Por: Loreto Ferrari. Rectora AIEP
Al analizar las urgencias legislativas actuales surgen muchas dudas acerca de las prioridades del gobierno en educación, más allá de los aspectos ideológicos o financieros.
Se evidencia ceguera respecto del real problema que enfrenta el país en materia de aprendizajes: los resultados estudios internacionales como PISA muestran que los niveles de comprensión lectora, matemáticas y ciencias nuestros estudiantes están por debajo de los promedios de la OCDE y que existe una gran brecha entre los resultados de la educación pública y privada.
Nos encontramos entonces con que, gracias a un cambio en el sistema de selección a la educación superior universitaria, se enarbolan banderas festejando el aumento de puntajes nacionales y el mayor número de estudiantes habilitados para postular a una universidad.
Este porcentaje ha pasado de un 60% de quienes rendían la PSU a una cifra que ronda el 80% de quienes rinden la PAES.
Pese a ello, ¿están mejor preparados los estudiantes para la educación superior? No. ¿Se acortaron las brechas? No.
Las diferencias de desempeño entre colegios particulares pagados, subvencionados y públicos se siguen manteniendo inalterables en los últimos diez años, incluso modificando la PSU a la PAES, que vendría a solucionar ese problema.
¿Qué pasa con la evolución de los resultados de Chile en las pruebas PISA? ¿Mejora? No. Los resultados muestran un estancamiento en el rendimiento educativo de Chile en las últimas décadas, con una tendencia a la baja en comprensión lectora y matemáticas.
Qué ocurre, por otro lado, con quienes dejaron la educación en pandemia y hoy son adultos. ¿Existe desde el Estado un plan para que reingresen a la educación? No. Tampoco se ven vías de equilibrar conocimientos para obtener la licencia de enseñanza media, un habilitante para acceder a buena parte del mundo laboral.
En la educación superior, las prioridades están en los flujos de dinero. Y es entendible, porque el nivel de incertidumbre es alto respecto de cambios que pueden resultar en la inviabilidad de un proyecto educativo.
Entonces, buena parte de la inteligencia y el esfuerzo institucional se destina a diseñar soluciones para distintos escenarios financieros producto de las políticas públicas en discusión, y a cómo conciliar estos escenarios inciertos con planes estratégicos de mediano plazo.
Variables como copago, fijación de vacantes y crecimiento, aranceles, inclusión del segmento online están en discusión, y la combinatoria de posibles resultados es infinita. Se quiere cumplir con una promesa de campaña de eliminar el CAE, solo para hacer un ticket en el check list, sin pensar en la viabilidad del sistema, donde en la actualidad 28 IES están en riesgo (datos de la Superintendencia de Educación Superior a diciembre de 2024).
Esta situación de incertidumbre, las demandas crecientes del regulador combinadas con la reducción de alternativas de obtener financiamiento por control de vacantes y aranceles y la compleja situación de varias instituciones hace que, cual sea la iniciativa que se proponga, invariablemente se termina hablando de cómo ésta se va a reflejar en los aranceles y cómo afectará la sustentabilidad de las IES.
La discusión, entonces, se reduce siempre a plata. Las instituciones buscan asegurarse de sustentar sus proyectos educativos, en tanto que el regulador que, en teoría, trabaja para mejorar la calidad de la educación e igualar la cancha, busca aumentar cada vez más el control sobre la educación a través del financiamiento.
Si seguimos así, es difícil que podamos colocar los focos donde corresponde, y que por fin hablemos de educación y no solo de financiamiento.
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