La decisión del Ejecutivo destraba una reforma aprobada por unanimidad en el Congreso y abre un nuevo debate sobre empleo, autonomía y protección social, en un país que envejece rápidamente y enfrenta tensiones sobre cómo garantizar derechos sin generar precarización
La tramitación de la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable avanzó durante más de cinco años en el Congreso hasta alcanzar un nivel de respaldo poco frecuente en la política chilena reciente. El proyecto fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras, reflejando un acuerdo transversal sobre la necesidad de actualizar el marco institucional frente a un país que envejece de manera acelerada.
Sin embargo, ese consenso político se vio interrumpido cuando el gobierno del ex presidente Gabriel Boric ingresó un veto sustitutivo a comienzos de febrero, reabriendo la discusión sobre aspectos específicos de la norma y dejando en suspenso su promulgación.
El veto no cuestionaba la totalidad del proyecto, pero sí apuntaba a uno de sus ejes más sensibles: las disposiciones vinculadas al trabajo de las personas mayores. Ese movimiento alteró el equilibrio alcanzado durante la tramitación legislativa y volvió a instalar diferencias que, hasta ese momento, parecían resueltas. En la práctica, una ley que contaba con amplio respaldo político quedó detenida en una etapa final, evidenciando que el consenso era más frágil de lo que mostraba la votación.
El giro del Ejecutivo y el fin del bloqueo
El escenario cambió con la llegada del nuevo gobierno. El presidente José Antonio Kast decidió retirar el veto ingresado por la administración anterior, una decisión que permite retomar los pasos finales para la promulgación de la ley y que, al mismo tiempo, marca una diferencia política respecto del enfoque previo. Con esta medida, el Ejecutivo opta por restituir el texto aprobado por el Congreso, validando el acuerdo alcanzado durante la tramitación.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que el objetivo es acelerar la entrada en vigencia de una normativa largamente esperada por organizaciones sociales y por el propio sistema público.
“Estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto”, afirmó, subrayando el carácter político de la decisión. En la misma línea, agregó que la ley representa un cambio relevante en la forma en que el Estado entiende el envejecimiento, al reconocer a las personas mayores como actores con autonomía y capacidad de decisión dentro de la sociedad.
El núcleo del conflicto: empleo y condiciones laborales
El principal punto de controversia durante la tramitación se concentró en las normas relacionadas con el trabajo de las personas mayores, un tema que expuso visiones distintas sobre cómo compatibilizar derechos, protección social y participación laboral.
El veto presentado por la administración de Gabriel Boric buscaba modificar disposiciones que incorporaban modalidades laborales flexibles, bajo el argumento de que podían generar condiciones de precarización o establecer un trato diferenciado en perjuicio de este grupo.
Artículos clave y puntos de tensión
| Artículo / Materia | Contenido | Diferencias en debate |
|---|---|---|
| Artículo 15 | Derecho a trabajo digno sin discriminación por edad | Igualdad plena versus adaptaciones laborales específicas |
| Artículo 29 | Modalidades laborales flexibles para personas mayores | Inclusión laboral frente a riesgo de precarización |
| Contrato especial | Regulación específica en el Código del Trabajo | Debate sobre segmentación del mercado laboral |
| Abandono social | Procedimiento judicial para protección de personas dependientes | Dudas sobre implementación y capacidad institucional |
| Fortalecimiento SENAMA | Mayor rol del Estado en políticas de envejecimiento | Debate sobre alcance y ejecución |
Durante ese debate, autoridades del gobierno anterior sostuvieron que la ley no debía abrir espacios para formas de empleo con menores estándares de protección, especialmente considerando que las personas mayores ya enfrentan barreras estructurales en el mercado laboral. Esa preocupación se centró en la posibilidad de que la flexibilidad derivara en relaciones laborales menos estables o con menores garantías.
El actual Ejecutivo, sin embargo, adoptó una lectura distinta. Con el retiro del veto, decidió mantener esas disposiciones, argumentando que la flexibilidad puede ser una herramienta para facilitar la permanencia voluntaria en el mundo laboral, en condiciones acordes a la etapa de vida.
“El envejecimiento es parte del desarrollo del país y es nuestro deber garantizar oportunidades laborales dignas durante todo el ciclo de vida”, afirmó la ministra Wulf, reforzando la idea de que el trabajo también cumple un rol en la integración social y en la calidad de vida de las personas mayores.
Un consenso amplio, pero no exento de matices
En el Congreso, la ley fue respaldada por todos los sectores políticos, aunque durante su discusión surgieron matices respecto de su implementación. La senadora Ximena Órdenes destacó en su momento que el proyecto representaba un avance estructural al reconocer el envejecimiento como una dimensión central del desarrollo del país, señalando que se trataba de una oportunidad para modernizar la institucionalidad.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán advirtió que el desafío estaba en lograr un equilibrio adecuado entre protección y oportunidades, evitando que las normas pudieran derivar en efectos no deseados en el mercado laboral. Estas posiciones reflejan que, si bien existía acuerdo en el diagnóstico, persistían diferencias sobre los instrumentos más adecuados para abordar el envejecimiento desde las políticas públicas.
La mirada de las organizaciones y la urgencia social
Las organizaciones de personas mayores han sido actores relevantes en la construcción de esta ley y han seguido de cerca su evolución. Para estos grupos, la normativa no solo representa un avance institucional, sino también una herramienta concreta para mejorar las condiciones de vida en la vejez.
Soledad Carvacho, presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, valoró el proyecto como un paso necesario para consolidar derechos ya reconocidos en el ámbito internacional. “Necesitamos una ley integral que le dé cuerpo a los derechos de las personas mayores. Esta ley define cada uno de esos derechos”, señaló, destacando su relevancia más allá del debate político.
Desde una perspectiva más territorial, Sara Ortega, dirigente de organizaciones de adultos mayores, enfatizó el impacto directo que la ley puede tener en la vida cotidiana. “Nos da más derechos y más herramientas. Nos permite avanzar hacia una vejez digna, activa y saludable”, afirmó, poniendo el foco en la dimensión práctica de la normativa.
Un país que envejece y una agenda en construcción
El avance de esta ley se produce en un contexto de transformación demográfica sostenida, donde el aumento de la población mayor de 60 años plantea nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas. En ese escenario, la normativa busca establecer un marco integral que combine derechos, institucionalidad y mecanismos de protección, alineándose con estándares internacionales en la materia.
Con el retiro del veto, el proyecto queda en condiciones de completar su tramitación final y avanzar hacia su promulgación. El foco ahora se desplaza hacia su implementación, una etapa que será clave para determinar el impacto real de la ley en ámbitos como el empleo, la participación social y los sistemas de cuidado.
La discusión que marcó su tramitación, sin embargo, deja instalada una pregunta que seguirá presente en la agenda pública: cómo equilibrar autonomía, protección y oportunidades en una sociedad que envejece rápidamente.
