Por: María de la Paz Irarrázabal, Country Manager de Manuia
En un país donde muchas veces las industrias operan como bloques aislados y las políticas públicas enfrentan ciclos de corto plazo, la sostenibilidad requiere de algo más profundo que compromisos voluntarios: necesita colaboración real, visión compartida y un manejo inteligente del dinero. En Chile estamos viendo cambios interesantes al respecto.
La industria financiera local está entendiendo este poder transformador colectivo y se está sentando a la mesa. Y es que cuando hablamos de sostenibilidad, usualmente pensamos en paneles solares, reciclaje, biodiversidad, eficiencia energética. Todo eso está muy bien, pero detrás de cada proyecto sostenible hay un hilo menos visible pero decisivo: el financiamiento. ¿Quién pone los recursos monetarios? ¿En qué condiciones? ¿Con qué visión de riesgo?
Es por eso que el rol de la banca y de los inversionistas institucionales no es menor: pueden acelerar la transición hacia modelos más resilientes y regenerativos, o bien seguir analizando los riesgos y oportunidades bajo la misma lupa de siempre.
Lo potente es que en Chile ya existen ejemplos concretos de colaboración público-privada en esta dirección. La Estrategia financiera frente al cambio climático (EFCC) fue una de las primeras señales claras: una hoja de ruta donde reguladores, ministerios y actores del sector financiero y sector privado comenzaron a hablar el mismo lenguaje.
Luego vino la Taxonomía Verde, lanzada este año, elaborada en conjunto por el Ministerio de Hacienda, la CMF, el Banco Central y -algo clave- el sector financiero, junto a expertos temáticos del sector privado que se sentaron en la mesa desde el día uno para construir criterios comunes, aplicables y útiles, definiendo qué actividades son consideradas como verdes y cuáles no.
Estos esfuerzos no son aislados. Desde hace varios años existe una mesa público-privada de Finanzas Verdes, donde participan activamente bancos, reguladores, aseguradoras y organismos multilaterales a profundizar, aprender y co-crear en torno al objetivo común de ayudar conjuntamente e incentivar a descarbonizar las empresas financiadas, instancia liderada por el Ministerio de Hacienda.
En dicho ministerio se ha conformado y facilitado también la Mesa de Capital Natural, que busca integrar el valor de los ecosistemas en las decisiones económicas y financieras, un paso clave para evitar externalidades invisibles y entender desde el sector privado los riesgos y el valor derivados de la dependencia de la naturaleza.
Otro hito reciente al que vale la pena poner atención ocurrió en mayo de este año, donde empresas y organizaciones del sector privado -congregadas por Pacto Global, las Naciones Unidas y Ministerios de Medio Ambiente y Economía-, se reunieron en torno a una conversación multisectorial para reflexionar colectivamente sobre la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de Chile, de cara a la COP30 en Brasil.
Lo más destacable fue que se escuchó activamente y dándole mucha prioridad a la voz del sector privado, con participación transversal de todas las industrias del mercado chileno aportando desde la experiencia concreta y la ambición compartida.
Otro ejemplo destacable en Chile fue el Evento de Finanzas Sostenibles para el Cono Sur y Perú, realizado el pasado mes con miembros de la banca y participantes de 23 países de la región, en donde en Chile recibimos a los actores más relevantes del sector público y privado de la región en la casa de 3 distintos bancos comprometidos con la descarbonización, instancia en la cual se debatió sobre cómo aumentar la colaboración regional e impulsar las finanzas sostenibles en Latinoamérica.
¿Qué tienen en común todos estos procesos? La convicción de que nadie puede avanzar solo. Que ni el Estado tiene todas las respuestas, ni el mercado todas las soluciones. Que para escalar prácticas sostenibles, necesitamos reglas claras, información confiable y, sobre todo, confianza y mucha interacción y colaboración entre e intra distintos sectores. El concepto de coopetition en todo su ser.
Chile tiene además una ventaja no menor: una comunidad financiera técnica, sofisticada y cada vez más activa en estas conversaciones. Desde asociaciones gremiales que impulsan capacitaciones y compromisos climáticos, hasta actores individuales que están midiendo y gestionando emisiones en carteras, integrando criterios sostenibles en decisiones de crédito o desarrollando productos innovadores como bonos verdes, azules, vinculados a sostenibilidad, etc.
Pero este impulso no puede quedarse en el sector financiero y debe crecer en muchos otros sectores, donde ya hay muestras en la industria de consumo masivo, forestal, retail, logística, construcción, etc. por ejemplo, en torno a la ley REP y otros desafíos comunes por sector.
En este camino, la colaboración en torno a las metas de sostenibilidad no es solo un diferencial reputacional hacia los grupos de interés: es una nueva forma de operar, donde la colaboración es una condición para prosperar.
La alocación del dinero tiene poder, y cuando ese poder se alinea con una visión de futuro compartida, puede convertirse en una de las herramientas más efectivas para transformar nuestro modelo de desarrollo. Hoy en Chile, hay señales claras de que eso ya está ocurriendo.
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