La Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) presentó el Semáforo del Cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad, herramienta destinada a evaluar el grado de implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y ofrecer una lectura clara del avance institucional. La metodología divide los resultados en verde, amarillo y rojo, generando un diagnóstico anual sobre el estado de los derechos.
Déficits en capacidad jurídica, género y accesibilidad
El informe establece que varios artículos mantienen brechas significativas. El Artículo 6, referido a los derechos de mujeres con discapacidad, fue clasificado en rojo, lo que indica ausencia de políticas nacionales y predominio de acciones fragmentadas.
Junto con ello, el Artículo 12, relativo al reconocimiento como persona ante la ley, recibió también calificación roja ante la persistencia del régimen de interdicción que restringe la capacidad jurídica.
En paralelo, el Artículo 7, vinculado a niñas y niños con discapacidad, obtuvo calificación amarilla debido a la cobertura limitada de programas existentes. Similar situación muestra el Artículo 9, sobre accesibilidad, que si bien registra avances, evidencia la necesidad de estrategias efectivas que garanticen accesibilidad universal.
Garantías vigentes y llamado a fortalecer políticas públicas
Como avance relevante, el Artículo 10, que protege el derecho a la vida, fue valorado en verde gracias a un marco jurídico consolidado. Sin embargo, la Fundación plantea que estos progresos deben sostenerse y ampliarse.
Matías Poblete, presidente de la FCHD, explicó que “el semáforo no solo servirá como un informe de situación, sino también como un llamado a la acción. Se propone que esta herramienta sea utilizada por organizaciones, autoridades y la sociedad civil para impulsar cambios reales y efectivos que permitan avanzar hacia el respeto y cumplimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad en Chile”.
Poblete agregó que “instamos a todos los actores sociales a utilizar el Semáforo como un recurso para promover el diálogo y la colaboración en la creación de políticas más integradoras y efectivas. La Fundación está comprometida en liderar este proceso junto con las diferentes partes interesadas para asegurar que ningún derecho quede sin cumplir”.
