Una denuncia ante el Ministerio Público presentaron los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, con el objetivo de que se investiguen eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos vinculados a millonarios pagos realizados por el proyecto minero-portuario Dominga.
La acción se origina a partir de un reportaje del medio Reportea, que reveló transferencias superiores a $250 millones a abogados hoy formalizados en la denominada arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Hermosilla.
Según la investigación periodística, los pagos se realizaron durante el mismo período en que se resolvía judicialmente el futuro del proyecto Dominga, sin que exista una justificación clara respecto de los servicios prestados por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.
Destacar que ambos profesionales se encuentran formalizados en causas vinculadas a presuntos pagos irregulares a jueces, lo que, a juicio de los parlamentarios, configura un escenario que amerita una indagatoria penal urgente.
Pagos, fallos judiciales y cuestionamientos institucionales
El reportaje también consigna transferencias posteriores desde los abogados hacia la esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, por un monto cercano a los 18 millones de pesos. Estos movimientos ocurrieron en el mismo período en que el magistrado emitió un fallo favorable a la minera, lo que para los denunciantes plantea un cuadro de especial gravedad institucional.
En un punto de prensa, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “esto es gravísimo: 250 millones de pesos traspasados desde Dominga a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas sin una justificación clara. Luego aparecen pagos de estos abogados a la esposa del juez Jean Pierre Matus y, posteriormente, un fallo favorable a Dominga”, agregando que la reiteración de nombres vinculados al Caso Hermosilla refuerza la necesidad de esclarecer los hechos.
En esa línea, Manouchehri precisó que la denuncia busca activar tanto a la Fiscalía como a los órganos disciplinarios del Poder Judicial. “Estos mismos abogados están formalizados por pagar coimas a jueces. Esperamos que la Corte Suprema abra un sumario contra el ministro Matus, porque el patrón que observamos es similar al de otros casos ya conocidos”, indicó, vinculando estos antecedentes con distintas aristas del denominado Caso Hermosilla.
Denuncia penal y exigencia de transparencia
La diputada y senadora electa Daniella Cicardini sostuvo que los antecedentes conocidos amplían el alcance de la crisis institucional, señalando que “cuando creíamos que el caso Hermosilla ya nos había sorprendido, aparecen nuevamente los mismos nombres, los mismos abogados y los mismos vínculos”, lo que a su juicio hace indispensable una investigación profunda por parte del Ministerio Público.
Cicardini agregó que el impacto no se limita a un proyecto específico, sino que afecta la credibilidad del sistema. “Cuando existen fallos multimillonarios y un proyecto tan cuestionado como Dominga, se requiere absoluta claridad y transparencia. La ciudadanía necesita saber si las decisiones judiciales se adoptaron en igualdad de condiciones”, afirmó.
Desde el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello enfatizó la dimensión territorial y ambiental del caso, señalando que para las comunidades de la Región de Coquimbo los antecedentes generan preocupación adicional, enfatizando que “Chile necesita estándares claros de transparencia y probidad, especialmente cuando se trata de proyectos que impactan ecosistemas sensibles como el Archipiélago de Humboldt”.
Asimismo, Tello recalcó que la denuncia apunta a resguardar la igualdad ante la ley, indicando que “no podemos permitir que el poder económico y la corrupción permeen al Poder Judicial. La justicia debe operar sin privilegios, y por eso es clave que estos hechos se investiguen a fondo”.
La denuncia presentada ante la Fiscalía busca determinar responsabilidades penales y despejar eventuales conflictos de interés, en un contexto donde el Caso Hermosilla ha reabierto el debate sobre probidad, transparencia y control institucional en Chile.
