El Ejecutivo ingresó con suma urgencia el proyecto que eleva el ingreso mínimo a $546.546 desde mayo, ajustado al IPC. La medida busca sostener el poder adquisitivo sin afectar el empleo formal, en un mercado laboral aún debilitado
El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo en $7.546, equivalente a un alza de 1,4%, llevando el ingreso base desde $539.000 a $546.546 a partir de mayo de 2026. La iniciativa se fundamenta en la variación del IPC acumulado entre enero y marzo, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar distorsiones en el empleo formal.
La propuesta se presenta en un momento en que el mercado laboral mantiene señales de fragilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo alcanzó 8,9% en el trimestre enero-marzo, acumulando más de tres años sobre el 8%, mientras se observa una expansión sostenida del empleo informal y menor dinamismo en nuevas contrataciones.
Reajuste acotado tras negociación fallida
El monto propuesto quedó por debajo de las expectativas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que aspiraba a un ingreso mínimo cercano a los $637.000, ya que el Ejecutivo evaluó un alza mayor, alineada con la inflación proyectada, pero tras no lograr acuerdo, optó por un incremento inmediato acotado y postergar ajustes adicionales para 2027, configurando un nuevo eje de tensión entre Gobierno y sindicatos.
Desde el Gobierno sostienen que la medida “busca conciliar la protección del poder adquisitivo con la preservación del empleo formal”, poniendo énfasis en evitar impactos negativos en la contratación. Esta definición responde a la necesidad de resguardar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas frente al aumento de costos laborales.
Indexación al IPC y señal de mediano plazo
El proyecto incorpora un mecanismo de reajuste automático a partir de enero de 2027, donde el salario mínimo se actualizará según la variación del IPC. Este diseño apunta a dar mayor previsibilidad a la política salarial y reducir la incertidumbre en futuras negociaciones, en un escenario económico marcado por ajustes fiscales y bajo crecimiento.
Además, la iniciativa incluye cambios en la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar, ampliando su alcance más allá del salario base. También establece nuevos montos para grupos específicos, como trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años, cuyo ingreso mínimo subiría a $407.711, incorporando criterios diferenciados por edad.
Presión estructural y debate legislativo
A nivel regional, el salario mínimo se mantiene entre los más altos de América Latina, aunque permanece por debajo de los estándares promedio de la OCDE, lo que evidencia una brecha estructural entre ingresos y productividad. Este punto se vuelve clave en un escenario donde el crecimiento económico enfrenta restricciones y el costo de vida sigue presionando a los hogares.
El ingreso del proyecto abre una discusión de fondo en el Congreso, donde no solo se evaluará el monto del reajuste, sino también el diseño de una política salarial sostenible. La combinación entre indexación al IPC, gradualidad en los aumentos y foco en empleo formal será determinante para el rumbo de la iniciativa.
