 5.000 pesos, por decirte, y te cobran 20.000 por redactar el contrato. Entonces al final te cobran 25.000.
Es muy raro que —bueno, solo a nivel corporativo— ciertos convenios de empresas que llevan los contratos todos redactados, etcétera. Normalmente uno lo hace en la misma notaría todo. Entonces es difícil separar, porque cuando uno ve la boleta, sí, por la firma del notario cumple con el cobro, pero le agregan las gestiones.
¿Hay esperanza en el gobierno o la ministra Etcheverry para mejorar esta ley?
La ley de digitalización, que viene de antes, se ha tomado y se ha seguido estructurando y reglamentando. Esa ley va a pedir que al año 2027 esté digitalizado todo el mundo público. Por lo tanto, sí hay claramente una tendencia más de Estado sobre la digitalización. Tú sabes que cuando se meten con las notarías se meten con los parlamentarios, con un montón de… es un terreno complicado.
Yo creo que se puede perfeccionar la ley. En la ACTI y en algunas instancias hemos conocido a la ministra Aisén Etcheverry, y es una ministra muy pro tecnología. Ella fue presidenta de institutos Milenio, de muchas instancias que permiten modernizar el país.
Está en CONICYT. Creo que ella podría recibir estos temas e influir. No es algo tan grave, porque al final esto viene en beneficio de la ciudadanía. Puede ser que levante algunas plumas, pero al final como se ve beneficiada la ciudadanía, va a ser un activo para todos.
¿Qué otras reformas legales permitirían avanzar hacia la escritura pública digital?
La ministra Etcheverry justamente hoy dejó la vocería, ya volvió la ministra Vallejo. Así que vamos a ver qué pasa. Igual hay otras leyes, como por ejemplo la modernización de la misma ley de firma electrónica, que es una ley del año 2002 y que ha tenido solo una modificación el año 2008.
Hoy día se está firmando tanto en Chile, hay tantos trámites que se están haciendo, que amerita refrescar la normativa y apuntar también a que la firma electrónica sea más robusta y se puedan hacer más trámites. Esa es una instancia que todavía tenemos: modernizar la ley pendiente.
Las restricciones en general de la firma vienen más de la ley de firma. Entonces eso podría también abrir una puerta a que se pueda trabajar lo que es escritura pública.
Entrevista completa:
