La última Agenda Criteria muestra un duro juicio ciudadano al uso de esta herramienta política, justo cuando el Gobierno mantiene su aprobación en 39% y la Ley de Reconstrucción sigue dividendo percepciones
La última Agenda Criteria dejó una señal incómoda para el Congreso: las acusaciones constitucionales generan atención, pero no necesariamente legitimidad. Según el estudio, 71% de los encuestados cree que estas acciones llaman la atención, pero no resuelven los problemas de fondo, una cifra que instala una advertencia política más amplia que el caso puntual del exministro de Hacienda Nicolás Grau.
El dato aparece en medio de una discusión parlamentaria marcada por la acusación contra Grau, donde la opinión pública no se ordena con claridad. Un 32% declara estar de acuerdo con la presentación, 27% está en desacuerdo y un amplio 41% no tiene una postura clara.
La derecha la respalda mayoritariamente con 49%, mientras la izquierda la rechaza con 57% y entre quienes no se identifican con ningún sector domina la indefinición, con 60%.
El Congreso queda bajo examen
La señal más fuerte de Criteria no está solo en la acusación contra Nicolás Grau, sino en la percepción ciudadana sobre el uso reiterado de este mecanismo. Un 62% sostiene que las acusaciones constitucionales desvían al Congreso de los temas verdaderamente importantes y 45% cree que suelen presentarse sin fundamentos sólidos.
| Señal ciudadana | Resultado Criteria | Lectura política |
|---|---|---|
| Llaman la atención, pero no resuelven problemas de fondo | 71% | La herramienta consigue visibilidad, pero pierde eficacia percibida. |
| Desvían al Congreso de temas importantes | 62% | La ciudadanía ve una agenda legislativa capturada por disputas políticas. |
| Suelen presentarse sin fundamentos sólidos | 45% | Crece la sospecha sobre la consistencia de estas acciones. |
La lectura es directa: el Congreso puede seguir usando la acusación constitucional como herramienta institucional, pero Criteria muestra que una parte mayoritaria de la ciudadanía ya no la mira solo como control político. También la asocia a ruido, disputa y baja capacidad para resolver problemas concretos.
Kast resiste, pero no despega
La advertencia al Congreso llega mientras el Gobierno de José Antonio Kast mantiene una estabilidad sin mayor impulso. La aprobación presidencial se ubicó nuevamente en 39%, por tercera semana consecutiva, mientras la desaprobación llegó a 51%. No hay caída abrupta, pero tampoco recuperación.
Criteria también muestra que la aprobación móvil de las últimas cuatro semanas se sitúa en 39%, seis puntos menos que el 45% registrado durante las primeras cuatro semanas de Gobierno. Esa comparación revela una administración que conserva una base política, pero con menor fuerza que en su arranque.
| Indicador político | Resultado Criteria | Qué muestra |
|---|---|---|
| Aprobación presidencial | 39% | Kast estabiliza su base, pero sin rebote. |
| Desaprobación presidencial | 51% | La mirada crítica sigue siendo mayoría. |
| Aprobación móvil últimas 4 semanas | 39% | Está seis puntos bajo el inicio del Gobierno. |
La Reconstrucción sigue atrapada en la duda
El cuadro se completa con la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, una de las apuestas centrales del Ejecutivo. Un 40% cree que sus efectos serán más bien positivos para el país, mientras 36% los considera negativos y 24% no tiene una opinión clara.
El problema político está en la percepción sobre sus beneficiarios. 46% cree que la ley favorece principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos. En paralelo, quienes estiman que la iniciativa apunta a crear empleo llegan a 37%, con un alza por segunda semana consecutiva.
Ahí está una de las principales disputas para La Moneda. El Gobierno intenta instalar crecimiento, inversión y empleo. Sus críticos insisten en que el proyecto concentra beneficios. Y la encuesta muestra que la ciudadanía todavía no termina de cerrar esa discusión.
Menos ruido y más resultados
La Agenda Criteria no muestra un derrumbe del Gobierno ni una adhesión automática a la acusación contra Nicolás Grau. Lo que muestra es algo más profundo: una ciudadanía que parece cansarse de conflictos institucionales que generan titulares, pero no necesariamente respuestas.
Para el Congreso, el mensaje es especialmente duro. Las acusaciones constitucionales pueden movilizar a los sectores más politizados, pero no logran convencer de manera transversal a una opinión pública que sigue mirando empleo, seguridad, economía y gestión como prioridades más urgentes.
La pregunta que deja Criteria no es solo si una acusación avanza o fracasa. Es si la política está usando su energía en herramientas que la ciudadanía percibe como útiles. Por ahora, el dato de 71% marca un golpe claro: llamar la atención ya no basta.
