Por: Richard Andrade Canibilo. Director de Poderyliderazgo.cl
Durante la reciente jornada dominical, Ciper Chile remeció al país dando a conocer detalles de la investigación denominada “Pandora Papers”, al dar cuenta de cómo la familia Piñera Morel concretó la venta del controversial proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, “donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto”. Hecho que en la práctica ocurrió con la aprobación del proyecto durante el segundo mandato de Piñera
Es decir, una vez más el Presidente de la República es noticia por sus negocios… esta investigación periodística constató que la máxima autoridad chilena no tiene límites a la hora de aumentar de su fortuna y que el fin justifica los medios cuando se trata de negocios.
Lo que hemos conocido, tras una investigación periodística que involucró a 150 medios de comunicación y un centenar de periodistas de diversos países, es una sofisticada maraña empresarial, donde se compran y se revenden acciones de empresas ligadas a grupos económicos comunes. Las ventas se concretan en paraísos fiscales, fuera del territorio nacional, lo que hace imposible la recaudación de impuestos derivados de la compraventa.
El comprador de Dominga es nada más y nada menos de Carlos Délano… sí, el mismo que fue condenado a clases de ética tras el caso Penta y conocido amigo de infancia del jefe de Estado.
Estamos hablando de un negocio al filo de legalidad y carente de toda ética, donde está relacionado directa e indirectamente el Presidente de Chile, lo que es un acto impresentable, y por el cual Sebastián Piñera debe dar cuenta al país, pues tras este lucrativo negocio de la familia Piñera Morel se están evadiendo impuestos, es decir recursos para el erario nacional que por estos días resultan esenciales para hacer frente a las múltiples demandas de los chilenos.
Un comunicado de prensa, donde se hace gala del fideicomiso ciego que posee el mandatario respecto de sus negocios en el territorio nacional, es inaceptable, una burla a la inteligencia de los chilenos.
Sebastián Piñera Echeñique, en su calidad de presidente de la República, tiene por mandato constitucional el velar por los intereses del país y todos los chilenos… al parecer esto poco y nada importó para que en su gobierno se aprobara el controversial proyecto Dominga, el cual es un atentado contra el ecosistema y el medio ambiente nacional. Mal que mal se debía cobrar la última cuota de la venta y, lo más importante, evitar compensaciones en favor de su amigo Délano.
Hoy Sebastián Piñera debe responder a los chilenos, y lo debe hacer en el marco de la legislación vigente, esto es a través de una acusación constitucional… es de esperar que los parlamentarios hagan su pega y eleven dicha acción a la brevedad, pues lo que nos ha informado Ciper Chile no puede ni debe seguir sucediendo en el país.
En la retina de los chilenos y la justicia aún están el caso del Banco de Talca, las coimas de Lan Chile (hoy Latam) a autoridades argentinas; su vinculación con el caso Cascada de acuerdo a los señalado por Patricio Phillips; los bullados casos Penta y SQM con boletas ideológicamente falsas; la “autodonación” que realizó a Renovación Nacional; y sus implicancias en el caso Corpesa, son solo algunas de las acciones donde el Presidente se ha visto involucrado en esta mezcla de negocios y política.
Basta de negocios al filo de ley, no más tráfico de influencias y, lo más importante, no permitamos seguir degradando al máximo a la principal autoridad del país.
