Ante una consulta realizada por la parlamentaria, dada la compleja situación que enfrentaban trabajadores del transporte de municipios a lo largo del país, el órgano indicó como procedente además el pago por parte de JUNJI e Integra
La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, valoró el reciente dictamen emitido por la Contraloría General de la República, en respuesta a su solicitud, y a través del cual declara como procedente que las municipalidades, así como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) e Integra, paguen los servicios de transporte escolar contratados en las comunas, pese a que ellos no han podido prestarse debido a las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia originada por el COVID-19.
Tras una serie de oficios enviados por la parlamentaria al órgano contralor pidiendo su pronunciamiento al respecto, que derivó en una primera respuesta positiva para los transportistas ligados al municipio de Chimbarongo, la consulta se expandió a otros grupos de trabajadores de las comunas de Rengo, Requínoa, Chépica, Peralillo, Marchigüe, Lolol, Santa Cruz, Pichilemu, San Vicente, Peumo, La Cabras, San Fernando, Pumanque, Olivar, Rancagua, Graneros, Yungay, Ñuble, Teno, Sagrada Familia, Cauquenes, Cholchol, Lanco, Valdivia, Puerto Montt, Retiro, Linares y Panguipulli, quienes con la respuesta positiva de este dictamen, ven hoy una pequeña luz de esperanza en medio de la compleja situación que les ha tocado vivir en medio de la pandemia.
Al respecto, Sepúlveda valoró que “después de varios oficios de fiscalización que enviamos a la Contraloría General de la República en términos de un pronunciamiento para el pago de los transportistas escolares desde las Municipalidades del país, como también de Junji e Integra, este dictamen salió positivo para los transportistas y esperamos que las municipalidades, así como Junji e Integra, paguen lo antes posible ya que existen contratos vigentes y además, la responsabilidad de la situación de la pandemia y de que los niños y niñas no puedan ir a clases no es responsabilidad de los transportistas, y no se les puede castigar a ellos”.
“Ellos como trabajadores tienen deudas pendientes, están en una situación bastante compleja. Es por eso que estamos solicitando que lo antes posible este dictamen de Contraloría ejerza su efecto en estas instituciones y los transportistas escolares puedan recibir sus remuneraciones o la ejecución de sus contratos”.
Finalmente, la diputada por la región de O´Higgins agradeció a la Contraloría, resaltando que “por entender cuál es la situación hoy día que se está dando, fundamentalmente en este sector que es tan sensible y tan importante”.
