Por: Manuel Baquedano M. Sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Fundador del Instituto de Ecología Política
Nuestro país ha comenzado el proceso de transición energética para pasar de una matriz eminentemente fósil (compuesta por carbón, gas y petróleo) a otra donde la energía proviene de fuentes renovables no convencionales como el sol, el viento, la geotermia, la micro hidroelectricidad y la biomasa, entre otras.
Es una tarea que emprendemos con al menos 20 años de atraso producto de la oposición al cambio por parte del sector eléctrico convencional que nos mantuvo sometidos a una matriz cuya actividad era cara, sucia y que conllevaba la creación de múltiples zonas de sacrificio social y ecológico. Si a esta situación le agregamos la lucha internacional contra el cambio climático -cuya principal meta es la reducción de las emisiones generadas por la quema de energía fósil- nos daremos cuenta que este proceso de tránsito a las energías renovables es irreversible.
Pero esta irreversibilidad del proceso, cuyo punto de inflexión se produjo sólo hace algunos pocos años atrás, no significa que la ciudadanía otorgue una licencia social indefinida a proyectos que serían buenos y beneficiosos por el sólo hecho de basarse en fuentes de energía renovables. No bastará con presentar una simple declaración ambiental para que los propietarios de proyectos renovables logren su aprobación por parte de las autoridades y obtengan la aceptación de la comunidad en general.
Los inéditos, lamentables y repudiables hechos ocurridos este mes en el Alto Bío Bío, donde una mini central hidroeléctrica de un megawatt fue quemada e inutilizada y la posterior reacción del dueño que anunció el término definitivo del emprendimiento, dan cuenta de la desaparición de la licencia social casi automática que ostentaban estos proyectos.
La política de desarrollo de las energías renovables en general no ha sido inclusiva y allí radica su talón de Aquiles. No ha incorporado a todos sectores de la sociedad y los ciudadanos podrían sentir que el nuevo modelo de desarrollo energético no los considera e incorpora.
Hemos seguido un camino de constante exclusión de la ciudadanía totalmente distinto a lo ocurrido en la mayoría de los países donde este tipo de recurso energético se ha desarrollado. De los 2 gigawatts solares instalados en Chile en los últimos diez años, el 99,6 por ciento ha sido realizado por la industria eléctrica solar y su destino principal ha sido la industria minera y tan sólo el 0,4 por ciento ha sido llevado adelante por emprendimientos ciudadanos, incluida en esta cifra la iniciativa gubernamental de los techos solares.
Claramente la transición energética en Chile está teniendo lugar sin el actor ciudadano. En otros lugares como en Alemania los proyectos ciudadanos de energía renovables sobrepasan el 40 por ciento de la matriz energética. Tanto es así que las últimas directivas de la Unión Europea consagran una importancia primordial al rol de la ciudadanía en el desarrollo de la transición.
Esta situación en nuestro país podría cambiar si se acogen las reformas a la Ley 20.571 (de Generación Distribuida) que impulsa el Ministerio de Energía, los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil y que se centra directamente en la generación domiciliaria de energía en cuatro millones de hogares y pequeños emprendimientos.
Dos medidas podrían provocar una verdadera revolución en el sector. En primer lugar, el aumento del tamaño de las instalaciones beneficiadas con esta ley que ahora es de 100 kw/h y que podría aumentar a 300 kw/h o más permitiendo el desarrollo de una variedad de nuevas aplicaciones al incorporar el autoconsumo eléctrico en talleres, pequeños comercios e industrias.
La otra medida que podría beneficiar potencialmente a una gran cantidad de personas es lo que denominamos “Net Metering Virtual” que ha sido impulsada por el Instituto de Ecología Política como resultado del exitoso funcionamiento de la primera planta solar comunitaria existente en el país (Buin I) y que ha encontrado una favorable acogida entre las autoridades gubernamentales y parlamentarias.
La principal innovación de esta indicación a la ley es que introduce la posibilidad de asociarse en iniciativas colectivas de usuarios finales de electricidad para producir y gestionar energía renovable necesaria para el autoconsumo de los hogares. Esta figura implica que la energía podría producirse en lugares distintos al domicilio donde se encuentra el consumo siempre y cuando la instalación esté en la misma área donde funciona la distribuidora eléctrica para poder habilitar, de forma virtual, el descuento en la boleta. Por ejemplo, si los dueños de departamentos de un edificio se juntan para tener una planta solar que satisfaga la necesidad de electricidad de todos ellos, la podrían construir en un lugar propicio con abundante radiación solar, en una zona rural. En este caso, la distribuidora eléctrica tendría la obligación de descontar la energía producida por la plata solar de la cuenta eléctrica que cada propietario de departamento recibe mensualmente.
Hoy por hoy, nuestro país ha terminado prácticamente de abastecer con electricidad a todos sus habitantes ya que el suministro eléctrico alcanza el 99 por ciento del territorio. Lo que corresponde ahora es democratizar su uso y su accesibilidad económica para combatir la pobreza energética y eso sólo se consigue distribuyéndola mejor y en forma económica y descentralizada, permitiendo que cada hogar pueda producir lo que consume.
En simultáneo y para finalizar, debemos tener en cuenta que, aunque cumpliéramos esta meta de tener el cien por ciento de nuestra matriz con energía renovable, lo más importante será haber cambiado los hábitos de uso de la energía pues los sistemas energéticos renovables no son intensivos y requieren otras formas de vida más simples, con menos consumo, más en sintonía con la naturaleza.
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