Con la vista puesta en el 16 de agosto y en busca de una fórmula de unidad parlamentaria, los partidos oficialistas enfrentan una difícil negociación por la lista única al Congreso
A medida que se aproxima el 16 de agosto, fecha límite para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, en el oficialismo aumenta la tensión por la definición de una lista única al Congreso. Y es que, pese a los llamados a la unidad, los partidos de la coalición enfrentan un escenario complejo: 402 solicitudes para apenas 183 cupos disponibles en la Cámara de Diputadas y el Senado.
Una demanda desbordada que tensiona al bloque
El Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) están negociando en torno a 35 y 40 cupos cada uno. La disputa principal se centra en la Cámara Baja, donde el número total de escaños asciende a 183, considerando los 155 actuales más 28 adicionales, uno por cada distrito.
En tanto, los Regionalistas Verdes (FREVS), piden 59 cupos; la Democracia Cristiana (DC), 54; el PPD, 49, y los Humanistas, cerca de 30, lo que tensiona las negociaciones por los escaños a la Cámara de Diputados.
No obstaNte, la negociación se prevé más fluida en el Senado, donde hay mayor claridad en la distribución, pero la complejidad en la Cámara obliga a definir pronto criterios objetivos de representación, como la votación histórica, territorialidad y paridad.
La presión del calendario y el dilema de la unidad
A falta de 40 días para el cierre, los partidos han calendarizado jornadas intensivas de trabajo. Este miércoles 17 de julio, las colectividades –PC, PS, FA, PR, PL, FREVS y DC– volverán a reunirse a las 08:30 horas en la sede del PS para intentar destrabar el nudo.
La fórmula que algunos han propuesto implica que los partidos más pequeños formen bloques de 6 o 7 agrupaciones para facilitar la asignación proporcional de cupos. Aunque la inclusión de la DC y FREVS aún se debate, hay consenso en que una lista única evitaría la dispersión del voto oficialista en las próximas elecciones parlamentarias de octubre.
El reloj corre y el desafío es claro: equilibrar los intereses históricos con las nuevas dinámicas políticas, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor coherencia, transparencia y responsabilidad política.
